Notas

Se le cayó negociazo a Patricio de la Peña en Lagoon Lofts

Chetumal, 13 Mar

Fernando Olvera. (Diario Q Roo).

Si bien la red de corrupción que tejió Patricio de la Peña Ruiz de Chávez en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) se anotó varios “éxitos” que le redituaron jugosas ganancias a lo largo de por lo menos cinco años, ya sea embargando lujosas propiedades o congelando millonarias cuentas bancarias mediante juicios laborales simulados bajo la complicidad del entonces subsecretario de la STyPS en la Zona Norte, Enrique de la Cruz Pineda; del ahora ex presidente de la Junta Especial Número 2 de Conciliación y Arbitraje, Alexis Zavala Avila, y del otro director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPyC), Carlos Lima Carvajal, hoy flamante magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), lo cierto es que con el caso de la empresa Lagoon Lofts, S.A. de C.V. se topó con pared.

Datos recabados por el que esto escribe confirmaron que fue en el año 2014 cuando 21 supuestos trabajadores interpusieron una demanda por despido injustificado, la cual, como es de suponerse fue objeto de un juicio laboral que se desahogó totalmente “en lo oscurito”, con la única finalidad de apoderarse de 51 condominios del exclusivo complejo residencial que dicho consorcio edificó en el interior del club de golf Pok Ta Pok, manzana 44, lote 2, sección B, en el llamado “corazón” de la Zona Hotelera de Cancún, los cuales en ese entonces tenían un valor de 48 millones 072 mil 140 pesos.

Con base en los testimonios de los apoderados legales de esta sociedad mercantil, la cual se dedica a la compra, venta, arrendamiento, subarrendamiento, administración, mantenimiento, construcción y supervisión de toda clase de bienes inmuebles como terrenos, hoteles, spas, condominios, casas, locales, plazas comerciales, departamentos y fraccionamientos, fue el 25 de septiembre de 2014 cuando se les notificó de un embargo de tipo definitivo promovido ante la Junta Especial Número 2 de Conciliación y Arbitraje por Jorge Carlos Castro Dzul, Guillermo Sánchez Domínguez, José Armando Castro González o González Castro, Miguel Angel Madrigal Loría, Luis Armando Castro Dzul, Benito de la Cruz López, José Irene Uh Tzakum, Mario Manuel Sánchez Castro, Ervin Efraín Arceo Chan, Moisés Gaudiano Morales, José Alonso Chi Góngora, Mario Hernán Gutiérrez Monjiote, Angel Antonio Gaudiano Aguilar, Belisario Palma García, Rudi Manuel Pool Chan, Víctor Guillermo Uh Tun, Francisco Casanova Escalante, Eyder Israel Betancourt Campos, Felipe Domínguez Aguilar, Miguel España Sánchez y Domingo de la Cruz Tun Canché.

Como es de suponerse, al conocer de lo anterior, los afectados acudieron al RPPyC en Cancún para revisar el estado de todos y cada uno de los 62 condominios que forman parte del complejo arriba mencionado, percatándose que, en efecto 51 habían sido confiscados según oficio número JECA-02/1482/2014, expediente 1049/2012.

En este sentido, lo grave del asunto es que la empresa nunca fue emplazada a juicio y no tenía adeudo alguno con los supuestos terceros perjudicados, amén de que desconocía quienes eran los supuestos demandantes.

Ante tal situación, se dirigieron a la Junta Especial Número 2 de Conciliación y Arbitraje donde, para no variar, de acuerdo con el “modus operandi” de la mafia comandada por De la Peña Ruiz de Chávez, les negaron no sólo la existencia del juicio laboral de referencia, sino las constancias de los autos del mismo e, incluso, les negaron el acceso al boletín o lista de estrados que establece el Artículo 739 de la Ley Federal del Trabajo.

Al respecto, una vez que se percataron de todo podría tratarse de un descarado atraco, los abogados de este conglomerado, el 29 de septiembre de 2014 a las 15:24 horas presentaron una demanda de amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito, radicada bajo el número 1083/2014, en contra de los actos realizados en el juicio laboral número 1049/2012, consistentes principalmente en la falta de llamamiento o de notificación y/o emplazamiento.

De igual forma, el día 9 de octubre de 2014 presentaron un escrito ante la Junta Especial Número 2 de Conciliación y Arbitraje solicitando una copia certificada del expediente de dicho juicio, siendo que la misma se les entregó un mes y dos días después, tras una serie de pretextos que les pusieron para emitirla, entre estos: Que la encargada del archivo estaba enferma, que estaba en “acuerdo”, que el expediente estaba guardado en la oficina del presidente de la junta, que la licenciada “Marichui” era la encargada de sacar la copia y no había aparecido durante varios días por las oficinas y hasta que el presidente de la junta estaba incapacitado y lo tenía archivado en su oficina.

Una vez con el expediente, el 11 de noviembre de 2014 los agraviados pudieron corroborar que, si bien se emitió una convocatoria de remate de los departamentos embargados, lo cierto es que no se elaboró avalúo alguno, esto sin contar con que ninguno de los supuestos trabajadores demandantes había prestado sus servicios para ellos.

Asimismo, se sabe que el 19 de diciembre de 2014, pese a todas las irregularidades existentes, Lagoon Lofts, S.A. de C.V. fue despojada de 62 inmuebles, pese a que sólo 51 de ellos fueron embargados por la autoridad laboral, siendo que en dicha diligencia nunca se permitió el acceso a sus apoderados ni al inicio de la misma ni cuando esta concluyó.

Aquí vale la pena destacar que los actuarios de la STyPS bajo el mando de De la Peña Ruiz de Chávez, además de los 11 departamentos que no estaban sujetos a embargo, también despojaron a la empresa de los muebles que estaban en los mismos con un valor global de 500 mil pesos de ese entonces, lo cual motivó a que interpusieran una denuncia penal ante el Ministerio Público.

Ahora bien, cuando todo parecía indicar que el atentado contra este consorcio inmobiliario había sido certero, como los demás que ya se habían consumado, de manera sorpresiva el 21 de mayo de 2015, el Juzgado Cuarto de Distrito, al igual que como sucedió en el caso del exclusivo complejo residencial Maioris Tower, decidió conceder el amparo solicitado en septiembre del año anterior, dando al traste con las malsanas intenciones de Patricio de la Peña y sus secuaces, quienes tuvieron que acatar las disposiciones de la justicia federal en cuanto a nulificar las ventas de los departamentos embargados y restituir la posesión de los mismos a sus legítimos propietarios.

Por cierto, el fin de esta historia se dio al momento de reponer el juicio laboral que se emprendió de manera ilegal en la Junta Especial Número 2 de Conciliación y Arbitraje, a fin de que cumpliese con las formalidades del emplazamiento, ya que, aunque usted no lo crea, de manera por demás “misteriosa”, los supuestos trabajadores desistieron de la demanda que interpusieron.

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