Ni de adivinar cuál será el método infalible para proteger a los ciudadanos de la delincuencia organizada como la que abate en Quintana Roo en sus aduares turísticos, si no de precisar la tranquilidad de futuro de los quintanarroenses y visitantes.
Pero eso no depende de solo el deseo, sino que aparece un decreto proclamado por el mandatario quintanarroense, Carlos Joaquín González, sin signos ni colores partidistas, sino prioritariamente, por la seguridad de propios y extraños.
El gobernador de Quintana Roo tomó la decisión de asumir el mando de la Dirección de Seguridad Pública en Solidaridad, “ante la situación de emergencia que se vive”, dijo, de forma temporal y con el propósito de restablecer el orden público y resguardar la seguridad de las personas.
La alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, como defensora de la ley que ordena en forma clara y patente que no se debe intervenir o invadir al municipio libre, es conducta pretextada, –de mala fe–, sin pensar en la seguridad de la gente.
Ante los señalamientos de la alcaldesa solidaridarense -de ser objeto de violencia política-, el gobernador aseguró que se platicó con todos los presidentes municipales porque lo importante es el trabajo en equipo para ofrecer seguridad a los ciudadanos con estrategias conjuntas.
La brega contra la delincuencia en el Estado a menudo tiene poco de heroicidad y mucho que pudiera fallar –responsable e irresponsablemente- a sabiendas de eso el decreto exige tener una fuente de seguridad al frente y lo que se haga será bueno para combatir la delincuencia.
Cargando su propio costal de rabietas, la alcaldesa de Solidaridad, por el estrecho mando al frente de la seguridad pública municipal durante la batalla contra la delincuencia organizada en la Riviera Maya, expone entresijos legales allí donde un día encuentran un cadáver y, al otro día, también.
El referente es que ahora la alcaldesa coloca como aliño la terquedad que añade al debate político al ponerse bajo reflectores diciendo que el decreto emitido por el gobernador “es violencia política” -y no por su incapacidad de mando, por lo que la delincuencia ha rebasado a la autoridad municipal en Solidaridad.
Con más razón, al reconocer el decreto obliga a la práctica amplia, rigurosa y consciente de evaluación de resultados que impone estar en guardia respecto a los datos que arroja el cuartel de inteligencia del alto mando policial.
Necesario entonces es ratificar el decreto emitido por el gobernador. La mala decisión que afecta de inseguridad a miles de personas no puede darse el lujo de permanecer sin inmutarse o de ir cada quien por su lado. Todo es necesario para parar la delincuencia, porque hoy la aldea solidaridarense propicia el decreto al saber al instante cuánto daño acontece a diario.
Con insistencia tratan de explicar el por qué no cumplen esa fundamental regla de oro de paz y seguridad empleando argumentos legaloides. Se trata de aplicar una virtud que implica conocimiento, sagacidad y destreza.
El sostén de todo el Derecho Constitucional, por deberse al gobierno propio de un pueblo sin exclusión del que pretenda imponerle otra noción de mando, no es requisito esencial del derecho de autodeterminación e independencia, sino que es para obtener la seguridad de la gente. Por lo tanto, sí es lícito el decreto para intervenir e injerirse en aras de un nuevo derecho con la responsabilidad de proteger a la gente.
