Notas

Campeche ejecuta desalojo de familias quintanarroenses

CHETUMAL, 1 de marzo.-

El Gobierno de Campeche montó un operativo del Grupo de Coordinación Interinstitucional de Seguridad e incursionó en la zona en conflicto con Quintana Roo, con el pretexto de atender un delito ambiental, para realizar el desalojo de 40 familias quintanarroenses de la comunidad San Isidro Aguas Amargas, que está incluida en el municipio de Othón P. Blanco, cumpliendo de esta forma la amenaza que les hizo con dos meses de anticipación.

Las familias perdieron sus viviendas y pertenencias, y tuvieron que huir y refugiarse en la comunidad cercana de Crescencio Rejón, por lo que hoy un grupo de afectados viajó a Chetumal, donde se presentaron en el Palacio Municipal para pedir ayuda y denunciar el abuso de poder del Gobierno de Campeche.

Lo más llamativo del caso es que este desalojo fue ejecutado por la fuerza pública del Estado de Campeche el miércoles 26 de febrero, a pocos días de que el Estado de Quintana Roo presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la nueva demanda de controversia constitucional por motivo de límites, por lo que no se descarta que la acción haya sido tomada como una represalia por el golpe jurídico que recibió Campeche al reabrirse el expediente en el Poder Judicial de la Federación.

En entrevista para Por Esto! de Quintana Roo, Rodolfo Álvarez Gómez, poblador desalojado por la fuerza, pidió el apoyo del Gobernador, Roberto Borge, así como la intervención de su administración ante lo que consideró una agresión del Gobierno de Campeche.

Asimismo, solicitó la intervención de la Comisión de Derechos Humanos, siendo que sin ninguna orden presentada, elementos de diversas corporaciones de la fuerza pública allanaron y destruyeron viviendas, maltratando durante el proceso a hombres, mujeres y niños.

Cabe mencionar que la comunidad de San Isidro Aguas Amargas, también conocida como Sacrificio, forma parte de la jurisdicción de la alcaldía de Cerro de las Flores, perteneciente al municipio de Othón P. Blanco, y está ubicado en la zona en conflicto con el estado de Campeche, en la porción de la franja de territorio que colinda con Belice y Guatemala.

Esta franja de tierra fue incluida por el Gobierno de Campeche dentro del municipio de Calakmul, cuya creación fue motivo de la controversia de límites iniciada por Quintana Roo en 1997 y que apenas hace dos días fue admitida a trámite por la SCJN.

Sobre los hechos, el entrevistado relató que el pasado 26 de febrero a las seis de la mañana, autoridades de Campeche pertenecientes a la Procuraduría General de la República, Policía Federal, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Procuraduría General de Justicia del Estado y Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad, acudieron a la localidad y, sin previo aviso, comenzaron a sacar por la fuerza a la gente de sus viviendas.

“No tenían orden de cateo ni aprehensión y se llevaron a 13 detenidos, entre ellos un menor de edad y un adulto mayor”, relató.

Mencionó que al ser retirados de sus viviendas, los habitantes corrieron al monte para internarse y evitar ser detenidos.

Explicó que las 40 familias perdieron sus viviendas elaboradas con materiales como madera y paja, puesto que se utilizaron motosierras para derribarlas, al momento que fueron saqueadas en su interior, sustrayendo todo objeto de valor como motosierras, machete, ropas, despensas, comida, entre otros.,

“Nos dejaron en la calle, sin nada; por ello estamos pidiéndole al Gobierno del Estado que no nos abandone y tome cartas en el asunto”

Álvarez Gómez consideró que esta acción fue provocada por el Gobierno de Campeche, ante el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó auto de admisión a la nueva controversia constitucional por motivo de conflicto de límites que interpuso el Estado de Quintana Roo contra Campeche, y requirió al Senado de la República que le remita los expedientes de las controversias constitucionales originarias de 1997, como partes de las pruebas a estudio dentro del nuevo juicio.

Recordó que el gobernador del Estado de Campeche había emitido una orden de lanzamiento y de desalojo por vías de hecho con auxilio de la fuerza pública (Policía Ministerial) el 26 de diciembre de 2013, mismo que se hizo efectivo dos meses después.

Finalmente, agradeció que el Ayuntamiento de Othón P. Blanco lo atendiera y anunciara que les apoyará ante esta terrible situación que enfrentan.

Cabe mencionar que, además de reiniciar en la Suprema Corte de Justicia el juicio contra la creación del municipio de Calakmul, que data de 1997, el Estado de Quintana Roo emprendió demanda contra dos actos de autoridad realizados por el gobierno de Campeche de manera reciente, siendo precisamente uno de esos la orden de desalojo dada por el Gobierno de Campeche contra los pobladores de San Isidro Aguas Amargas.

Versión de Campeche

El Gobierno de Campeche disfrazó su verdadera intención de desalojar a esta comunidad, como una acción del Grupo de Coordinación Interinstitucional de Seguridad en el Estado para combatir delitos contra el ambiente, en la cual fueron detenidas 12 personas presuntamente responsables de cometer depredación irreversible en 15 hectáreas de una zona natural protegida, en el municipio de Calakmul.

La información obtenida de medios de Campeche señala lo siguiente:

“De acuerdo al expediente, el representante social de la Federación inició el pasado mes de enero la averiguación previa AP/PGR/CAMP/ESC-I/03/2014, por el delito contra el ambiente, en contra de quien o quienes resulten responsables, derivada de una denuncia que interpuso la Comisión Nacional de Aéreas Naturales Protegidas, por la depredación de una superficie de 15 hectáreas, en la que resultaron afectadas de manera irreversible flora y fauna de la región.

Con base a lo anterior, el Fiscal Federal en compañía de autoridades federales, estatales y municipales se trasladaron a un camino de 6.5 kilómetros que da al paraje de San Isidro Aguas Amargas del Municipio de Calakmul, en un tramo ubicado entre las comunidades Dos Naciones y Crucero de Dos Lagunas Sur, donde se verificó el desmonte del área, así como construcciones de viviendas, establecimientos de cultivos de frijol, maíz, plátano, piña, chaya, macal, castaña, guaya, nopal, guanábana y chihua; la apertura de un pozo con maquinaria pesada y la tala clandestina de madera de palo de rosa y caoba.

Los presuntos responsables fueron sorprendidos en el momento que realizaban el desmonte del lugar, y les fueron aseguradas tres motosierras, dos escopetas y diversos machetes, entre otros objetos.

Las personas detenidas están en calidad de indiciados y rinden su declaración ante el Agente Ministerio Público de la Federación, quien en las próximas horas definirá su situación jurídica. El delito contra el ambiente es considerado grave, con una penalidad máxima de nueve años de prisión.

En este operativo conjunto participaron más de 180 servidores públicos de diversas instituciones como la Procuraduría General de la República, Policía Federal, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Procuraduría Estatal del Medio Ambiente, Procuraduría General de Justicia del Estado y Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad.

Con esta acción se protegen los recursos forestales y se facilita heredar a las futuras generaciones bosques y selvas que les permitan contar con agua y aire más limpios para una mejor calidad de vida, por lo cual los tres órdenes de gobierno continuarán trabajando eficazmente para prevenir y combatir los delitos”.

Fuente: Miguel Ángel Fernández (Por Esto! Quintana Roo)

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