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Marihuana a debate

Golpe de Mazo

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Una reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia a favor de cuatro ciudadanos a los que se les permitió, de manera simbólica pero legal, el consumo recreativo de marihuana, ha desatado un debate en torno a los beneficios y perjuicios a nivel social de una eventual legalización de esta droga.

Y es que mientras algunos abanderan la legalización basados en el argumento de que al hacer lícito todo el proceso de producción y venta, se abatiría en un buen porcentaje la delincuencia organizada y se disminuirían las ejecuciones entre cárteles, otros señalan que el impacto social sería catastrófico, ya que aumentaría de manera drástica el porcentaje de consumidores y de adictos.

En Quintana Roo el tema es de particular preocupación al ser uno de los estados líderes en consumo de marihuana en el país, según las estadísticas de organismos como el Centro de Integración Juvenil (CIJ).

La coordinadora de la región sur de los CIJ´s, Raquel Ortega Soto, que estuvo en Chetumal con motivo de la toma de protesta del patronato del Centro de Integración Juvenil de esta ciudad, dejó en claro que el problema de las adicciones, sobre todo en los jóvenes y adolescentes, ha crecido de manera constante en el sur del estado, lo que ya es preocupante.

Los datos duros no dejan lugar a dudas. En la Encuesta Nacional de Adicciones realizada en 2012 Quintana Roo se ubicó como el primer lugar nacional en adicciones en general, mientras que en el último reporte del CIJ nuestra entidad puntea en consumo de marihuana en pacientes de primer ingreso, con un promedio de 97.5%, muy por encima de la media nacional que fue de 87.4%.

Raquel Ortega se sumó a las voces en contra de la legalización de esta planta, al considerar que aunque se autorice sólo con fines médicos facilitará el acceso de los jóvenes a la sustancia, disparando la tasa de adictos.

El problema de las adicciones en el sur es cada día más grave, y se refleja no solo en el aumento de la delincuencia, pandillerismo e inseguridad, sino también en la insuficiencia de las instituciones de salud para atender las necesidades médicas y psicológicas de los adictos.

Con legalización o sin ella, las alarmas están encendidas y es tiempo de que el flagelo de las adicciones se convierta en un asunto prioritario para el sector Salud, organismo que deberá dirigir un esfuerzo conjunto con autoridades educativas y gubernamentales para lograr disminuir el consumo de sustancias adictivas.

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