Chetumal, 28 Nov
(Por Esto Q Roo).
El Pacto de Austeridad anunciado por el gobernador Carlos Joaquín González es una farsa, porque el gobernador y funcionarios seguirán viajando en aviones privados y conservarán sus onerosos sueldos de más de 100 mil pesos mensuales; porque la repartición de los recursos se irá directo para el gobernador y sus colaboradores más cercanos mientras que los sectores sociales serán ahorcados con el presupuesto.
Además, al tiempo que se aplica la “guillotina del cambio” con una imparable ola de despidos, se comete un derroche innecesario para remodelar la casa de gobierno y estrenar nuevas y costosas oficinas, así como la creación de nuevos y onerosos cargos sólo para que el gobernador pueda cumplir con el pago de favores adquiridos en campaña; además de que ha quedado demostrado que es una mentira el supuesto ahorro con el refinanciamiento de la deuda, porque el pago de intereses de la misma aumentará en 20 mil millones de pesos más.
El pasado 23 de noviembre, y con la ausencia de la sociedad quintanarroense, el gobernador Carlos Joaquín González presentó el llamado Pacto de Austeridad, estrategia que presuntamente busca el ahorro de recursos en diferentes áreas, como los honorarios, combustibles, la renta de avión para el Ejecutivo, la renta de edificios en Benito Juárez, medios de comunicación, consultorías y asesorías, viáticos, apoyos a equipos profesionales deportivos, asistencia a particulares, asistencia a organizaciones civiles, duplicidad de programas con la federación y refinanciamiento de la deuda.
A pocos días de haberlo presentado, el Pacto de Austeridad fue puesto en duda y quedó como una falacia más del gobernador, porque dentro de este se establece que se seguirán derrochando recursos para la renta del avión ejecutivo, los cuales ascenderán a 81.2 millones de pesos al año, bajo el pretexto de que aunque el gobernador y funcionarios seguirán haciendo uso de vuelos privados, pero ahora lo harán menos que el gobierno anterior.
Dicha noticia levantó las críticas de los quintanarroenses en redes sociales, quienes se quejaron de que se sigan cometiendo excesos en cosas innecesarias como son los aviones privados, cuando una verdadera austeridad sería que se corten de tajo los recursos destinados a estos lujos.
Dentro del Pacto de Austeridad también se dice que uno de los objetivos es resguardar los empleos existentes y generar otras fuentes de trabajo con mejores salarios, cosa que resulta contradictoria si se habla de los despidos masivos ejecutados por el gobierno del estado y los ayuntamientos de Solidaridad, Cozumel, Bacalar y Othón P. Blanco.
La propuesta de austeridad para el ejercicio de gobierno 2016-2022, plantea una reducción en sueldos y salarios y compactación de plazas, pero ésto no se ve en la Iniciativa de Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017, porque el sueldo planteado para el gobernador seguirá siendo de 152 mil 576 pesos mensuales, en tanto que el salario de los secretarios de Gobierno llegará hasta los 103 mil 536 pesos al mes, un insulto comparado con el ingreso de la clase obrera que sobrevive con el salario mínimo de menos de 74 pesos al día.
Además de que no se reducirán los sueldos de los altos funcionarios del gobierno del estado, Carlos Joaquín también ha creado más de éstos puestos de altos sueldos, por lo que queda demostrado que aquí tampoco habrá austeridad para su grupo de colaboradores cercanos.
La austeridad es una farsa que afectará sólo a las familias quintanarroenses, porque el gobernador Carlos Joaquín González ha derrochado en la creación de nuevos puestos sólo para cumplir con sus compromisos adquiridos en campaña, como el gran premio que otorgó a Miguel Ramón Martín Azueta al crearle, de un plumazo, el puesto de jefe de Oficina del Ejecutivo, cargo que no existía en el organigrama de la administración estatal.
A pesar del rechazo ciudadano hacia Miguel Ramón Martín Azueta, el gobernador Carlos Joaquín le creó un insultante y oneroso puesto como jefe de la oficina del gobernador, a través del cual Miguel Ramón actuará como secretario de Gobierno de facto, convirtiendo en un artículo decorativo al titular de esa dependencia, el panista Francisco López Mena.
Los excesos cometidos por el gobierno del cambio han sido descarados y no han tenido el más mínimo respeto hacia la sociedad quintanarroense, porque Carlos Joaquín también creó, con la complacencia y servilismo del Congreso del Estado, los puestos de 3 nuevos magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), que costarán a los quintanarroenses más de 60 millones de pesos el próximo año y que se hicieron con el objetivo de tener sometido y controlado al Poder Judicial, además para que el ejecutivo pueda seguir cumpliendo el pago de favores que le hicieron llegar al poder.
Otro excesivo e innecesario gasto que va en contra de la austeridad pregonada por el gobierno joaquinista, es la costosa remodelación de la Casa de Gobierno, de la cual los funcionarios como el secretario de gobierno, Francisco López Mena; el oficial mayor, Manuel Alamilla Ceballos; y el secretario de Finanzas y Planeación, Juan Vergara Fernández, han dado declaraciones contradictorias o han evadido hablar sobre la justificación de la obra, violando, además, el principio de la transparencia.
En el Pacto de Austeridad supuestamente se reducirá el gasto de las rentas de oficinas en Benito Juárez, quedando en 2.1 millones de pesos anuales; pero no se está incluyendo la costosa renta y construcción de nuevas oficinas sólo para cumplir los caprichos de los funcionarios del nuevo gobierno, como el secretario de la Sedesi, Julian Ricalde Magaña, quien en breve estrenará costosas oficinas en la ciudad de Chetumal, rentadas también para pagar su aportación de campaña al hotelero Norman Angulo.
Aunque el objetivo del plan de austeridad es presuntamente optimizar recursos por el orden de los mil 801 millones de pesos anuales, el gobernador Carlos Joaquín González sigue sin explicar ni justificar la desproporcionalidad en la asignación del presupuesto a ejercer para el 2017, donde se observan excesos para órganos que no cumplen un objetivo social y cuya única función es estar al servicio del Ejecutivo, mientras que otros sectores que resultan benéficos para los quintanarroenses los pretenden ahorcar en recursos con una reducción presupuestal.
El proyecto de presupuesto en manos del Congreso del Estado demuestra que al gobernador Carlos Joaquín González no le importa Quintana Roo ni su pueblo, sino que sólo le preocupa llenarse de recursos para él, su familia y sus colaboradores más cercanos, así como para los fuereños, principalmente procedentes de Puebla y Yucatán, a los que se comprometió a meter a medrar al erario de esta entidad, violando descaradamente las leyes, y con la complicidad del Congreso del Estado y el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, que han avalado la traición a sus paisanos.
En el reparto del presupuesto se nota el trato de favorito que tiene Miguel Ramón Martín Azueta sobre el panista Francisco López Mena, pues mientras a la Oficina del Ejecutivo le quieren dar un aumento de 367 por ciento respecto al año pasado, para dotarlo de la grosera asignación de casi 113 millones de pesos, a la Secretaría de Gobierno, encabezada por López Mena, la están haciendo de menos en el proyecto presupuestal 2017, pues le están bajando los recursos a 135 millones 761 mil 14 pesos, que representa 32 millones de pesos menos que los asignados en el presupuesto 2016, cuando tuvo 168 millones 67 mil 288 pesos.
Por otro lado, Juan Vergara Fernández, socio y prestanombres del exgobernador Joaquín Hendricks Díaz, que fue el principal operador de Carlos Joaquín en las pasadas elecciones para la compra de votos, el próximo año estará recibiendo 721 millones 969 mil 445 pesos que quedarán para su uso discrecional a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, de la que es su titular, sin que exista justificación en algún programa de impacto social para tan insultante gasto.
Dicha cantidad representa 228 millones de pesos más que la asignada a la misma dependencia en este 2016, cuando recibió 493 millones 668 mil 401 pesos; pero es sólo el pago porque ahora Juan Vergara Fernández ha sido operador del gran engaño que es el refinanciamiento de la deuda pública, operación por la cual los quintanarroenses sufrirán un aumento de 20 mil millones de pesos en el costo del endeudamiento, en lugar de bajar su carga; así como del aumento de impuestos que se plantea en el paquete fiscal del próximo año, también después de haber mentido a los empresarios sobre que no habría nuevos impuestos.
También para favorecer a Juan Vergara se contempla un aumento de más de mil 300 por ciento al fantasmagórico Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado (Indefin), que sube su presupuesto de un millón 323 mil pesos a 18 millones 724 mil pesos, sin que tenga ya funciones claras y efectivas, puesto que se creó para ser intermediario de la contratación de deuda pública y, según el actual gobierno, ya no se contratará más deuda y, además, el refinanciamiento de la deuda actual se debe concluir el 12 de diciembre de este año, de modo que no tiene ningún sentido darle 17 millones de pesos más, sino pagar compromisos del secretario de Finanzas.
Y aquí también hay que tener en cuenta que, para su lucimiento y cumplir compromisos con Televisa, Carlos Joaquín ha dispuesto destinar 45 millones de pesos a la Fundación Teletón.
Lo mismo ocurre con el presupuesto para el Poder Legislativo, donde los serviles diputados del PAN y el PRD se subirán más de 95 millones de pesos en el presupuesto, pues en el 2016 el Congreso del Estado tuvo 340 millones 767 mil pesos, y para el 2017 quiere dilapidar 435 millones 872 mil pesos, lo cual acentúa que se trata de los diputados más caros del país. Mientras, a la Auditoría Superior del Estado, donde no han podido colocar a un funcionario servil al nuevo gobernador, no le quieren subir el presupuesto, y pretenden dejarlo con los mismos 110 millones 157 mil 168 pesos del año pasado.
El Poder Judicial se salvó de ser de los ahorcados, porque Carlos Joaquín necesita que se paguen los sueldos de los tres alfiles que colocó en el Tribunal Superior de Justicia, por lo que le respeta el 2.27 por ciento que le corresponde del presupuesto general, que es algo más de 599 millones de pesos.
Mientras que Carlos Joaquín, su familia y colaboradores más cercanos se pretenden hinchar con recursos el próximo año, existen sectores que a pesar de representar un bien social y/o dar protección a los quintanarroenses, serán ahorcados con el prespuesto de 2017, como la Reserva de Contingencia, Salud, Insfraestructura y Transporte, Turismo, y el Instituto Quintanarroense de la Mujer.
La Secretaría de Salud será duramente afectada con el presupuesto del próximo año, al pasar de 54 millones 40 mil 903 pesos que ejerce en este 2016, para quedar en 48 millones 272 mil 843 pesos que se le asignarían en el 2017, es decir, tendrá una reducción de 5 millones 768 mil 60 pesos.
La Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) también sufrirá una reducción del presupuesto en 2017, porque bajará de 113 millones 729 mil 762 pesos a 111 millones 495 mil 830 pesos.
La Secretaría de Turismo será una de las más ahorcadas en el ámbito presupuestal, porque el gobierno joaquinista pretende disminuir sus recursos en 23.5 millones de pesos menos que los asignados en el presente año, porque en el 2016 recibió un presupuesto de 79 millones 303 mil 148 pesos, y para el 2017 se le asignarán 55 millones 715 mil 268 pesos; y esto a pesar del supuesto interés que tiene Carlos Joaquín González en el sector, porque fue titular de esta dependencia y también subsecretario de Turismo federal.
En el proyecto de presupuesto de Carlos Joaquín queda claro que a su gobierno sólo le importa dilapidar para intereses personales el dinero del pueblo, puesto que al mismo tiempo que se aumentan el presupuesto de sus oficinas, reducen en más del 50 por ciento la partida destinada al Ramo de Inversión Pública.
Carlos Joaquín quiere destinar un mil 257 millones de pesos al Ramo de Inversión Pública, 53 por ciento menos que su antecesor Roberto Borge Angulo, que le asignó 2 mil 703 millones para el 2016; así que también el refinanciamiento de la deuda tampoco se reflejará en más obras públicas para los quintanarroenses, porque la inversión pública se reducirá drásticamente el próximo año.
El proyecto presupuestal 2017 también debilitará al Instituto Quintanarroense de la Mujer, que bajará en 24 por ciento sus recursos a ejercer, al pasar de 48.12 a 36.77 millones de pesos, resultando contradictorio al sentir de diversas organizaciones no gubernamentales que han expresado su preocupación dado el aumento de violaciones a los derechos de las mujeres, principalmente en la zona norte del estado.
La Reserva de Contingencia caerá abruptamente de 124.3 millones ejercidos en el presente año, a 75.7 millones a ejercer para el próximo año, es decir, tendrá una reducción presupuestal del 39.09 por ciento, por lo que se estaría poniendo en riesgo la integridad de la población en general si se llegara a suscitar una emergencia meteorológica.
