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Deuda bajo el iceberg

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La situación financiera de Quintana Roo es más crítica de lo que se ve a simple vista, por el extremo endeudamiento que ha crecido como bola de nieve en la última década y que será el principal problema que enfrentará la administración entrante, obligada a cumplir con sus promesas de dignificar a la entidad teniendo disponible menos de la cuarta parte del presupuesto que se recibe de la Federación.

El panorama económico podría rayar en lo catastrófico cuando salga a la luz la deuda “oculta”, como se le conoce en el argot de la economía, que se refiere a los pasivos no reportados oficialmente y que corresponde a pagos a proveedores, servicios y créditos a corto plazo que no se realizan a tiempo por falta de solvencia.

El escabroso tema de la deuda oculta no es nada nuevo en Quintana Roo; de hecho, ha sido una de las causas principales del endeudamiento ascendente de las dos últimas administraciones priistas.

En 2011, cuando tomó las riendas Roberto Borge Angulo, recibió una deuda formal cercana a los 11 mil millones de pesos, además de una pesada deuda oculta que, según algunos analistas, rondaba los 10 mil millones de pesos. A pesar de ello, con el PRI como amo y señor de los tres poderes del estado, la suciedad se escondió bajo la alfombra.

Pero el tiempo les dio la razón, porque ante la imposibilidad de cumplir con los compromisos económicos adquiridos y mantener al mismo tiempo la operatividad mínima del estado, Roberto Borge Angulo tuvo que solicitar nuevos créditos y refinanciamientos para convertir lo oculto en formal.

Como resultado, la deuda total de Quintana Roo que recibirá como herencia Carlos Joaquín González –la conocida– asciende a 22 mil 541 millones de pesos hasta marzo, pero puede crecer en las próximas semanas por concepto de intereses o por contratación de nuevos créditos, como el que se cocina en el Congreso para el sobre endeudado municipio de Solidaridad.

Esta deuda por sí sola tiene en la lona las finanzas estatales, pues según datos de la Secretaría de Hacienda federal la entidad utiliza el 78 por ciento de sus participaciones federales en su amortización, dejando menos de la cuarta parte para el gasto corriente, además de los ingresos propios.

A este negro panorama habrá que sumar los pasivos ocultos que, según los cálculos más conservadores, podría ascender a varios miles de millones de pesos, lápida financiera que en automático será cargada a las cuentas de la administración entrante.

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