Chetumal, 20 abril
(Por Esto QRoo)
La inconformidad del gremio taxista se hace cada vez más grande por la consulta popular que decidirá el regreso de Uber a Quintana Roo, ya que mientras a los concesionarios taxistas se les pretende responsabilizar y sancionar por delitos que cometan los choferes, la empresa Uber es muy clara al señalar que no se hace responsable por la seguridad de sus usuarios ni por el servicio y afectaciones de sus choferes.
Esta inconformidad tiene su origen en una iniciativa que está en manos del Congreso del Estado y que propone modificar la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo, que dejará vulnerables y pondrá en riesgo los derechos de los concesionarios taxistas, ya que los hace responsables de toda acción negativa que cometan sus choferes, aun y cuando no tengan relación con ello.
El detalle de esta iniciativa es que el socio concesionario tendrá que pagar consecuencias de choferes u operadores que estén involucrados en un delito doloso, agresión física a terceros o consumo de sustancias prohibidas durante la prestación del servicio, para lo cual se plantea la revocación de la concesión.
Esto impactará fuertemente en los 17 sindicatos de taxistas en el estado, con un número estimado de 132 mil familias que dependen del servicio público denominado taxi en sus diversas modalidades.
A grandes rasgos, la iniciativa establece que procede la revocación de las concesiones en los siguientes casos: cuando el concesionario, conductor o chofer que explote y/o usufructúe la concesión se encuentre relacionado directa o indirectamente en un delito doloso; cuando el concesionario, conductor o chofer que explote y/o usufructúe la concesión ejerza violencia física a los ocupantes y a terceros; cuando el concesionario, conductor o chofer que explote y/o usufructúe la concesión sea consumidor de sustancias psicotrópicas, estupefacientes o enervantes, incluyendo medicamentos que produzcan los mismos efectos que los anteriores o se encuentre en estado de ebriedad al momento de hacer uso o explotación de la concesión.
Con esta iniciativa se pretende criminalizar a los concesionarios por los actos del operador o arrendador, sin importar que la sanción debiera ser directa para quien comete el delito y no para los concesionarios.
Con esto se hace más grande la inconformidad de los taxistas en contra de la consulta popular para abrir Uber en el estado, ya que esta empresa de transporte no se responsabiliza de los servicios brindados y tampoco garantiza la seguridad de sus usuarios. Con una desventajosa política de sus servicios, Uber deja en total indefensión a todos sus usuarios, pues no se hace responsable de ningún daño material, físico o cualquier otra afectación que surja al momento de contratar el servicio de transporte.
Los desventajosos “términos y condiciones” de Uber en su punto cinco señalan lo siguiente: “Uber no garantiza la calidad, idoneidad, seguridad o habilidad de los terceros proveedores. Usted acuerda que todo riesgo derivado de su uso de los servicios y cualquier servicio o bien solicitado con aquellos será únicamente suyo”.
El mismo punto indica: “Uber no será responsable de daños indirectos, incidentales, especiales, ejemplares, punitivos o emergentes, incluidos el lucro cesante, la pérdida de datos, la lesión personal o el daño a la propiedad ni de perjuicios relativos, o en relación con, o de otro modo derivados de cualquier uso de los servicios, incluso aunque Uber haya sido advertido de la posibilidad de dichos daños. Uber no será responsable de cualquier daño”.
Aunque Uber es una empresa digital de transporte y por tanto los choferes son sus empleados, en sus “términos y condiciones” no los reconoce de esta manera, ya que desde el segundo punto deja muy en claro que el usuario reconoce que “Uber no presta servicios de transporte de ningún tipo o de logística o funciona como una empresa de transportes y que dichos servicios de transporte o logística se prestan por terceros prestadores particulares independientes, que no están empleados por Uber ni por ninguno de sus afiliados”.
Todo lo anterior lo alega esta Empresa de Redes de Transporte (ERT) para evadir la ley y su responsabilidad cuando así sea necesario, con lo que se reconoce que esta compañía puede dar un buen o mal servicio; además de que no es segura y tampoco quiere serlo, lo que ha resultado en un gran número de quejas por parte de los usuarios y delitos cometidos por los choferes en distintas ciudades del país y el extranjero.
