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La tortura del Ombudsman

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En una acción nada habitual, el Ombudsman quintanarroense, Harley Sosa Guillén, emitió el pasado miércoles una fuerte recomendación contra la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por un caso comprobado de tortura que involucra a mandos policiacos de la Judicial en perjuicio de dos ciudadanos, a los que se les acusó de estar involucrados en la masacre del bar “La Sirenita” de Cancún.

La intervención de la Comisión de Derechos Humanos (Cdheqroo) en el asunto pone presión sobre la Procuraduría, ahora bajo el mando de Carlos Arturo Álvarez Escalera, quien con tan sólo unas semanas en el cargo tendrá una difícil prueba acatando esta recomendación que evidencia que la tortura es una práctica común en las corporaciones de seguridad.

Esto no es nuevo. Según estadísticas del último lustro los más acusados ante derechos humanos son los policías judiciales, generalmente por abusos de autoridad, seguidos muy de cerca por la policía estatal preventiva y las municipales.

Sin embargo, las tibias recomendaciones de la Cdheqroo en contra de la Procuraduría en el pasado fueron olímpicamente ignoradas, pues apenas llegaban eran depositadas en el cesto de la basura y no pasaba nada.

Por eso la puntual intervención de Sosa Guillén causa extrañeza, ya que por primera vez la recomendación lleva puntos específicos que deberán ser cumplidos a cabalidad por el nuevo Procurador, so pena de ser calificado como cómplice y solapador de la tortura como método para inculpar inocentes, arrastrando en el proceso la imagen pública de la PGJE.

La Cdheqroo pide a la Procuraduría que se inicie de inmediato un proceso administrativo en contra de quien ocupaba la dirección de la Policía Judicial estatal en el tiempo que ocurrieron los hechos, que irónicamente fue durante la gestión como Procurador del ex titular de Derechos Humanos, Gaspar Armando García Torres.

También se pide investigar a los agentes judiciales señalados como responsables, y de ministerios públicos y secretarios que omitieron su responsabilidad de proteger la integridad de los ciudadanos retenidos.

Pero la recomendación va más lejos, ya que exige una sanción conforme a la ley para los responsables; una disculpa pública a las víctimas y que la dependencia les proporcione atención médica, psiquiátrica y psicológica.

Con esto, Harley Sosa sentó un precedente para las demás corporaciones policiacas y sus mandos que tendrán que poner las barbas en remojo.

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