Notas

Carlos Mario violó leyes al aplicar el presupuesto

CHETUMAL, 7 de mayo.-

En la denuncia que aceptó la Contraloría Municipal de Othón P. Blanco en contra del expresidente municipal Carlos Mario Villanueva Tenorio, los regidores del Partido Acción Nacional (PAN) promoventes consideran que existe clara evidencia del daño y perjuicio a la hacienda pública municipal, pues se violentaron diversos ordenamientos legales que ameritan la aplicación de sanciones.

La queja, que tiene como objetivo la inhabilitación para ocupar cargos públicos del expresidente municipal y quien o quienes resulten responsables del perjuicio a la hacienda pública municipal, refiere que al 29 de septiembre de 2013, el gobierno que estuvo bajo la responsabilidad de Carlos Mario Villanueva Tenorio dejó un adeudo total de 88 millones 846 mil pesos.

Dentro de este monto, independientemente del empréstito por 272 millones de pesos que también contrató para saldar las múltiples deudas bancarias de corto plazo y diversas deudas acumuladas durante su desastrosa administración, es destacan algunos rubros.

En el caso de retenciones y otras cuentas por pagar a corto plazo, dejó una deuda de 43 millones 562 mil pesos, que irresponsablemente no se cubrieron antes de finalizar la administración municipal de Villanueva Tenorio.

Además, en tres conceptos como son: cuotas patronales al ISSSTE, al IMSS y pagos pendientes a la empresa Avances Lumínicos, que instaló las lámparas LED en el alumbrado público, se dejó una deuda de 28 millones 95 mil pesos, prácticamente la tercera parte de los 88 millones de déficit, que representa una afectación directa a la hacienda pública municipal.

Dentro de las deudas por publicidad, se dejó un monto de 6 millones 135 mil pesos, generando sospecha de la inexistencia de algunas empresas de manejo de medios de comunicación, por lo que se plantea la necesidad de llevar a cabo una verificación de la validez legal de las facturas ante la Hacienda.

Uno de los regidores promoventes, Fernando Zelaya Espinosa, manifestó que estos puntos muestran una clara violación a lo que señalan las fracciones segunda y cuarta del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, puesto que es evidente que el manejo de los recursos financieros no se hicieron con la legalidad debida, así como también se generó un daño patrimonial a la hacienda pública municipal, omitiendo los pagos correspondientes y heredando una deuda superior a los 80 millones de pesos.

El citado artículo, en su apartado cuarto, establece que los servidores públicos deberán “abstenerse de causar daños y perjuicios a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, sea por el manejo irregular de fondos y valores estatales y municipales, o por irregularidades en el ejercicio o pago de recursos presupuestales del Estado o Municipios, o de los concertados o convenidos por el Estado con la Federación, o sus Municipios”.

La queja de los regidores del PAN también acusa que se realizó una irregular erogación de los recursos del empréstito de 272 millones de pesos contratados en 2013 y anunciados por el presidente municipal, Carlos Mario Villanueva, el entonces sindico, Pablo Moreno Povedano, y el Tesorero, que se ha mantenido en el cargo hasta la presente administración, César Euán Tun.

Lo anterior porque, lejos de cumplir con lo que marca la Ley de Deuda Pública del Estado, que manifiesta que los recursos obtenidos por las entidades mediante operaciones de deuda pública únicamente podrán ser destinados a inversiones públicas productivas, la administración de Villanueva Tenorio utilizó más de 40 millones para el pago de deudas.

Así, señalan que se utilizaron 20 millones 895 mil pesos para la liquidación de una deuda histórica con Banobras y otros 20 millones de pesos para la devolución de un préstamo otorgado por el Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Por consiguiente, conforme a la queja, se violentó el artículo cuarto de la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo, así como también de la fracción segunda del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al usarse los recursos para pagar deudas y no para inversión pública productiva.

Fuente: Miguel Ángel Fernández (Por Esto! Quintana Roo)

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