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Deudas eternas

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A punto de entrar oficialmente en el llamado “año de Hidalgo” el municipio de Cozumel solicitó al Congreso local la aprobación para realizar un “refinanciamiento” de su deuda pública por unos 317 millones de pesos, lo que en palabras llanas representa un nuevo endeudamiento, como lo ha demostrado la historia reciente.

Y es que las deudas de los municipios se eternizan mediante estas burdas estrategias, pues los alcaldes en turno venden la idea de que el dinero que pedirán prestado servirá para pagar deudas anteriores, pero en realidad gran parte de esos recursos se utilizan para cubrir pagos a proveedores atrasados antes del término de sus gobiernos.

El resultado: una deuda que va creciendo como bola de nieve cada trienio y que se vuelve impagable, sacrificando las endebles finanzas de los municipios.

El alcalde de Cozumel, Fredy Marrufo Martín, es el primero que se avienta a pedir nuevos créditos entrando a la recta final, pero no será el único, de eso no cabe duda.

En la capital, Eduardo Espinosa Abuxapqui hizo lo propio a inicios de este año, ahogado por la situación financiera del municipio. Esos recursos le brindaron un respiro pero llevó al límite las posibilidades financieras del Ayuntamiento, maniatado desde las voraces gestiones de los ex alcaldes Andrés Ruiz Morcillo y Carlos Mario Villanueva Tenorio.

Benito Juárez (Cancún) y Solidaridad (Playa del Carmen) son los municipios más endeudados del estado, pero su poderío turístico que les brinda una bonanza económica permanente da para eso y para más. A pesar de que sus deudas conjuntas rondan los dos mil millones de pesos, aún tienen solvencia.

No ocurre lo mismo en las demás demarcaciones, ni siquiera en Cozumel, que también tiene una buena tajada del turismo, pues las condiciones económicas son muy diferentes.

Por lo pronto, hay algunos alcaldes que juraron no contraer deudas en el último año de su gestión, lo que aún está por verse. Entre ellos están David Balam Chan, de Tulum, y José Alfredo Contreras Méndez, de Bacalar.

Pero la culpa no es sólo de los municipios, sino de los diputados locales que otorgan  aprobaciones de nuevos créditos al vapor –no de forma gratuita, hay que decirlo– sin meditar en el grave daño que provocan al erario y a los habitantes de los municipios, que a fin de cuentas son los que pagan los platos rotos.

Desde el Congreso se debe imponer el orden y no permitir que se siga arrasando con las finanzas municipales cada tres años.

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