Notas

Codicia escolar

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Aferrados al jugoso negocio de las cuotas escolares, las escuelas públicas de nivel medio superior siguen condicionando la prestación del servicio a los jóvenes quintanarroenses a cambio del pago de inscripciones y aportaciones “voluntarias” que contravienen la legislación vigente en la materia.

Pero ni las leyes ni el creciente descontento de los padres de familia que año con año se quejan de la puñalada al bolsillo que aplican instituciones como el CBTIS, Conalep, COBACH, etc., han logrado meter en cintura a los directivos escolares que se han acostumbrado a recaudar cantidades de dinero que a veces superan los seis ceros con el pretexto del inicio del ciclo escolar.

cuotas conalepEl año pasado, la agrupación denominada “Coordinadora Nacional de Padres de Familia” emprendió una cruzada contra el pago de las cuotas escolares ilegales en escuelas públicas de nivel medio superior y sentaron un precedente importante, al lograr pequeñas victorias legales que abren la puerta para que más estudiantes exijan su derecho a la educación gratuita.

Tras una larga lucha y meses de espera, la Secretaría de la Función Pública dio validez a la queja presentada por una madre de familia del CBTIS 214 de esta capital, obligando a la escuela a reponer los mil 200 pesos que le cobraron de forma ilegal apenas el mes pasado.

A pesar del reciente revés y en un derroche de cinismo, el CBTIS nuevamente arremetió contra la economía familia al imponer una cuota de inscripción superior a los mil pesos para este ciclo escolar 2015-2016, con la conocida amenaza de que alumno que no pague, no será inscrito en el plantel.

El argumento que utilizan para exprimir a los estudiantes es tan trillado como falso, pues aseguran que los planteles no reciben ningún tipo de apoyo económico para la manutención y operación de los planteles, cuando además del presupuesto asignado, las arcas escolares se nutren de la concesión de las tiendas escolares que por lo común aportan entre 500 y mil pesos diarios, dependiendo del número de alumnos de cada escuela.

Es tiempo de que estos actos de corrupción que pisotean las leyes educativas y los derechos fundamentales de los jóvenes dejen de ser tolerados, y que los responsables, sean directivos, maestros o inoperantes asociaciones de padres de familia, reciban la sanción que corresponda, caiga quien caiga.

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