¡Se acabó el fuero en Quintana Roo!

Uno por Uno | Ángel Ramírez Hernández

Por fin, diputados de la Décimo Quinta Legislatura del Congreso Local se pusieron de acuerdo, por lo menos la mayoría y aprobaron reformas a diversas disposiciones legales, mediante las cuales se elimina el fuero constitucional a funcionarios públicos del estado, lo que permitirá que enfrenten la justicia, cuando vulneren o transgredan algún ordenamiento jurídico, como cualquier hijo de vecino.

De entrada la reforma suena interesante, sin embargo falta ver que en los próximos días no saquen el “AS” bajo la manga, o como diría mamá jarocha la contrahierba.

Y sí mire, queda clara la aprobación para acabar con el fuero; pero la pregunta obligada, ¿Habrá voluntad política para meter a la cárcel a la “bola” de funcionarios públicos que saquean las arcas públicas?, híjole, primero habríamos que pedir que se acabe la corrupción y la impunidad, el mal que lastima y mancha al Sistema Político Mexicano desde lo más profundo de sus entrañas.

Hoy vemos funcionarios públicos en la cárcel, muy pocos aún, contados diría; pero hasta ahora a ninguno les quitan el dinero que se llevaron de manera ilícita, ahí están los Granier, los Duarte, los Borge y todos los que usted quiera nombrar, los encierran cual circo romano, bajo circunstancias muy particulares, siempre beneficiando intereses de grupo y después los sueltan; pero bueno el primer paso ya está.

El Pleno de la Decimo Quinta Legislatura del Congreso local aprobó, con 19 votos a favor y dos en contra, del PVEM, reformas a la Constitución local, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y al Reglamento para el Gobierno Interior, para eliminar las figuras de fuero constitucional y el procedimiento de declaratoria de procedencia; pero pregunto bajo esta lógica, primero ¿Pedirán rendición de cuentas con todo el rigor a diputados de la actual Congreso?, ¿Los meterán a la cárcel cuando les comprueben enriquecimiento ilícito?, ¿O les seguirán permitiendo abusos de poder y saqueo a las arcas públicas?, como lo han hecho desde el inicio todos los diputados, empezando por el Presidente de la Gran Comisión del Congreso Local Eduardo Martínez Arcila, con sus excedidos viajes en avión y otros caprichos costosos, o los adelantados en campaña, la diputada Mayuli y Fernando Zelaya, entre muchos otros, la ciudadanía lo quiere ver.

Con estas reformas, la XV Legislatura responde al reclamo ciudadano; pero bueno el Congreso de Jalisco ya se les había adelantado desde el 15 de julio del 2016, ya se va a cumplir un año de esto, cuando eliminó la protección judicial a mil 598 funcionarios de ese estado en delitos del fuero común, incluida la figura del titular del Poder Ejecutivo, diputados locales y federales, magistrados, alcaldes, regidores, síndicos y algunos otros funcionarios; por cierto una iniciativa emprendida por el diputado independiente Pedro Kumamoto.

Si, el mismo diputado que redujo alrededor de 2 mil millones de pesos al financiamiento de campañas electorales en Jalisco, contempladas dentro de la iniciativa que hiciera el joven desde su campaña, “Sin Voto no hay Dinero”, la cual entró en vigencia el 1 de junio pasado, y que reducirá en el futuro, los recursos públicos a los partidos políticos, es decir, condiciona mayor presupuesto a candidatos que obtengan mayor número de votos, lo que es justo además de aplaudible. Esta iniciativa ojalá la incluyan nuestros diputados locales, lo que de entrada se antoja difícil.

Acordémonos que cuando Eduardo Martínez Arcila se sacó la lotería y llegó al Congreso Local, por repartición, dijo que metería una iniciativa para quitar la figura del Presidente de la Gran Comisión, lo que nunca creyó sucedería es que este cargo se lo darían de premio, y bueno la realidad usted la conoce, no hubo tal iniciativa, por lo menos no de parte de él, la plantean otros legisladores y esto por temores fundados.

Lo cierto que la aprobación que acaba con el fuero en Quintana Roo, no contempla o se reserva otras modificaciones propuestas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y esto textual: “Toda vez que ante la instauración del Sistema Estatal Anticorrupción resulta necesario expedir un nuevo ordenamiento en la materia de responsabilidades de los servidores públicos, que recoja los postulados de dicho sistema”. A ver con qué sorpresas nos salen después. En fin, seremos optimistas, hasta no ver lo contrario.

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