Improvisación en el Congreso de Quintana Roo

Necesariamente incómoda

Graciela Machuca
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Cada asunto vital para el desarrollo del estado, o sólo de trámite, que llega al Congreso del estado de Quintana Roo es una oportunidad más para demostrar que su presidente, el diputado Eduardo Martínez Arcila y sus colaboradores, lo que menos les importa en el bienestar de la sociedad quintanarroense, todo lo que tocan va, desgraciadamente, en perjuicio del pueblo de esta entidad.

Un ejemplo de esta improvisación y de su falta de capacidad para diseñar estrategias administrativas y políticas legislativas para hacer frente a los requerimientos del dinamismo del estado de Quintana Roo, es el caso del nombramiento del nuevo Fiscal General del Estado, pues, de la noche a la mañana, el Congreso emitió una convocatoria, sin revisar previamente las nuevas condiciones políticas y sociales de la entidad y tres días después tuvieron que dar marcha atrás, sin importarles que el Congreso, es una institución a la cual se le debe respeto y no se les puede someter a errores de quienes cobran como legisladores.

Se les olvidó que para que en los términos que se emitió esa convocatoria era inconstitucional y contravenía los momentos políticos de la entidad. Ahora tuvieron que empezar de cero, reformar primero la Constitución local, un escenario que a un profesional de la técnica legislativa no se le puede pasar por alto, ni en broma.

El Fiscal General del Estado tomó la determinación de renunciar a su cargo que el mismo Congreso le confirió luego de cumplir con los requisitos de ley. ¿Cuál es la causa principal por la que se fue el Fiscal Miguel Ángel Pech Cen? Sencillamente, el Congreso, dirigido por Martínez Arcila, no le quiso proporcionar los recursos presupuestario suficientes o mínimos para que cumpliera con su labor de procuración de justicia establecida en las constituciones federal y estatal, como en la ley orgánica respectiva.

Las funciones de la Fiscalía no pudieron llevarse a cabo como lo indica la ley, porque las y los diputados de Quintana Roo no quisieron dotar de recursos a la institución. Prueba de ello, son las deprimentes condiciones en que se encuentran las agencias del Ministerio Público y demás instalaciones en las que la Fiscalía da atención directa a la ciudadanía.

Se le negó a la Fiscalía el suficiente presupuesto para capacitación, equipo de cómputo y software especializados, el área de peritajes trabaja con tecnología obsoleta, los laboratorios, donde existen, se encuentran trabajando con serias deficiencias que ponen en entredicho la calidad de los resultados, los vehículos requieren mantenimiento urgente y el personal espera, desde hace mucho tiempo, un ajuste real a sus salarios.

Durante los últimos años, la criminalidad se incrementó drásticamente en Quintana Roo y por ende la Fiscalía General del Estado debió adecuarse a los requerimientos. A lo anterior hay que agregar que el cambio al nuevo sistema de justicia penal, también, por ley, le exige a la fiscalía mayores responsabilidades, pero para ello, la institución del Ministerio Público, necesita personal capacitado, equipo especializado, condiciones de movilidad para hacer frente al nuevo paradigma de justicia en México, pero en la experiencia de Martínez Arcilla, en su ámbito de capacidades no existen los elementos para dimensionar este y otros escenarios, por ello, se le hizo fácil dejar sin recursos suficientes a la Fiscalía por lo que zozobró, pero tampoco pudo identificar que sí una institución tan importante para la sociedad quintanarroense entra en crisis, entrará todo el estado y por ende la actividad turística que sostiene el desarrollo económico.

Pues como les venía contando, cuando Pech Cen presentó su renuncia al Congreso y ya se tenía al sustituto en la mira, se emitió la convocatoria respectiva, pero una vez más se le olvidó a Martínez Arcila que en la política, pero principalmente en la administración pública, hay reglas formales y de fondo y que a pesar de los acuerdos políticos, se debe respetar la ley. Carente de todo conocimiento al respecto Martínez Arcila ordenó que se emitiera una convocatoria que de llevarse a la práctica, hubiera metido en aprietos constitucionales al mismo Congreso, por lo que tuvieron que cancelarla y esperar el trámite de, nada más ni nada menos que, de una reforma constitucional.

El jalón de orejas que recibió Martínez Arcila por poner el riesgo el proyecto político de la Fiscalía fue tal que de inmediato tuvo que rectificar.

Las pruebas de esta aberración legal están en el comunicado del Congreso del Estado de fecha primero de octubre, en el cual se lee:

“En la sesión ordinaria número 10, se dio lectura al documento con fecha 26 de septiembre de 2018, mediante el cual Miguel Ángel Pech Cen, presenta su renuncia al cargo de Fiscal General del Estado de Quintana Roo”.

Más adelante, el documento explica que al actualizarse el supuesto de ausencia definitiva del Fiscal General, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 96, apartado A, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, “se emitió la convocatoria para iniciar el procedimiento de designación de nuevo Fiscal General”.

La convocatoria, señala que “las propuestas deberán cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 96 fracciones I a la VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”.

Estos son: ser ciudadano mexicano por nacimiento, haber nacido en el Estado o tener una residencia efectiva en él no menor de 5 años anteriores a la designación, tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación, ser licenciado en derecho con título y cédula debidamente registrados, con antigüedad mínima de 10 años anteriores a la designación, estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, tener modo honesto de vivir, y no haber sido condenado por delito doloso”.

Pero resulta que la persona llamada a ocupar dicho cargo y ya en funciones como encargado, simplemente no reunía, por lo menos uno o dos de esos requisitos.

La convocatoria habla que cada fracción parlamentaria puede enviar dos propuestas a la Comisión de Puntos Constitucionales, pero la ley solo permite diez propuestas y sí el Congreso de Quintana Roo tiene seis fracciones parlamentarias, el número de propuestas sería de 12 con lo que se estaría violando la ley.

La incapacidad de Martínez Arcilla y colaboradores motivó la llamada de atención y que otras personas le hicieran el trabajo para enmendar la plana.

En la sesión del día 3 de octubre, según otro comunicado de la oficina de Comunicación Social del Congreso, se dice que por unanimidad de las fracciones parlamentarias de la XV Legislatura, el Pleno del Congreso determinó dejar sin efectos la convocatoria emitida el 1 de octubre pasado relacionada con el procedimiento de designación de nuevo Fiscal General del Estado, ya que se atenderá una iniciativa de reforma a la Constitución local que busca ampliar el abanico de posibilidades para la elección de quien ocupe ese cargo.

“La naturaleza de la reforma es darle más amplitud de perfiles al Congreso. Abrir el abanico de posibilidades buscando quién puede tener el mejor perfil y que la residencia (que actualmente contempla la ley), no sea una limitante como no lo es en la Secretaría de Seguridad Pública o como tampoco ocurre en el estado de Yucatán, por citar un ejemplo. Se trata de ampliar los perfiles para buscar a la persona idónea”, sostiene la versión oficial emanada de una conferencia de prensa.

Pero antes, durante la sesión ordinaria número 11, se dio lectura a la iniciativa de decreto por el que se propone reformar los párrafos primero, segundo y cuarto del inciso a), del apartado A, y se propone derogar la fracción II, del artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por el diputado Jesús Zetina, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil.

Cada caso en que mete las manos Martínez Arcila, requiere una revisión técnica y política, porque sus decisiones están fundamentadas en ideas que nada tienen que ver con la transparencia y la rendición de cuentas.

un comentario

  1. HACER LEYES A MODO TAMPOCO BENEFICIA SINO A LOS QUE QUIEREN IMPONER SU VOLUNTAD Y LA LEY, EL INTERÉS PÚBLICO Y EL PUEBLO QUE SUFRE ASESINATOS, SECUESTROS., ROBOS Y ASALTOS MERECE ESO? QUE MODIFIQUEN UNA LEY PARA QUE SEA FISCAL EL QUE MANDA EN TURNO? Y LUEGO QUE FRACASE A QUIEN LE HECHARÁN LA CULPA? ALTURA DE MIRAS ES DE LO QUE CARECEN, SI NO SABEN NO SE METAN Y SI NO PUEDEN QUE RENUNCIEN. ES LO MENOS QUE MERECEMOS COMO SOCIEDAD.

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