Chetumal, 27 Octubre
Por Esto Q Roo
Desesperados es como se encuentran decenas de trabajadores que fueron despedidos por el gobierno del estado y los ayuntamientos de Solidaridad, Bacalar, Othón P. Blanco y Cozumel, ya que siguen sin pagarles las últimas quincenas que estuvieron laborando antes de que sean echados a la calle.
Al gobierno de Carlos Joaquín González no le bastó con dejar sin trabajo a decenas de burócratas que confiaron en él, sino que además sus despidos se hicieron de manera ruin y abusiva, tratándolos con odio y violentando sus derechos laborales.
Decenas de estos trabajadores fueron corridos desde el 30 de septiembre y otros más en la pasada quincena de octubre, pero el revanchismo político es tanto que los titulares de diversas dependencias y los ayuntamientos afines a Carlos Joaquín se preparan para arremeter con una nueva ola de despidos, que se debe dar el próximo fin de semana.
Uno de los tantos abusos e ilegalidades que se han dado en contra de las familias afectadas es que a la mayoría de los extrabajadores no les han pagado las últimas quincenas que laboraron, debiéndoles a muchos su quincena del 30 de septiembre y también la del 15 de octubre.
La ley obliga al empleador a pagar cada uno de los salarios en tiempo y forma, y bajo ninguna circunstancia puede retener el sueldo de sus trabajadores.
En este caso el gobierno del estado, a través de sus diferentes dependencias, así como los ayuntamientos de Solidaridad, Bacalar, Othón B. Blanco y Cozumel, están cometiendo una grave ilegalidad al retener y no pagar el sueldo de decenas de burócratas que despidieron con la entrada del nuevo gobierno joaquinista, quienes fueron echados a la calle sin la menor consideración y de una forma que violenta los derechos humanos y laborales.
A mucha de esta gente la tienen dando vueltas y con la promesa de que serán recontratados o reubicados, pero eso no exime a los empleadores de no pagar el sueldo de sus trabajadores, siendo algo que hasta la fecha no han hecho.
Por otro lado, se sabe que los trabajadores están siendo amenazados para que no demanden, pues les dicen que si lo hacen ya no les pagarán las quincenas que les deben; o simplemente les piden que se esperen en lo que acomodan los espacios para volverlos a integrar.
En cualquiera de los casos se recomienda a los afectados que interpongan su denuncia formal, ya que la ley establece un máximo de 4 meses para poder hacerlo, y si en ese tiempo no proceden quedarán en total indefensión sin que tengan respaldo legal alguno.
