Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
Un compromiso con la rendición de cuentas y la transparencia que tienen quienes asumirán un cargo dentro de los 11 ayuntamientos que se renovarán en Quintana Roo, es exigir que las autoridades salientes entreguen las cuantas claras, pero además, que expliquen y justifiquen cada una de sus decisiones de gobierno, porque los números los pueden cuadrar, pero aún falta que se realice una evaluación estricta de las razones que tuvieron para tomar tal o cual decisión de gobierno.
Por ejemplo, los presidentes municipales salientes de Tulum y Felipe Carrillo Puerto, Víctor Mas Tah y José Esquivel Vargas, respectivamente, tiene la responsabilidad de explicar a sus respectivos representados el por qué no acataron la normatividad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Federación (Semarnat), para diseñar en tiempo y forma el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable, a pesar que gastaron varios millones de pesos para pagarle a las empresas que elaboraron los estudios.
Como sucedió en su momento con el caso de Tulum, durante los últimos días, la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, comunicó al presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto que la dependencia federal a su cargo no reconoce el PMOTEDUS, por lo que se iniciarán acciones administrativas y judiciales para impedir que ese documento entre en vigor.
De esta comunicación federal también le fue enviada copia al gobernador Carlos Joaquín González, por ser el responsable que dicho instrumento jurídico-administrativo haya sido publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo.
La entrada en vigor de este documento era esperada por diversos grupos de poder económico y político, para concretar negocios en perjuicio de los recursos naturales y desarrollo urbanístico de Felipe Carrillo Puerto, por lo que la dependencia federal tuvo que aclarar que si se autoriza algún permiso argumentando la entrada en vigor del instrumento se ejercerán acciones legales contra las personas responsables.
Hay que recordar que otro documento aprobado por el cabildo carrilloportense es el “Esquema Simplificado de Planeación del Desarrollo Urbano y de Centros de Servicios Rurales de la localidad de José María Pino Suárez” (ESPDUCSR), que consiste en un negocio inmobiliario de desarrollo turístico en un área de unas mil hectáreas, en las inmediaciones de una laguna, documento que tampoco fue avalado por la Semarnat por no estar apegado a la normatividad. El 2 de septiembre pasado, la Semarnat le notificó a José Esquivel Vargas que “NO RECONOCE al PMOTEDUS FCP ni al ESPDUCSR como instrumentos para la planificación territorial, por lo que no serán tomados en cuenta para la evaluación de manifestaciones de impacto ambiental, estudios técnicos justificativos de cambio de uso de suelo en terrenos forestales y estudios de riesgo, para la obtención de permisos y concesiones competencia de esta secretaría. Asimismo, se le informa que la Semarnat iniciará un procedimiento legal y jurídico para su invalidez”.
Con el oficio de referencia enviado por la Semarnat al munícipe saliente, se tienen evidencias, para que las nuevas autoridades municipales realicen las gestiones correspondientes para auditar el presupuesto que se utilizó para elaborar los citados documentos, porque se privilegiaron los intereses de las empresas inmobiliarias, en lugar del desarrollo y bienestar de la población.
En el oficio de la Semanart se establece que existen “graves faltas al debido proceso en materia de procedimiento para la formulación de ordenamiento ecológico local así como incongruencias técnicas y legales relevantes que propiciarán un deterioro ambiental inminente”.
Además, expone que los desarrollos inmobiliarios que se contemplan “afectan los ecosistemas costeros”, y que “se promueve el crecimiento de infraestructura urbana (…) causando la especulación del suelo a partir de los denominados nodos turísticos”.
“El PMOTEDUS presenta lineamientos, usos de suelo y criterios de regulación sobre temas de jurisdicción federal, como son: ciertos rubros de impacto ambiental y cambio de usos de suelo en terrenos forestales”.
“El PMOTEDUS y ESPDUCSR presentan una normativa que invade de forma implícita y explícita la competencia de Semarnat en materia de impacto ambiental”. Desde luego que José Esquivel Vargas tiene que rendir cuentas al respecto y ser llamado por los órganos de control, así como responder a la ciudadanía a la que dijo representar.
El problema es luego con los invasores, a ellos no les importa el uso de suelo o las descargas , el ecosistema o la planeación, asi que lo mejor es que se trabaje conforme a derecho, pero no frenar los planes de desarrollo urbano de estas zonas que tienen un alto indice de crecimiento.