En Quintana Roo: ¿quien la hace la paga?

AL MARGEN

Rubén Vizcaíno A.

La ratificación de Mario Aguilar Laguardia como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado exhibe la incompetencia bestial de los tres poderes de la entidad en materia legal. La Consejería Jurídica del Ejecutivo, La Dirección Jurídica del Congreso y el Poder Judicial en su conjunto, se convierten en cómplices de una aberración inaceptable.

Luego de 2 años de batalla legal, Mario Alberto Aguilar Laguardia se erige como vencedor indiscutible. Se reitera que la sola acusación no determina la culpabilidad del imputado en los tribunales. Más aún, queda claro que Aguilar Laguardia puede o no ser un delincuente reiterado, pero, a diferencia de sus acusadores, no es pentonto.

Las alternativas ahora, se limitan al mínimo: o se pacta con él una salida política, que incluya su inmunidad y con ella renegar de la premisa de que: “quien la hace la paga”, o se opta por abrir un juicio político, con los riesgos imaginables que implica. En ambos casos, Aguilar Laguardia tiene todo que ganar y nada que perder.

Adicionalmente, se sumerge al Tribunal Superior de Justicia en un estercolero, ya que es imposible soslayar que la ratificación de Aguilar Laguardia no es el primer golpe brutal que recibe.  Antes, Carlos Lima Carbajal, quién al igual que Aguilar Laguardia fue exhibido como corrupto y corresponsable del despojo de terrenos y hoteles en la zona norte, fue también reinstalado como magistrado.

A esto hay que añadir los cuestionamientos al ex presidente del TSJ, Fidel Villanueva y al actual titular del poder judicial, Antonio León Ruiz, para terminar de entender la degradación moral, cuando menos, de un poder que hoy por hoy no tiene margen para ser llamado honorable.

Más lamentable resulta la exhibición de incompetencia, que raya en la complicidad extrema de parte de la Fiscalía General del Estado, instancia que resguarda, atesora, las múltiples demandas penales formuladas en contra de tres de estos personajes, tristemente notables, sin emitir resolución alguna.

No para ahí el saldo negativo de los tres poderes en materia legal. A estos casos habrá que sumar los innumerables juicios interpuestos contra ex funcionarios, que de acuerdo a la versión oficial robaron miles de millones de pesos, pero que han ganado prácticamente todos los amparos interpuestos y hoy gozan de total impunidad.

Como colofón, permítame usted hacer eco de la declaración formal de la Fiscal Anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, quien sin pudor alguno indica que los ex funcionarios, a quienes responsabiliza de robar 13,500 millones de pesos, cuentan con mejores contadores y abogados que el gobierno del Estado.

Y entonces, reitero, ¿ Dónde queda el slogan presuntuoso de que en Quintana Roo  “quien la hace la paga”?

un comentario

  1. Ganan los amparos porque a forma en que “los despiden es incorrecta” y no es que los acusados tengan mejores abogados, es que tanto en el Congreso como en el Tribunal se contrata como asesores legales y consejeros legales, a personas de poca experiencia (son más económicos)

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