Notas

Indaga la PGR sobre red de corrupción de Roberto Borge

Chetumal, 4 Abr

Fernando Olvera. (Diario Q Roo).

La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó en días pasados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) información sobre los recursos financieros de familiares y amigos del ex Gobernador Roberto Borge Angulo, ante las fundadas sospechas de que se habría incurrido en el delito de lavado de dinero en la compra de 25 terrenos.

Datos recabados por el que esto escribe confirmaron que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) pidió a la CNBV darle a conocer los movimientos financieros de ocho personas y nueve empresas como parte de la carpeta de investigación EIORPIFAMQR/0000749/2016.

En este sentido, la instancia federal está investigando las cuentas bancarias de María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex mandatario; las de Claudia Romanillos Villanueva, ex directora del Instituto del Patrimonio de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (Ipae); las de Santiago Samuel Jiménez, empresario gasolinero y representante de algunas inmobiliarias, así como las de Edgar Manuel Méndez Montoya, Jorge Luis Cárdenas Bazán, César Celso González Hermosillo y María de Lourdes Pinelo Nieto, secretaria del padre del ex Gobernador.

Al respecto, las empresas que también están siendo investigadas por la compra de terrenos de alta plusvalía a precios muy por debajo de su valor comercial son Caveri Servicios Inmobiliarios, Inmobiliaria Maguves, Posada Diving Ranch y Rancho La Posadita, Inmobiliaria Maltico (Colegio Alexander), Estemar del Caribe, Inmobiliaria Cigarra y Desarrollo Xcacel y Protección de la Tortuga.

Cabe destacar que la indagatoria en cuestión derivó de las denuncias que interpuso el actual Gobierno, encabezado por Carlos Joaquín González, en la que se detallan 25 contratos de enajenación de terrenos entre 2011 y 2014 a cargo del Ipae, con una extensión total de siete millones 118 mil 309 metros cuadrados y un valor comercial de cinco mil millones de pesos.

Como se recordará, dichos bienes fueron asegurados por la PGR el pasado 24 de febrero al considerarse que al menos 10 no eran susceptibles de venta y que prácticamente todos fueron subvaluados y rematados a familiares y miembros del círculo cercano a Borge Angulo, siendo que el que más terrenos adquirió fue Samuel Jiménez, con 10; seguido de Méndez Montoya, con cinco, y la madre del ex Gobernador, con cuatro.

Sobre este punto, no se puede perder de vista que, como hemos documentado con oportunidad, en el listado arriba señalado figuran terrenos ubicados a la orilla del mar que fueron rematados hasta en 50 pesos por metro cuadrado, y es así como seis se ubican en el municipio de Tulum; cinco, en Cozumel; cuatro, en Benito Juárez; otros cuatro, en Othon P. Blanco; tres, en Solidaridad; uno en Isla Mujeres y otro más en Bacalar.

Por cierto, llama poderosamente la atención que uno de los predios asegurados no figure en el listado elaborado por el Ipae ni se consigne la razón de su ausencia.

Ahora bien, en la relación de los otros 24 inmuebles, como señalamos líneas arriba son tres los nombres recurrentes que aparecen como beneficiados con las transacciones, estos son: Santiago Samuel Jiménez Moreno, César Celso González Hermosillo y Melgarejo y María Rosa Yolanda Angulo Castilla.

Aquí vale la pena subrayar que Jiménez Moreno es socio del empresario Ricardo Vega Serrador, conocido como “el zar de las gasolineras”, y que González Hermosillo y Melgarejo es abogado de la familia Borge y socio fundador de “Barcos Caribe”, así como de la inmobiliaria “Caracol 65”, ambas sociedades presuntamente propiedad de Roberto Borge Angulo creadas a través de prestanombres, de acuerdo con una denuncia presentada por la organización civil “Somos tus Ojos”.

Como se sabe, una decena de los 25 predios asegurados fueron adquiridos por Jiménez Moreno a título personal o como representante de distintas empresas, por ejemplo, uno de esos terrenos abarca cuatro mil 184.16 metros cuadrados y se ubica en el Lote 001, Manzana 002 de la Supermanzana 003, Región 17, de la zona residencial de Playa del Carmen, de acuerdo con el contrato de compra-venta fechado el 27 de septiembre de 2006, en el que el empresario aparece como representante de la inmobiliaria “Maltico, S.A. de C.V. Colegio Alexander”, siendo que el título de propiedad fue expedido el 2 de octubre de 2013, ya durante la administración de Borge Angulo, destacándose que el metro cuadrado fue vendido en 140 pesos, es decir, el pago fue de 585 mil 782 pesos, cuando el costo real debió ser de ocho millones 458 mil pesos.

Como es de suponerse, la operación representó para el susodicho una verdadera “ganga”, pero para el Estado una pérdida de siete millones 872 mil 785 pesos. Actualmente ese mismo terreno está valuado en 12 millones 552 mil 480 pesos.

Asimismo, en la Zona Hotelera de Cancún, el antes citado, en lo particular y como representante del Grupo Caveri Servicios Inmobiliarios, aparece como propietario de cuatro terrenos: El primero, de 50 mil 001.28 metros cuadrados, se ubica en la zona de sascaberas y conforme al contrato de compra-venta fechado el 7 de febrero de 2005 se vendió en 50 pesos el metro cuadrado, en otras palabras, se pagó un total de dos millones 500 mil pesos, cuando debieron pagarse 95 millones 787 mil 430 pesos, por lo que la pérdida para el Estado fue de 93 millones 287 mil 366 pesos, siendo que el terreno vale actualmente 150 millones de pesos.

Los otros tres lotes miden cuatro mil 436.039 metros cuadrados, tres mil 905.25 metros cuadrados y mil 990.75 metros cuadrados, respectivamente; siendo que por la dirección se presume que se trata de los terrenos del CREA que fueron vendidos por el Gobierno de Félix González Canto a Caveri, ya que no existen datos del contrato de compra-venta de ninguno, pero en los dos últimos mediaron convenios modificatorios del 31 de marzo del 2014 y los títulos del propiedad se liberaron el 2 de abril de ese mismo año.

Aquí es importante consignar que se desconoce cuánto se pidió por metro cuadrado en el caso del primer terreno, pero se indica que se debieron pagar 231 millones 369 pesos y que el precio actual es de casi 250 millones de pesos.

Por los otros dos, Caveri pagó a ocho mil 300 pesos el metro cuadrado, haciendo un total de 49 millones 348 mil 519, cuando el valor real de ambas propiedades era de 300 millones 736 mil 707, lo que provocó un daño patrimonial para el Estado de 251 millones 387 mil 187, dejándose en claro que esos terrenos alcanzan hoy un valor comercial de 324.3 millones de pesos.

Pero ahí no para el asunto, ya que de esa decena de propiedades que el Ipae vendió a Jiménez Moreno, el caso más escandaloso es el del terreno de 474 mil 817.19 metros cuadrados localizado en el Santuario de la Tortuga Marina Xcacel-Xcacelito, no sólo por estar dentro de un área natural protegida estatal, sino porque previo a la compra-venta hubo un despojo a empresas españolas.

De acuerdo con lo que se dio a conocer el año pasado, la empresa Galapazul poseía un terreno con poco más de 200 mil metros cuadrados de superficie a la orilla de la playa, siendo que los datos que amparaban la legítima propiedad de la compañía en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPyC), fueron presuntamente borrados y luego el Ipae vendió el terreno a la empresa representada por Jiménez Moreno, misma que se denomina “Desarrollo de Xcacel y Protección de la Tortuga Marina”. Sin embargo, no sólo le vendieron el predio arrebatado al particular, sino que le sumaron otros 200 mil metros cuadrados hasta alcanzar una superficie total de 467 mil 904.86 metros, con frente de playa.

Oficialmente la compra-venta se realizó el 22 de diciembre de 2011 por 23 millones 395 mil 243 pesos, a plazos, mediante un contrato de confidencialidad y un posterior convenio modificatorio del 6 de mayo de 2014. El metro cuadrado de ese terreno, con una espléndida playa, casi virgen, con exuberante vegetación y cenotes inexplorados, se vendió en 50 pesos, cuando su valor real era 219 millones 058 pesos. Aunque el Ipae maneja una pérdida para el Estado de 195 millones 663 mil pesos, en realidad, el Gobierno de Borge Angulo se hizo de 23 millones de pesos al haber despojado a la empresa española de su propiedad, cuyo valor comercial actual es de 237 millones 408 mil 595 pesos.

Como si no bastara con lo ya descrito, Jiménez Moreno se hizo también de propiedades en Tulum, compradas al Ipae el 19 de septiembre de 2016, 14 días antes de que Borge Angulo dejase el poder.

Según trascendió, el empresario adquirió un terreno de 28 mil 753 metros cuadrados y otro de casi seis mil.

Si bien el Ipae no cuenta con copia del título de propiedad, se lee que por metro cuadrado pagó 300 pesos y, por ambos, desembolsó al contado, 10 millones 425 mil 378 pesos, cuando el precio real era de 23 millones 052 mil 590, generando una pérdida para el Estado de 12.5 millones de pesos.

Antes de esa operación, el multicitado había comprado, a través de la Inmobiliaria Maguyes S.A. de C.V., un predio de dos mil 981 metros cuadrados, también en Tulum, por el que desembolsó un millón 639 mil 973, cuando su valor comercial era de cuatro millones 235 mil pesos.

Otro de los terrenos asegurados por la PGR se encuentra en Chetumal, mide dos mil 498.80 metros cuadrados y fue adquirido por la Inmobiliaria Cigarra, también representada por Jiménez Moreno. La fecha del contrato de compraventa no aparece, pero obra un convenio modificatorio del 12 de noviembre del 2014. El título de propiedad fue obtenido el 8 de diciembre de ese mismo año.

En este tenor, se sabe que la inmobiliaria pagó 800 pesos por metro cuadrado, siendo el monto total de un millón 999 mil 040 pesos, cuando el valor real del terreno era de 21 millones 771 mil 206 pesos. La pérdida para las arcas estatales fue de 19 millones 772 mil 166 pesos y el valor actual del inmueble alcanza al día de hoy los 22 millones 988 mil 960 pesos.

No obstante lo insultante que resultan las operaciones de Jiménez Moreno a costillas del patrimonio de los quintanarroenses, César Celso González Hermosillo y Melgarejo también compró al Ipae un predio de 19 mil 899.32 metros cuadrados en Cozumel, en un millón 989 mil 932 pesos, cuando debió pagar nueve millones 794 mil 826 pesos. La fecha de la operación no aparece en el expediente, pero sí la referencia sobre un convenio modificatorio del 16 de mayo de 2011.

De acuerdo con los datos recabados, el título de propiedad se expidió el 26 de julio de ese mismo año y el metro cuadrado de ese predio costero se vendió en 100 pesos, lo que derivó en un daño patrimonial para el Estado de siete millones 894 mil pesos, siendo que actualmente vale casi 12 millones de pesos.

Cabe señalar que entre los bienes asegurados por la PGR están cuatro predios que Rosa Yolanda Angulo Castilla –madre del ex Gobernador- compró al Ipae, uno de estos con una superficie de cuatro mil 432.73 metros cuadrados que pagó en plazos, de acuerdo con el contrato de compra venta del 13 de marzo de 2009.

En diciembre de 2010 medió un convenio modificatorio y el 13 de septiembre de 2013, con su hijo gobernando, obtuvo el titulo de propiedad pagando 986 mil 860 pesos, cuando su valor real era de 12 millones 507 mil pesos, en otras palabras, pagó 200 pesos por metro cuadrado y el Estado dejó de recibir 11 millones 520 mil 809 pesos, fruto de esa venta.

De igual manera, el 13 de marzo del 2010, la señora compró otro terreno, pero de 44 mil 421 metros cuadrados, siendo que aunque la superficie era muchísimo mayor que el anterior, pagó aún menos por metro cuadrado (137 pesos), pero más en total: Seis millones 108 mil 004 pesos, por un terreno que valía 29 millones 065 pesos. El Estado perdió 22 millones 957 pesos en esa operación.

Asimismo, también compró un terreno de 47 mil 638.79 metros cuadrados en la misma isla. Su título se expidió el 22 de noviembre de 2013 y pagó los mismos 137.50 pesos por metro cuadrado, siendo que en total desembolsó seis millones 084 pesos, pero el valor del predio era de 34 millones 648 pesos.

Por si fuera poco, se sabe que adquirió un predio costero más, de 111 mil 763.81 metros cuadrados, en 15 millones 367 mil 523.88 pesos, cuando el valor real era de 73 millones 577 mil 873 pesos, pero aquí lo que llama la atención es que, además de la pérdida para el Gobierno, de 58 millones 210 mil pesos, lo dio en cesión de derechos el 29 de abril de 2015 a la empresa Siyenat del Caribe, representada precisamente por Celso González Hermosillo y Melgarejo.

Finalmente, en la lista de 25 bienes asegurados, otro que también aparece es Edgar Méndez Montoya, con seis inmuebles. El empresario se vio favorecido con muchos contratos para obras que quedaron inconclusas, a través de su empresa Grupo Desarrollador Rumega –creada en mayo de 2011- siendo que en total le fueron presuntamente asignadas 245 licitaciones por parte de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra).

Mendez Montoya compró en 2013 dos terrenos en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, de 759 y 590 metros cuadrados. El primero lo pagó de contado con un millón 518 mil pesos, cuando su costo era de nueve millones 328 mil 735 pesos.

El segundo le costó un millón 181 mil pesos, cuando valía cuatro millones 872 mil pesos.

En este contexto, también compró en Akumal un predio de 498.57 metros cuadrados y otro en Tulum, de 500 metros cuadrados, en 2013, los cuales pagó al contado y en los que mediaron sendos convenios de confidencialidad, aunque trascendió que pagó un millón 246 mil pesos por uno y 750 mil pesos por otro, cuando sus valores reales eran de cuatro millones 490 mil pesos y un millón 344 mil pesos, respectivamente. Otros dos predios suyos, en Bacalar y Chetumal, también fueron asegurados.

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