Notas

Profepa, tapadera de irregularidades en ME

Cancún, 19 Dic

(Quequi).

El pasado 14 de diciembre, la delegación estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) emitió un comunicado en el que asegura que en las instalaciones del hotel ME by Meliá no se retiraron los sellos de clausura ni se registran trabajos; el documento está disponible hasta hoy en la página electrónica de la dependencia. No obstante, registros fotográficos desmienten una versión, que al ser oficial, pone en duda la probidad de la institución federal en su conjunto, advirtió Lenin Amaro Betancourt, presidente de la Asociación de Legisladores de Quintana Roo (Alqroo).

Ante estos hechos, la asociación y los ciudadanos interesados han presentado ante la delegación estatal de la PGR registros fotográficos que no sólo demuestran que los sellos fueron retirados, sino que aún hay trabajos realizados por personal debidamente ataviados con uniformes de trabajo de construcción en la zona de clausura, además de presentar los alegatos legales que suponen sanciones descritas en los artículos 400 y 420 Quarter del Código Penal Federal.

“Más aún, debe iniciarse una investigación a fondo por el cuestionable actuar de la delegación Quintana Roo de Profepa y de sus funcionarios públicos por omisiones y actos de presunta complicidad con el empresario o empresarios operadores del hotel. Como se recordará, cuando se hicieron los primeros señalamientos, la delegación argumentó un supuesto amparo en favor de la empresa, el cual ahora sabemos es inexistente”, explicó Amaro Betancourt.

Abundó que, en su caso, un amparo se promueve cuando el presunto infractor cumple con la ley y solicita el amparo para demostrar que le asiste la razón, “un amparo no es, en ningún caso, una patente de corso para delinquir; pero luego resulta que la propia dependencia señala que, lejos de ello, la empresa no cuenta siquiera con la Manifestación de Impacto Ambiental y por el contrario, sí pone en riesgo especies de la vida silvestre y se encuentra dentro de un Área Natural Protegida”.

“Ahora resulta que, la empresa sigue trabajando aun cuando fueron clausurados los trabajos, que retiran sellos, y la delegación pretende hacernos creer lo contrario; es importante hacerle saber a la delegación que la aplicación de la ley rebasa los intereses particulares y más aún, una dependencia no puede hacerse cómplice, ello es un acto definido como asociación delictuosa y es penada”, advirtió Lenin Amaro.

Por lo anterior, en el documento que se ha entregado ante la PGR se exige una investigación a fondo por la presunta comisión de actos sancionados en la propia Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos que, en todos los casos en que se demuestra la participación de uno o varios funcionarios públicos en actos ilegales, se imponen sanciones que no alcanzan fianza y por el doble de la penalidad prevista para quien resulta responsable.

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