Notas

Millonario ecocida impune

CANCÚN, 22 de abril.-

A más de dos años y cinco meses de haberse ordenado la demolición del hotel Mayan Palace, por edificarse sobre una reserva ecológica, el hotel funciona a su máxima capacidad sin que ninguna autoridad haga nada al respecto.

Incluso, se había manejado la posibilidad de que se destruyera parcialmente y que pagara una millonaria multa por el daño infringido a la flora y fauna nativa, pero hasta la fecha tampoco erogó ningún peso, porque el dueño del emporio, Daniel Chávez Morán, recibió la protección del entonces presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa.

Morán, nacido en Delicias, Chihuahua, en 1952, es Ingeniero Civil de la Universidad de Guadalajara y es unos de los cien empresarios más importantes de México; después de estos enredos ecocidas, aunque sigue en el Grupo Vidanta –que centraliza todas sus actividades económicas– se autonombra como un “filantrópico millonario” que hace obras de caridad, cuando lo cierto es que ha impuesto su propia ley a los diversos gobiernos estatales (se ignora porqué Félix González Canto no hizo nada al respecto) y federales (las dependencias fueron obligadas a servir a los intereses del magnate) , en base a sobornos, chantajes, compadrazgos y amiguismos.

DOCUMENTOS ESPURIOS

Daniel_Chavez_Moran
Daniel Chávez Morán

Después de una lucha legal de varios años, el seis de octubre de 2011, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (4TC), con sede en la ciudad de México, rechazó el amparo de la empresa Desarrollo Marina Vallarta (filial del Grupo Mayan), echando por tierra las intenciones de mantener en pie la construcción del hotel Mayan Palace, un complejo turístico en la Riviera Maya.

Así, el poderoso operador de una de las cadenas turísticas más grandes de México se tambaleaba, a pesar de contar con siete cadenas hoteleras (Sea Garden, Mayan Palace, TheBliss, The Grand Mayan, The Grand Bliss, Mansions of the World y Grand Luxxe) con una facturación anual de 750 millones de dólares, que suman siete mil cuartos y 14 mil empleados, además de una operadora de campos de golf y hasta una desarrolladora de infraestructura hotelera.

Este escollo en la Riviera Maya tuvo su origen en una denuncia realizada por un tercero –un trabajador despedido– a través del cual se descubrió que la empresa involucrada proporcionó datos inexactos o falsos a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) respecto de la ubicación geográfica del desarrollo. Esto significó que las autorizaciones de construcción otorgadas en base a información fraudulenta fueron aprovechadas para cometer un ecocidio, construyendo en otro lugar; lo que finalmente hizo que se declararan nulas, al negarles el amparo el Tribunal Colegiado.

El amparo era contra la decisión del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) que precisamente le anuló los permisos, tal como consta en las actas firmadas por el magistrado presidente, Jesús Antonio Nazar Sevilla, y por los magistrados Jean Claude Andre Tron Petit y José Patricio González Loyola Pérez.

Todo ello implicaba una decisión clara contra hoteleros ecocidas: la obra realizada carece de justificación, por lo tanto tenía que demolerse todo lo construido, al resultar inválidas todas las autorizaciones a las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA).

FALLO IGNORADO

La situación era grave porque la empresa obtuvo permisos para un área no restringida y construyó en otra zona en la que sí hay prohibiciones de tipo ambiental y en las que se advertía que cualquier obra, así fuese mínima, requería de un estudio especial a nivel ecológico.

No obstante, los poderosos empresarios lograron –a través de sus relaciones con el presidente Felipe Calderón y, como se sabe ahora, con miembros del  Partido Verde Ecologista– que no se les obligara a demoler el edificio. En su lugar, las autoridades buscaron que se les aplicara una jugosa multa que reparara el daño, debido a que argumentaban los inversionistas, que el complejo turístico estaba terminado y en funcionamiento (es decir, es más fácil pedir perdón que pedir permiso).

El Mayan Palace, con los documentos del 2004, tenía autorizados dos mil 800 cuartos, con una densidad de 21 cuartos por hectárea, en un predio con un superficie total de 133.35 hectáreas. Después de los litigios legales, se hizo una disminución en el papel a dos mil 429 cuartos, lo que equivaldría a una densidad inmobiliaria de 18 cuartos por hectáreas. Por supuesto, nadie sabe si lo respetó.

El hotel cuenta con Centro de Convenciones, cuatro restaurantes, piscinas, boutiques las áreas exteriores y la infraestructura complementaria, servicios de apoyo, vialidades, andadores, estacionamientos, cuartos de maquinaria y enfermería, así como un campo de golf ejecutivo que abarca un total de 30.53 hectáreas. También tendrán un teatro del Cirque du Soleil con inversión de 20 mdd.

En su momento, los magistrados consideraron que “la demolición puede no ser lo mejor para remediar el impacto ambiental causado; sin embargo, se conmina a las autoridades ambientales a decidir qué partes del desarrollo deben destruirse y cuáles conservarse, pero sujeto a la condición que la desarrolladora deberá reparar el daño ecológico ocasionado y compensar por el detrimento en perjuicio del medio ambiente y de la sociedad en general.”

Se dejó a la Semarnat la autoridad de calcular todo el daño a la ecología para que “la empresa contaminadora mitigue, repare o indemnice el daño causado, así como lograr el respeto y cumplimiento de las disposiciones legales vigentes previstas para el corredor turístico Cancún-Tulum, toda vez que la sociedad en general no debe ser quien sufra las consecuencias derivadas de la actuación negligente de la desarrolladora turística mencionada”.

EN ÁREA PROTEGIDA

Antes del amparo de Mayan Palace, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa había resuelto de manera favorable, el diecisiete de agosto de dos mil cinco, el expediente 11/2002, en el cual el titular de la Semarnat decretó la nulidad de las resoluciones DFQR/849/2000, de quince de junio de dos mil; DFQR/1237/2000, de seis de septiembre de dos mil y DFQR/812/2001 de nueve de octubre de dos mil uno, a través de las cuales se autorizaban los complejos denominados “Campo de Golf Ejecutivo Par-3” y “Desarrollo Turístico e Inmobiliario Mayan Palace Cancún, Secciones Tikal, Uxmal y Tulum”.

 En el  2011, el Tribunal de lo Contencioso revocó el amparo y exigió que los dueños del hotel cumplieran las obligadas acciones para obtener nuevos permisos. Incluso se publicó en la Gaceta Ecológica que se había ingresado a la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental una nueva Manifestación de Impacto Ambiental, con la clave 23QR2011T0026 para regularizar el complejo turístico.

De este modo, la sociedad anónima que construyó el Mayan Palace se hacía merecedor de un castigo severo por haber destruido la fauna y la flora silvestre y en peligro de extinción de más de 60 hectáreas de terreno que estaban protegidas, como se publicó en el Diario Oficial de la Federación del “Acuerdo de Coordinación para el Ordenamiento Ecológico de la Región denominada Corredor Cancún-Tulum, celebrado entre el Gobierno Federal –por conducto de las Secretarías de Desarrollo Social y Turismo,- y el Gobierno de Quintana Roo, con la participación de los Municipios de Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad”, y en él se daba cuenta de que las unidades territoriales de gestión ambiental, identificadas con los números T-35, T 36 y T-37, donde se construyo el Mayan Palace, contemplaban una política de conservación y aprovechamiento, con una vocación de uso de suelo apta para la conservación.

Los pagos por daños ecológicos son de millones de dólares, más aún sí se tenía en cuenta que con alevosía y ventaja se cometió el ecocidio y que todo fue omitido por soborno, corrupción o compadrazgos.

Nada se dice por parte de los ecologistas; nada de parte del Partido Verde (que los tiene en su agenda de surtidores de mujeres y amigos entrañables). Queda, no obstante, en las actuales autoridades que se pueda enmendar algo. Alguien tiene que hacer justicia, por lo menos para que se demuestre que no hay impunidad, y tal vez con ello se puedan evitar que otros desarrollos inmobiliarios sigan el mismo camino de destruir el medio ambiente.

Daniel Chávez Morán tiene planeado invertir en el sexenio de Enrique Peña Nieto dos mil millones de dólares, y con ese argumento, considera que nadie será capaz de frenar su actitud de rapiña.

Fuente: Rafael Santiago (QUEQUI)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba