La ley del INPI

Visión Intercultural

Francisco J. Rosado May
fjrmay@hotmail.com
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El 4 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley que promulga la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), sustituyendo a la anterior Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Dada la importancia que AMLO le ha dado a los asuntos y papel de los pueblos indígenas en su gobierno, con la publicación de dicha ley quedaron atrás las posiciones acerca de que los asuntos relacionados con los Pueblos Indígenas deberían ser atendidos a nivel de una Secretaría o, como también se discutió, a nivel de Subsecretaría de la Secretaría del Bienestar (antes SEDESOL).

Los asuntos relacionados con los Pueblos Indígenas son muchos y diversos. Se necesitaba de una figura que tuviese impacto transversal en todas las otras instancias de gobierno, sean Secretarías u organismos descentralizados. Bajo las difíciles condiciones de inicio de un nuevo gobierno, la figura del Instituto fue la mejor opción.

La Ley del INPI nace sobre bases conceptuales diferentes a las de sus predecesores, INI (Instituto Nacional Indígena) y CDI; por ejemplo, considerar a los individuos y pueblos indígenas como sujetos de derecho. Sin embargo, también tiene tres premisas sobre las cuales descansan los escenarios para su aplicación debida. 

La primera premisa es la de respetar las formas tradicionales de toma de decisiones a nivel comunidad. Existen básicamente dos formas que se articulan entre sí. La primera es la asamblea, o su equivalente, comunitaria; ahí se ventilan los asuntos de interés comunitario, siguiendo usos y costumbres que han demostrado eficacia, transparencia, respeto y participación a través de muchos años de práctica. La segunda es la opinión de personajes, líderes naturales, que gozan de mucho respeto genuinamente ganado en su comunidad y han demostrado muy altos valores y principios en su vida cotidiana relacionada con la naturaleza, con su familia y con su sociedad. Para que estas formas de toma de decisiones mantengan su eficiencia, es menester que no existan injerencias externas, que actores ajenos a las comunidades se abstengan de influir en los procesos de toma de decisiones.

La segunda premisa se basa en que la aplicación de la Ley del INPI será sin discriminación o distingos entre las comunidades de los Pueblos Indígenas. Nadie que está familiarizado con los retos que enfrentan las comunidades indígenas es ajeno a los casos de favoritismo que incentivan el clientelismo a favor de alguna persona o interés ajeno a la propia comunidad. Acciones de favoritismo y clientelismo han provocado división entre las comunidades y entre las personas, socavando las formas tradicionales de toma de decisiones, creando un tejido social pernicioso, ineficaz, y provocando la ampliación de brechas de desarrollo entre diferentes segmentos de una sociedad.

La tercera premisa es la unidad entre los integrantes de una comunidad y entre las comunidades. Esta premisa es complementaria e indispensable para las dos anteriores. La historia ha demostrado una y otra vez que aquellos pueblos en cuyas comunidades hay armonía, unidad, mecanismos para crear consensos y buena gobernanza, son pueblos prósperos, con paz social, participando activa y eficazmente en el desarrollo sostenible de sus regiones o países sin perder su propia identidad. Comunidades unidas enfrentan con mayor éxito varios retos como los rezagos en educación, salud, infraestructura, derechos humanos, producción de alimentos, creación de empleos, etc. Con unidad, la toma de decisiones es participativa, transparente, comunitaria y hay mejor flujo e innovación de ideas que resultan de los procesos mentales de construcción de conocimiento que han resuelto retos gigantescos en el devenir histórico de los pueblos originarios. 

A toda la sociedad de una región o país, especialmente al gobierno, le conviene aplicar las premisas antes mencionadas. Si bien ha habido y aun persiste, la injerencia de intereses externos a una comunidad, nuestra sociedad se encuentra actualmente frente a una paradoja: si se siguen las malas prácticas de injerencia se mantendrán los mismos niveles de subdesarrollo y rezagos históricos en las comunidades indígenas. En realidad, no se mantendrían los mismos niveles de subdesarrollo, sino que serían peores porque otros segmentos de la sociedad estarían avanzando y rezagando aún más a los indígenas. Si se cambia la forma de relación con esas comunidades, como lo que subyace en la Ley del INPI, podemos apostar a nuevas formas innovadoras, de relaciones humanas para enfrentar los retos del desarrollo.

Pero lo que está siendo cada vez mas visible es que cuando un segmento de la población de una región o país está rezagado, las demás también ven frenado su desarrollo. En otras palabras, la paradoja es entre una relación de perder-perder, manteniendo las viejas prácticas, o de ganar-ganar, innovando nuestras prácticas con las tres premisas antes mencionadas. Debemos apostar a una sociedad que establezca condiciones de ganar-ganar. Y no hay tiempo que perder.

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