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“Amasaban” en secreto 25 embargos

Cancún, 17 Febrero
Blanca Silva (Quequi)

Autoridades coludidas de la administración pasada no solamente incurrieron en varios millonarios despojos de inmuebles y congelamiento de cuentas a través de laudos laborales, sino que tenían preparados otros 25 embargos contra lujosos terrenos, incluyendo hoteles, condominios y casas, o que ya estaban en vías de ser ilegalmente adjudicados a terceros.

Así lo reveló ayer la secretaria estatal del Trabajo y Previsión Social, Catalina Portillo Navarro, quien añadió que los afectados, de Cancún y Playa del Carmen, ya han interpuesto las demandas de amparo correspondientes, en tanto que las Juntas de Conciliación y Arbitraje deberán ahora revisar los más de 13 mil expedientes laborales que ya están concluidos y en proceso de emitirse el laudo.

De los escándalos destapados durante los últimos meses del gobierno de Roberto Borge Angulo, sin duda uno de los más llamativos fue el sistemático despojo de propiedades fraguado a través de ficticios juicios laborales, los que eran avanzados en secreto en las Juntas de Conciliación y Arbitraje para otorgar millonarios laudos, con los que justificar estos embargos.

A través de esta vía, funcionarios y abogados encabezaron ilegítimos desalojos de varios hoteles en la valuada franja costera de Punta Piedra, en Tulum, además de los condominios Maioris Towers, en Cancún, entre otras propiedades. También se ordenaba el congelamiento y vaciado de cuentas bancarias. Se estima que en total, se saquearon más de 340 millones de pesos, aunque el monto real puede ser muy superior.

Se trataba de un saqueo que duró por años, presuntamente liderado por el entonces subsecretario de Trabajo para la Zona Norte, Enrique de la Cruz Pineda (hoy notario público), y que apenas ahora están saliendo a la luz y revirtiéndose. Autoridades federales han declarado en el pasado que estos casos ya han sido turnados a la Procuraduría General de la República.

Casos detectados

Sobre estos nuevos casos detectados,  Portillo Navarro explicó que descubrieron que varios de los supuestos trabajadores que demandaron a estas empresas no existen, cosa que corroboraron con el Instituto Nacional Electoral (INE). Detrás de estas fraudulentas operaciones, están los mismos despachos jurídicos involucrados, cosa que ya se investiga.

Los “trabajadores” que entregaron identificaciones falsas también han sido denunciados ante el Ministerio Público, para que proceda legalmente.

Estos 25 laudos no han sido ejecutados, debido a las irregularidades detectadas; en tanto que los demás serán revisados para frenar cualquier acto de corrupción.

En este escenario, recordó que la administración anterior les dejó un rezago de 46 mil 736 juicios en trámite, de los cuales el 28%; es decir, poco más de 13 mil, ya concluyeron el procedimiento laboral y están pendientes de dictamen para emitir el laudo correspondiente.

Muchos de estos casos datan incluso de 1999, pese a que en promedio  un juicio laboral debe tardar un año. Esta situación también se analiza, pues en muchos expedientes resulta que el trabajador ya abandonó el estado o falleció.

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