Notas

Necesaria reforma al Tribunal de “Justicia”

A Tiro de Piedra

Una cosa no es justa por el hecho de ser ley.
Debe ser ley porque es justa
Montesquieu

Julián Santiesteban
.

El Congreso de Quintana Roo deberá modificar, antes de octubre del presente año, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, no sólo para que las arcas estatales dejen de “sangrarse” por parte de los ex magistrados, sino para que el ahora ex procurador de justicia estatal, Gaspar Armando García Torres, pueda ser nombrado de nuevo magistrado en esa instancia.

gaspar2En 2013, se estableció el llamado “haber de retiro”, en términos llanos una pensión vitalicia para aquellas personas que hayan estado 12 años o más en la función de magistrado, y en esos dos años cuatro ex funcionarios han costado a la entidad casi seis millones y medio de pesos, y este año se añadirían dos más, Norma Loría Marín y Manuel Ávila Fernández, quienes fueron designados como magistrados de número desde octubre del 2003 y reelectos en 2009, y concluyen su encargo el próximo mes.

Desde hace ya algunos años, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado se han caracterizado por representar todo menos lo que dicen impartir; es decir justicia, pues además de las nada modestas pensiones, se encuentras sus excesos; desde la permanencia por más de veinte años de manera irregular en el cargo, hasta “torcer” la ley para despojar de predios a sus mismos familiares.

Si no fuera suficiente, apenas en julio del presente año, el magistrado presidente, Fidel Villanueva Rivero fue reelegido por parte del Congreso estatal en el cargo de presidente, cuando las estadísticas de la instancia que encabeza y que debiera impartir justicia es el más claro ejemplo de lo contrario, pues el ochenta por ciento de los reos de las cárceles de Quintana Roo permanecen sin sentencia y aun así pasan la vida en prisión.

En términos simples, ocho de cada diez reos de las cárceles del estado están encerrados sin sentencia alguna, la autoridad no ha determinado su culpabilidad o inocencia. Si el caso fuera que son delincuentes pues ya están tras las rejas; pero ¿y los inocentes, aquellos que viven en la cárcel por “errores” de la autoridad? A todos esos un “usted disculpe” no les remediará la vida. Esa es la muestra más clara del desempeño en el Tribunal de (In)Justicia de Quintana Roo.

Con todo lo anterior como contexto, el próximo mes concluyen su hibernación; perdón, su encargo, dos magistrados más, y se especula con el regreso de Gaspar Armando García Torres a una de las vacantes, de donde salió al inicio de la administración del gobernador Roberto Borge Angulo, para ocupar el cargo de procurador general de justicia; sólo que para que ello sea posible debe modificarse el artículo 101 de la Ley Orgánica del Tribunal, pues su fracción VII establece como requisito para ser magistrado “no haber sido gobernador, secretario de Despacho o su equivalente, procurador general de Justicia, senador, diputado federal o local, ni presidente municipal, durante el año previo al día de su designación.”

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Como se observa, el Poder Legislativo tiene la oportunidad de corregir las enormes distorsiones a la norma vigente, a la vez de posibilitar el regreso de García Torres como magistrado; y aunque el diputado presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Pedro Flota Alcocer, declaró recientemente que no existe iniciativa alguna para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, el ex procurador, según el periódico La Verdad, “despejó toda duda de su salida de la Procuraduría, ya que en breve se incorporará al equipo cercano del gobernador del Estado, lo que permite tener proyectos inmediatos… también…mediatos como es regresar a ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia.”

Pero es claro pues que, si García Torres se incorpora al servicio público, no podrá ocupar cargos de primer nivel, si es que pretende regresar al Tribunal de Justicia; por lo menos no en la presente administración estatal.

Así, aunque la modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Quintana Roo no mejorará la impartición de justicia en la entidad, evitará por lo menos que quienes “vegetan” como magistrados sigan medrando las arcas estatales luego de su encargo, y se posibilitará el regreso de García Torres al cargo que dejó hace poco más de cuatro años. La palabra la tienen los diputados locales y la responsabilidad de corregir errores como la reelección de Villanueva Rivero, aunque nada lo compense; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.

Como siempre, le dejo notas que fundamentan lo expresado.

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