Notas

Desprecian a chetumaleños en el DIF

Chetumal, 25 Octubre
Por Esto Q Roo

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Quintana Roo, es otra de las instituciones que se unió a las medidas que atentan contra trabajadores de la administración pública, al disponer el despido de cerca de 30 empleados.

En la institución se viola la Ley Orgánica de la Administración Pública al dar cargos directivos a personas de otros estados, se dan casos de nepotismo y también dejan desempleados a decenas de familias chetumaleñas para favorecer a gente de Cozumel, Playa del Carmen y Cancún.

La que debe ser una de las instituciones más nobles al velar por el “bienestar” de la familia, obligó a los trabajadores a firmar sus renuncias, dejando a muchos en el desamparo. Las renuncias fueron bajo amenaza de que si no firmaban les retendrían su quincena. Y es que el Sistema DIF en el Estado, cuya presidenta es Gabriela Rejón de Joaquín, no solo obligó a firmar renuncias a los que tenían cargos directivos, sino también se fueron contra trabajadores operativos, los que menos ganan.

Mientras tanto, los cargos directivos del DIF del estado han sido otorgados a funcionarios de la zona norte, sin darle oportunidad a la gente de la zona sur. Además de que entre uno y dos cargos, violan la Ley del Orgánica de la Administración Pública, como el caso del Oficial Mayor del DIF en Quintana Roo, Mario Alberto Cerón Gamboa, quien viene de Yucatán, sin cumplir los cinco años de residencia en el estado, y que en esa condición se ha convertido en uno de los ejecutores del despido de trabajadores quintanarroenses.

Entre los 30 trabajadores despedidos, hay quienes tenían hasta 20 años de servicio en el Gobierno del Estado.

Mañosamente, antes del 30 de septiembre, es decir a cinco días de haberse dado el cambio de gobierno, con amenazas obligaron a renunciar a un grupo de trabajadores que se desempeñaban en puestos de dirección. Y antes del 15 de octubre obligaron a otros tantos.

La amenaza consistió en que si no firmaban sus renuncias, les retendrían sus quincenas. Todos los trabajadores señalados firmaron con tal de poder cobrar su última quincena.

Y con relación a su finiquito, les indicaron que en un mes, a más tardar mes y medio, se los entregarían. Sin embargo, muchos de ellos ya están siendo asesorados por abogados para que su finiquito sea el justo de acuerdo a sus años de antigüedad, y de no ser así, o no convencerles lo que les pudieran entregar, demandarán y se irán hasta las últimas instancias correspondientes para pelear una liquidación justa, especialmente aquellos que tienen entre 20 años de servicio y más en el Gobierno del Estado.

El gobernador del estado, Carlos Joaquín, y su esposa, la presidenta del DIF Estatal, Gabriela Rejón de Joaquín, giraron dichas instrucciones a la directora del DIF en la entidad, María Elba Carranza Aguirre, quien fue la ejecutora de estos despidos para meter a gente recomendada de los municipios de Benito Juárez y Cozumel, mismos que trabajaron en la administración anterior.

Y como brazo operativo de los despidos está Mario Alberto Cerón Gamboa, quien fue nombrado Oficial Mayor del DIF a pesar de no tener los 5 años de residencia que exige la Ley Orgánica de la Administración Pública, pues es oriundo de Mérida y recién traído a la institución por su relación con la familia Joaquín Rejón.

Lo más indignante para los trabajadores que fueron despedidos y los mismos que aún siguen laborando al interior del Sistema DIF en el estado es que plagaron la institución de gente que no apoyó la campaña del actual Gobernador del Estado y que trabajó en el DIF de Cozumel cuando lo presidía Gina Ruiz de Marrufo; es decir, ni siquiera tomaron en cuenta a la gente de la ciudad de Chetumal que apoyó dicha campaña para ocupar dichos cargos públicos, gente que incluso caminó las calles y que hoy sus espacios fueron ocupados por personas contrarias.

Nepotismo y fuereños también

En los cargos más importantes que tiene el DIF en el Estado, realizó al menos 15 remociones y nombramientos.

Podemos nombrar a Cruz Almeida Ulín, quien fue nombrado secretario particular. Esta persona, fue policía judicial en Cancún y a penas en el 2015 recibió su título de abogado por la Universidad del Sur, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Claudia Guadalupe Tinoco Cosío, también de la zona norte del Estado, es la Directora Jurídica y de Vinculación.

El caso más abierto de violación a la ley es el de Mario Alberto Cerón Gamboa, Oficial Mayor del DIF, quien es del Estado de Yucatán, lugar donde ha laborado hasta que empezó a trabajar para campaña UNE. Es contador por la Universidad Marista de Mérida. Junto con la directora del DIF en el Estado, María Elba Carranza, es responsable de amenazar a los trabajadores para que firmaran su renuncia y de contratar a los nuevos funcionarios que desde el 13 de octubre están en funciones.

Oscar Augusto Espinoza Osnaya fue nombrado como director de Recuperación, Cultura y Deporte. Esta persona era profesor del Cecyte en Playa del Carmen y es Licenciado en Educación Física por el Instituto Superior de Educación Normal de Yucatán.

María Teresa Ledesma Beltrán, es la nueva subsecretaria General de Atención a los Adultos Mayores, es del municipio de Solidaridad y fue colaboradora de Cinthya Osorio cuando fue presidenta del DIF en ese municipio.

Otro nombramiento es el de Annel Martín Reyes en la Dirección de Relaciones Publicas. Esta persona es cozumeleña y fue la administradora del DIF cuando estaba a cargo Gina Ruiz de Marrufo.

Ana Luisa Ortiz Tejeda es la actual directora de Recursos Materiales y Servicios Generales. Esta persona es una desconocida y según los trabajadores la trajeron de Tabasco para colaborar en la campaña del ahora gobernador.

Según los comentarios que vertieron los mismos empleados, estuvo todo el tiempo hospedada en Cancún. Luego, una vez que ganaron las elecciones, la trajeron para Chetumal y estuvo hospedad en el Hotel Marlon, por lo que su caso es otro en el que se viola descaradamente la ley con su nombramiento.

Mientras que Alejandra Aguirre Martínez es la nueva directora de la Casa Hogar de las niñas, niños y adolescentes. Esta persona ha sido priista, de familiares petistas (PT). Hace algunos años en el gobierno de Julián Ricalde en Benito Juárez fue dado a conocer que la entonces regidora Lorena Martínez, esposa de Hernán Villatoro Barrios, tenía en la nómina a seis familiares, entre ellos su prima Alejandra Aguirre Martínez.

Karen Zapata Zetina es la directora del Cendi Uno de Chetumal. Es originaria de Cozumel y estudió puericultura en la ciudad de Mérida.

La coordinadora del CRIM en Cozumel en esta nueva administración es Elmy Aracely Corona Sánchez, quien es prima política de Miguel Ramón Martín Azueta, pues es esposa de su primo Jorge Arturo Martín González, quien a su vez fue nombrado director de la Marina Banco Playa de la Apiqroo de Cozumel, en uno de los más descarados ejemplos del nepotismo que campea en el actual gobierno.

Otra de los nombramientos fue para María Guadalupe Mendoza Guevara, quien es la directora de Asistencia Social a Desamparados. Esta área es de las más concurridas en el Sistema DIF, pues es la que se encarga de proveer apoyos a todas las personas que asistan a solicitar ayuda de medicamentos, leche, pañales, estudios médicos, alimentos, entre otros apoyos.

Transciende que es prima del gobernador del estado y era una de las que viajaban en la camioneta donde el equipo de campaña de Joaquín González tuvo un accidente en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en el que provocaron una tragedia que enlutó a varias familias de esa zona.

También es de Cozumel y ha trabajado en el ayuntamiento de dicho municipio.

Otra en las mismas circunstancias es Rosa Estela Ruiz Joaquín, quien es la representante del DIF en Benito Juárez, que los trabajadores también señalan como familiar del gobernador del estado.

Carlos Claudio Rivas Lugo, que no es conocido en la capital, llegó para ocupar el cargo de director de Desarrollo Comunitario. Mientras que Rosa María Guitrón Sánchez es la nueva directora de Recursos Humanos. Es de Cancún y ha pertenecido al Club de Rotario del municipio de Benito Juárez.

Teresa Sánchez Núñez fue la única que quedó de la administración pasada de Mariana Zorrilla de Borge, donde se desempeñó como directora del Cendi 2 y luego fue directora de los Centros de Atención Infantil Comunitario. En esta nueva administración fue nombrada directora de Gestión y Vinculación Familiar.

Y por último, de acuerdo a la lista de los nuevos directores que filtraron a este medio informativo, está Lourdes Várguez Ocampo, quien es de Cozumel. Ahora es la nueva procuradora de Protección a las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia. En la administración de Roberto Borge Angulo fue gerente jurídico de la Apiqroo.

Además de los cambios de directores que se hicieron, el Sistema DIF en el Estado, corrió bajo amenazas a cerca de 10 trabajadores de más bajo nivel que estaban distribuidos en diferentes áreas. Estos trabajadores estaban bajo contrato, pero con puestos menores, y ganando un salario menor a los directores que también fueron despedidos.

Es así como queda demostrado una vez más que en la institución más noble que debe de tener el Gobierno del Estado se viola la Ley Orgánica de la Administración Pública, se da el nepotismo y dejan desempleados a decenas de familias chetumaleñas para favorecer a gente de Cozumel, Playa del Carmen y Cancún.

Un comentario

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

dieciocho − 12 =

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba