¡Sospechosísmo en la explosión del ferry ligado a Roberto Borge!

Uno por Uno

Ángel Ramírez
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¡Sospechosísimo! El que detonó el estallido al interior del ferry propiedad de Barcos Caribe, que une a Playa del Carmen con la Isla de Cozumel, el pasado miércoles 21 de febrero. La explosión dejó un saldo de 18 pasajeros lesionados; pero lo más escandaloso, si así se me permite, es la apertura del debate, si la explosión la generó una falla mecánica, una bomba presuntamente provocada en la disputa por la supremacía del mercado de ferrys, que traen consigo en la zona los empresarios del ramo o el ajuste de cuentas políticas en contra de la familia Borge, ligada directamente a la empresa naviera.

Las investigaciones por determinar qué fue lo que originó la explosión de uno de los ferrys de la empresa Barcos Caribe, sigue en curso por parte de la Fiscalía General del Estado, sin embargo, con tanto manoseo en el lugar de los hechos que, necesariamente contaminó el área del siniestro, será muy difícil concluir satisfactoriamente.

Por un lado, es muy factible que una falla mecánica o eléctrica haya provocado la explosión que emanó hacia arriba, por la propia dureza del casco diseñado para resistir las fuertes corrientes marinas, no obstante, los videos distribuidos en las redes sociales, dónde se perciben el momento exacto de la explosión, siembra el sospechosísmo, primero porque se da cuando prácticamente no había nadie en el interior del barco, de haber sido así, la lista estuviera conformada más por fallecidos que por heridos.

Mire, durante la explosión se perciben fragmentos negros disparados hacia el mar caribe, al tiempo que se observan heridos ya en pleno muelle fiscal, síntoma de que muchos de los pasajeros estaban ya afuera de la embarcación. Rápidamente protección civil entró al área del siniestro no solo a observar, también a contaminar las evidencias, así lo reportan quienes ahí estuvieron, y nadie dio oficialmente cuenta de ello, tampoco se investigó que son esos fragmentos negros disparados hacia el mar, se sabe que hubo buzos que quisieron sumergirse para rescatarlos y mandarlos al análisis, pero no se lo permitió la autoridad del ramo en turno, ¿Por qué?

Lo cierto, que el hecho fue investigado por expertos en explosivos de las fuerzas castrenses y peritos de la PGR, esto nos deja entrever que la línea de investigación se manejó o percibió al interior de las corporaciones federales como una detonación provocada más que como una falla mecánica, según lo informado oficialmente y a priori por la Administración Portuaria de Quintana Roo.

Elementos de las fuerzas castrenses no observaron fallas mecánicas que pudieran ocasionar tal explosión, así lo señalaron, además de que informaron que los motores no estaban en la zona de la detonación, una detonación que ellos mismos califican como controlada.

Por lo pronto, el permiso para operar la ruta de Ferrys en el Caribe Mexicano se le canceló a Barcos Caribe, más de uno saltaron de alegría, ese era el objetivo, sin duda.

Estos temas nos distraen de otro que verdaderamente debe preocupar y ocupar más, tanto a los usuarios como a las autoridades del sector, esto en el contexto del muelle fiscal de Playa del Carmen, manejado por el Grupo Navega. Le cuento, en los videos de la explosión difundidos a toda su capacidad, se observan heridos ya en áreas dónde es responsabilidad del Grupo Navega, operadora que cobra con Tarifas de Servicio de Primer Nivel y opera con medidas de seguridad de tercera, por principio, algunos involucrados informaron que los hidrantes no funcionaron, ni extinguidores se observan, tampoco se miran sillas de ruedas para trasladar a los lesionados, es más, ese muelle no cuenta con vialidades, como estacionamiento propio y calles para llegar directo a él, medidas de seguridad enérgicas y puntuales que se observan en muelles de los Estados Unidos por ejemplo, aquí el API no ha exigido se respeten los protocolos de seguridad internacional.

El Grupo Navega que encabeza Jesús Vega Arriaga, adquirió en la época de Mario Villanueva Madrid la concesión del muelle por 20 años, en ese entonces el API lo dirigía don Eusebio Azueta Villanueva, esa concesión le costó a Don Jesús, ex asesor de Raúl Salinas de Gortari en la CONASUPO, un millón de dólares, de los de aquellos tiempos.

La concesión se venció y misteriosamente les fue renovada no por 20 años, sino por 50, ¿quién se las otorgó?, no se puede asegurar, lo que sí es que fue en tiempos de Javier Zetina Gonzales, como director general del API, cuanto se cobró por la concesión de 50 años y cuanto por el “moche”, si lo hubo claro, haga sus cuentas.

Ese muelle que moviliza diariamente 4 mil personas, de ida y vuelta, genera millones, pero millones de pesos y apenas y se le invierte, muy poco o nada en seguridad, y la ciudadanía seguimos pagando boletos de primera para que nos den servicios de tercera, pero nadie más tiene la culpa que los propios usuarios a no exigir calidad en el servicio, por eso los empresarios foráneos se burlan de los quintanarroenses, porque permitimos todo.

Estaremos atentos a lo que sucede en este tema, aunque no espere mucho, lo que si debemos hacer, es exigir al API que los muelles operen con verdaderas medidas de seguridad, ya sea los que están bajo su responsabilidad o los concesionarios.

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