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Podredumbre en el Cereso

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Aunque desde noviembre del año pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puso el dedo en la llaga sobre las terribles condiciones que se viven en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal, desde entonces la situación del penal ha empeorado.

Apenas la semana pasada se realizó un operativo en el interior del penal con los resultados acostumbrados: encontraron drogas –principalmente marihuana–, cientos de litros de alcohol, armas hechizas, celulares y cigarros, entre otras sustancias y artículos supuestamente prohibidos.

Es un hecho que el Cereso de Chetumal se ha convertido en un jugoso negocio que controla una particular mafia que lo mismo involucra a directivos y custodios del penal, que a miembros del “autogobierno”, figura ilegal utilizada por las autoridades carcelarias para mantener un rígido control de los reos sin mancharse las manos.

En días recientes tanto familiares como internos del Cereso, hartos de la situación, filtraron a los medios de comunicación la indigna forma en que son tratados, ya que aunque el penal se mantiene con impuestos ciudadanos para cubrir la alimentación de los internos, estos reciben raciones minúsculas y a veces en mal estado para obligarlos a consumir en las “tiendas” y “restaurantes” que operan dentro del penal con precios inflados.

Dentro de la cárcel de Chetumal todo tiene un precio, desde las drogas y alcohol que se venden prácticamente en la cara de los custodios, hasta la renta de ventiladores, celdas de lujo y la clásica cuota de protección.

Nada de esto es nuevo, ya que desde finales de 2013 la CNDH dio a conocer una lista de irregularidades que incluyó el control de los internos en asuntos de seguridad, cobro de privilegios y violencia, falta de atención médica, corrupción de custodios, hacinamiento en las celdas, instalaciones indignas y discriminación, entre otras muchas deficiencias.

Dicho informe fue echado en saco roto por la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SSP) y hasta por la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo (Cdhqroo), que no han hecho un esfuerzo significativo por mejorar las condiciones de los internos, mucho menos para desmantelar la red de corrupción. Incluso, la Cdhqroo dejó de elaborar los reportes sobre el estado de estas cárceles.

A todo esto, las condiciones de las cárceles municipales son materia de intervención inmediata, sobre todo la de Cancún, convertida en un polvorín por sus condiciones de hacinamiento y control deficiente en extremo.

Sin embargo, aguardamos el estallido para lanzar los reflectores sobre estos penales, pero sin resolver la cuestión de fondo. Y el riesgo está latente y debe ser desactivado con acciones contundentes.

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