A TIRO DE PIEDRA
Julián Santiesteban
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El ochenta por ciento de los reos en las cárceles de Quintana Roo permanecen sin sentencia, así que inocentes o culpables, más de mil personas pasan su vida en prisión sin conocer siquiera el tiempo que permanecerán en ellas; todo debido a “rezagos” en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) estatal, pero sobre todo a una evidente incapacidad que a nadie parece importar.
Pero esa negligencia ni siquiera es la más grave de las cometidas por incapacidad de los máximos impartidores de justicia en el estado, pues mientras tienen presas a personas sin sentencia, han liberado a criminales en activo por pifias denominadas “errores de procedimiento” por parte de los jueces de control para Adolescentes adscritos al Tribunal Unitario para Adolescentes, quienes liberaron a más de ochenta menores, muchos de ellos sentenciados por delitos como homicidios, violaciones, robos a mano armada e incluso por narcotráfico, por lo que ahora se pasean y delinquen con toda tranquilidad por las calles de la entidad; pero los magistrados viven como si nada ocurriera.
Por partes, la semana anterior fue el mismo secretario de Seguridad Pública del Estado, Juan Pedro Mercader Rodríguez, quien declaró a medios locales que el ochenta por ciento de los presos en la entidad permanecen encarcelados sin sentencia, ante lo cual señaló que buscarían un acercamiento con el TSJ para analizar medidas que agilicen la tarea, “para tratar de adelantar los tiempo en los juicios… y se busca tratar de reducir los tiempos para que se les dé la sentencia con la finalidad de que ellos puedan combatirla en caso de que les sea negativa o en caso de ser favorables puedan salir del centro penitenciario.”
Como se desprende de la declaración, las autoridades mantienen presas a personas cuya culpabilidad no ha sido comprobada, y aunque el rezago es histórico y no corresponde propiamente al tiempo de gestión de Fidel Villanueva Rivero al frente del Tribunal, queda claro que más allá de publicitarse ampliamente, nada es lo que ha avanzado la entidad en materia de justicia, debido a la incapacidad mostrada en el máximo tribunal estatal.
Y si se pusiere en duda la anterior afirmación, baste señalar que, también la semana anterior, medios nacionales difundieron que Quintana Roo se encuentra en el lugar número 22 –de 32 entidades- en lo que se refiere a la operación del nuevo sistema de justicia penal, de acuerdo al “Reporte de Hallazgos 2014 sobre los avances de la implementación y operación de la reforma penal en México”, elaborado por el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC).
El modelo fue aprobado en 2008 e instrumentado en la entidad el 10 de junio de 2014; por ello la medición del CIDAC a noviembre del mismo año pudiera parecer prematura, dado el poco tiempo de instrumentado el nuevo sistema de justicia penal, pero se señala únicamente como indicativo de la mala administración de justicia en la entidad, que sumado al terrible diagnóstico revelado por el secretario de Seguridad Pública, evidencian que lo único que no puede ocurrir a partir de ahora, es que no ocurra nada. Por cierto, de acuerdo al estudio del CIDAC y en una escala de 730 puntos, Quintana Roo obtuvo apenas 294.
Y si lo antes descrito no fuera suficiente para dimensionar la inexistencia de justicia en el tribunal de “injusticia”, aquí va otra irresponsabilidad cometida, que –esta sí- no sólo hace patente las enormes fallas en la impartición de justicia, sino que además pone en riesgo la integridad de los ciudadanos.
El miércoles 22 de mayo de 2014, los diputados integrantes de la XIV Legislatura aprobaron de manera unánime la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Quintana Roo, cuyo artículo 23, inciso XIII establece que los jueces de ejecución deben: “evaluar cada tres meses las medidas definitivas de internamiento, pudiendo ordenar su modificación por otra medida más benévola de la misma naturaleza.”
En publicaciones recientes se dejó en evidencia que debido a que esta medida no se cumplió, 80 menores fueron liberados mediante un amparo, a pesar de la probada culpabilidad de muchos de ellos en homicidios, violaciones, robos a mano armada e incluso por narcotráfico, quedando tan sólo en el centro de retención unos 15 adolescentes; pero lo grave no es quienes se quedan, sino los que salieron por el “descuido” de un juez, de esa magnitud es la laxitud de actuaciones. Porque si el problema es la normativa aprobada, pues también debieran haber analizado la situación antes de que los delincuentes fueran excarcelados, ¿no lo cree así?
Por supuesto, nadie en el Tribunal de “injusticia” ha dicho “esta boca es mía”, nadie se ha atrevido a reconocer el “errorcito”, pero a actores políticos ha llegado ya la preocupación, a grado tal que el mismo secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría, declaró “somos respetuosos del marco legal, no podemos dejar a delincuentes en las calles, pero tampoco tener presos a personas inocentes, y debido a los casos que se han presentado consideramos que es necesario atender el tema…”, se supone que el viernes 13 debió haber una reunión entre representantes del Poder Judicial, Procuraduría General de Justicia del Estado, policías estatales y municipales y el mismo secretario de Gobierno, para dimensionar la problemática y diseñar estrategias de solución. Hasta ahora nada se ha informado, pero los pendientes siguen ahí.
Por lo pronto, y mientras los rumores de autopromoción política del magistrado presidente, Fidel Villanueva Rivero, en el municipio de Cozumel se acrecientan, queda claro que si se acude a la instancia que aun preside para demandar justicia, lo más seguro es que nada se obtenga; pero eso sí, en los medios de comunicación locales hay una amplia campaña publicitaria –muy mala por cierto- sobre el nuevo sistema de justicia penal cuya frase central es “Yo si quiero…”, debiera tal vez agregarse “pero no puedo…” como remate; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.
