Notas

Profepa tiene en la mira 20 casos de ecocidio en Bacalar

Chetumal, 25 de septiembre
Juan Juárez Mauss

Veinte procesos de investigación en contra de propietarios de predios sobre daño ecológico a la Laguna de Bacalar y su entorno  tiene la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en Quintana Roo.

Según datos aportados por personal de la Coordinación de Normatividad y Gestión Ambiental del ayuntamiento de Bacalar, estos casos están siendo analizados por la instancia federal para determinar el daño que causaron los propietarios de los predios al medio ambiente de la laguna de los siete colores.

En su mayoría, las faltas detectadas son por obras de ampliación de sus casas y por no respetar la zona federal, que en algunos casos han rellenado con material de construcción zonas de mangles.

La fuente consultada detalló que en muchas ocasiones los dueños de las propiedades  prefieren que la autoridad les aplique una multa económica por no sacar el permiso de impacto ambiental, a que se le niegue el permiso de construcción, pues estando ya dañado el entorno natural, causaría mayor daño retirar lo construido.

 Uno de los sitios en donde la PROFEPA ha detectado que se lleva a cabo esta política de “pedir perdón en lugar de pedir permiso” es la zona conocida por los lugareños como la  “privada de la impunidad”, ubicada en la calle Costera Norte, en donde funcionarios, empresarios y hasta suspirantes a una posición política en el venidero proceso electoral, han construido lujosas mansiones sobre zonas de mangle.

 La orilla de la laguna de Bacalar este año 2015 ha sido una de los cuerpos lagunares más dañados del Estado de Quintana Roo, así lo testifican las múltiples clausura de edificaciones por parte de la PROFEPA.

El pasado 2 de Julio, personal de la dependencia clausuró temporalmente el predio “El tejón” por la destrucción de vegetación forestal en 63 mil 540 metros cuadrados sin permisos de  cambio de uso forestal ni impacto ambiental

Pero antes, en el mes de abril, esta misma dependencia federal, clausuró de manera temporal obras y actividades de Construcción en el ejido  Aarón Merino Fernández debido a la falta de autorización para llevar a cabo cambio de uso de suelo en terreno forestal. Asimismo, se constató la construcción irregular de dos palapas dentro de un ecosistema y vegetación colindante a la Laguna de Bacalar, situación que afecta la zona.

En Febrero de este año, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró de manera parcial una empresa dedicada a la recolección, transporte y acopio de residuos peligrosos, cuyo centro de almacenamiento era inadecuado. Las actividades realizadas por la empresa representan un riesgo inminente de desequilibrio ecológico, daño o deterioro grave a los recursos naturales y, en su caso, de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes, y para la salud pública.

El caso más reciente sucedió el pasado mes de agosto, cuando  un empresario  metió a las aguas de la laguna una retroexcavadora para realizar trabajos de dragado en su propiedad.

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