VIVAS

“Palo” al Congreso del Estado

Chetumal, 19 Mayo

(Por Esto Q Roo).

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó los procedimientos de juicio político que la XV Legislatura inició contra los ciudadanos Víctor Vivas Vivas, Nora Leticia Cerón González y Vicente Aguilar Rojas, magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), tras resolver que el Congreso del Estado de Quintana Roo carece de las facultades para instaurar este tipo de acciones contra estos funcionarios, que fueron nombrados por el Senado.

Tal y como los diario POR ESTO! habían dado a conocer de manera oportuna, se ha empezado a caer el teatro de los juicios políticos que armó la XV Legislatura en contra de exfuncionarios y magistrados del estado, procedimientos que están siendo encabezados por las bancadas del PAN, PRD, Panal, PES, Morena y dos diputados independientes.

A pesar de que en el ámbito jurídico se ha hablado que este tipo de procedimientos se están haciendo al “vapor” y sin un sólido sustento legal, no ha importado a los diputados joaquinistas en su afán de lucimiento mediático, así como de revanchismo y protagonismo político en este tipo de asuntos que sólo han servido para estancar y dilatar los trabajos de la XV Legislatura, frenando otros temas que son de relevancia social para el estado.

La actuación facciosa de la XV Legislatura ha quedado en evidencia este día, tras la determinación del TEPJF para revocar los procedimientos de juicio político iniciados contra los ciudadanos Víctor Vivas Vivas, Nora Leticia Cerón González y Vicente Aguilar Rojas, magistrados del Teqroo.

Con 5 votos a favor y 2 en contra, el Trife dio validez a los juicios para la protección de los derechos político-electorales (JDC) que fueron interpuestos el pasado 18 de abril por los ciudadanos Víctor Venamir Vivas Vivas, Nora Leticia Cerón González y Vicente Aguilar, en su calidad de magistrados del Teqroo.

Estos juicios quedaron asentados en los expedientes SUP-JDC-0259-2017, SUP-JDC-0260-2017 y SUP-JDC-0261-2017, y fueron interpuestos con la finalidad de impugnar el dictamen emitido por la Comisión de Justicia de la XV Legislatura por lo que determinó procedente la denuncia de juicio político presentada en contra de los magistrados, por supuestamente haber incurrido en actos y omisiones con motivo del desempeño del cargo que ostenta; señalando también como responsable al Congreso de ese estado.

Luego de analizar los expedientes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el Congreso del Estado de Quintana Roo carece de las facultades para instaurar procedimiento de juicio político en contra de magistrados integrantes del Teqroo, ya que esto se encuentra fuera del ámbito de sus competencias.

Con eso se dio marcha atrás y se dejaron sin efecto todos los trabajos realizados por la XV Legislatura con relación al procedimiento de juicio político contra los magistrados de Teqroo Víctor Venamir Vivas Vivas, Nora Leticia Cerón González y Vicente Aguilar.

Esto deja mal parados a los diputados de la XV Legislatura, porque se pone en evidencia la falta de conocimiendo y preparación del diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, quien preside la Comisión de Justicia del Congreso local; así como el interés faccioso del diputado panista Eduardo Martínez Arcila y el diputado perredista Emiliano Ramos Hernández, quienes se han encargado de encabezar el tema de los juicios políticos en contra de exfuncionarios y magistrados del estado.

Pero también se demuestra el mal trabajo de aquellos diputados que aprobaron los procedimientos de juicio político en contra de los magistrados del Teqroo, porque sólo estuvieron trabajando en vano y extralimitándose en sus funciones, cuando bien pudieron dirigir esos esfuerzos para sacar otras propuestas que hubieran traido un verdadero beneficio a los quintanarroenses.

Después de este quemón de los diputados del PAN, PRD, Panal, PES, Morena y dos independientes, al Congreso del Estado no le quedó de otra que acatar las determinaciones tomadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Y es que si bien la búsqueda de la justicia debe ser un pilar de todo gobierno, lo que el Congreso del Estado pretendía era violar las atribuciones conferidas en la ley para buscar a toda costa la destitución de los tres magistrados del Teqroo, ya que al hacerlo no sólo consumarían sus actos revanchistas contra la administración anterior, sino que además darían en bandeja de plata al gobernador Carlos Joaquín para que pudiera promover a nuevos magistrados a modo que estén subordinados a su gobierno.

Cabe mencionar que en la exposición del caso en el TEPJF se acusó que el dictamen de la Comisión de Justicia y su aprobación por el Pleno del Congreso del Estado son violatorios del principio de legalidad al ser considerados “actos de molestia emitidos por autoridad incompetente”.

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