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Los primeros pasos del gobernador Carlos Joaquín González han sido muy complicados y la desesperación domina a gran parte de la sociedad, sobre todo en una capital chetumaleña que ya recuperó su autoridad y resistió el olor de las croquetas para expulsar de Palacio de Gobierno y de su Ayuntamiento a quienes tanto la lastimaron y ofendieron, confiando en perdones multiplicados al infinito.
Carlos Joaquín fue fruto de su constancia y capacidad para resistir y sacar provecho de los ataques con dinamita lanzados por el gobernador Roberto Borge, quien sin tener esa intención atizó la campaña del hermano de Pedro Joaquín Coldwell hasta colocarlo como el amplio favorito y –ya en la silla de diamantes– con un nivel de exigencia que no tuvo uno solo de sus antecesores priistas.
Pero además el tamaño del saqueo equivale a la acción conjunta de cinco mega huracanes en una parcela, con nombres de ex funcionarios que son candidatos al Cereso y que hasta hoy no han sido puestos en jaque, más allá de la difusión de sus nombres en cadena nacional.
Aparte del linchamiento en redes sociales –y en el periódico oficial Luces del Siglo–, ¿qué tienen en concreto contra el ex gobernador Roberto Borge? ¿Hay expedientes rigurosos y contundentes que puedan desplazarlo a un calabozo? Veamos: un ex gobernador priista pertenece al presidente de la república, obviamente priista como Enrique Peña Nieto, quien tiene en sus manos el destino de Roberto Borge, no Carlos Joaquín.
Pero Carlos Joaquín tiene manga ancha para ir por cinco o seis caballos y alfiles borgistas, y aquí tampoco hay noticias novedosas. Y eso que hay nuevo Fiscal General: Miguel Angel Pech Cen.
El castigo y recuperación de lo saqueado es una asignatura que debe resolver el gobernador, y se resuelve con la puesta en marcha de los procesos penales o dejando el tema por la paz. Porque sin resultados concretos el interés se va desinflando, y esto lo vemos incluso en municipios como el capitalino de Othón P. Blanco.
Carlos Joaquín necesita acciones espectaculares para dar un golpe de autoridad como el que tuvo el gobernador Mario Villanueva Madrid a principios de junio de 1993, cuando ordenó la captura de un puñado de funcionarios del gobierno estatal y del Ayuntamiento de Cancún.
Y no se trata de proceder visceralmente motivados por la venganza y con expedientes endebles que un abogado pueblerino desarma con la primera maniobra, sino de acumular evidencias precisas del latrocinio ocurrido en Sefiplan, CAPA, IPAE, SINTRA y Salud.
A “reventar burócratas
Pero la agenda de este gobierno ha sido dominada por los ajustes de cuentas en varias dependencias, cuyos titulares y mandos principales tienen la consigna de desplazar a burócratas que ocupan posiciones atractivas. Para “reventarlos” les hacen la vida imposible y los humillan y someten a una brutal carga de trabajo.
El chetumaleño César Jiménez Poot fue una víctima mortal, el 21 de diciembre pasado. Este empleado de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE) fue sometido a un acoso brutal por Rolando Mario Méndez Navarro (subsecretario de Planeación Económica), quien lo obligó a cancelar una consulta médica de emergencia con la amenaza de despedirlo. Un acto criminal.
Según amigos y familiares, la muerte de César Jiménez –padecía hipertensión arterial y diabetes– fue provocada en la dependencia que encabeza la chetumaleña Rosa Elena Lozano Vázquez. Los familiares presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Cdheqroo).
Pero en muchas dependencias hay desencanto, preocupación y coraje, ya que la barredora no respeta a quienes votaron por Carlos Joaquín.
