Notas

Se niega juez a torcer la ley

Cancún, 20 Julio /

Mario Morales Cruces. (Quequi).

La detención de un acaudalado empresario con nexos con el gobierno de Roberto Borge Angulo, derivado de una orden de aprehensión ordenada desde el Segundo Tribunal Colegiado federal, ha desatado una campaña de presión y desprestigio, con el fin de lograr que el juez que lleve el caso proceda en contra del derecho y ordene su liberación, bajo amenaza directa de ser destituido, proferida por un magistrado del Tribunal Superior de Justicia, José Antonio León Ruiz.

Molesto y lastimado, se dice el juez primero penal, Ezequiel Roldán Martín, quien en entrevista exclusiva para este medio, confirmó las presiones y amenazas directas que ha tenido desde el interior del Poder Judicial para favorecer a Diego Gutiérrez Marcos, las que se conjugan con una doble presión externa realizada por el abogado defensor, Mauricio Rodríguez Moreno, al denunciarlo ante la Fiscalía General del Estado, sin antes haber agotado las debidas instancias, y de intentar desprestigiarlo ante los medios de comunicación, acusándolo falsamente de estar confabulado con otra magistrada del TSJ, Verónica Acacio Trujillo.

Diego Gutiérrez Marcos fue arrestado a su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el pasado sábado, 8 de julio, procedente de un vuelo de la terminal de Heathrow (Londres), el 246 de British Airways. Con esta acción, los agentes del Ministerio Público pusieron fin a más de un año de búsqueda, pues esta persona contaba con una orden de aprehensión desde marzo de 2016, fecha en la que desactivó todas sus cuentas de redes sociales y se fugó a Ciudad de México, donde permaneció prófugo hasta que cometió el error de acudir a un evento social de su hija en la capital inglesa, esto activó las alarmas e hizo que las autoridades lo estuviesen aguardando a su retorno.

Antes de su traslado a Cancún, donde sería valorado e ingresado al Centro de Reinserción Social, se le notificó el motivo de su captura: la acusación de falsificación de documentos, cometida en 2010, mediante la cual logró la venta de dos terrenos que componían los activos de la empresa “Operadora Turística Costa Mujeres”, con valor estimado de 41 millones de pesos, en perjuicio de su socio, Rafael Obregón.

Desde que su socio descubriera el engaño, hace siete años, intentó infructuosamente, a través del litigio entablado por un despacho de abogados, de conseguir la restitución del daño; una y otra vez se le negaba la justicia: En primera instancia, el juez no halló delito qué perseguir; la apelación se mantuvo congelada por 12 meses, hasta que se interpuso un amparo por inacción; un día después, sorpresivamente, el magistrado resuelve que ya el delito había prescrito; entra un nuevo recurso y, posteriormente, una revisión. Eran los tiempos de Borge y Diego Gutiérrez Marcos contaba con influencia.

Fue finalmente cuando el caso llega a la justicia federal, al Segundo Tribunal Colegiado, que sus tres magistrados integrantes determinan, en marzo de 2016, que, en efecto, sí hay delito y perjuicio, por lo que ordena que se expida una orden de aprehensión, lo que es acatado por el magistrado Miguel Angulo Flota.

Después de un año de pesquisas, finalmente es presentado ante el juez primero de lo penal el acusado, quien es informado que, por tratarse de un delito no grave, tiene derecho a libertad provisional, en tanto garantice la restitución del daño, de 41 millones de pesos. Para este efecto, su abogado defensor ofrece como caución un terreno en Bonfil, en lo que fuera una sascabera.

El juez que lleva el caso, Ezequiel Roldán Martín, rechazó este terreno, pues no se presentó el avalúo catastral que exige la ley, sino un peritaje privado, por un valor muy superior al que se infiere por las fotografías.

Fue aquí donde comenzaron las presiones, pues recibió la visita del director de la Instituto de la Defensoría del Estado, Carlos Grajales Betancourt, en compañía del abogado defensor, a quien le pidió que le diera “todo el apoyo”. Roldán Martín, bastante incomodado, le contestó que lo haría, dentro de lo posible, en el marco legal.

Luego llegarían las llamadas del magistrado Antonio León, quien dijo estar muy interesado en el caso, por lo que preguntaba por los pormenores de los documentos ingresados y el avance del caso, reiterando que a Diego Gutiérrez se le da “todo el apoyo”.

Después que el juez rechazara la caución, la defensa ingresa un documento inaudito: el acusado, como parte de la sociedad “Costa Mujeres” le entregó un poder de apoderado a un tercero, Sergio Ceh Canto, quien ahora aparecía para perdonar el delito cometido; es decir, Diego Gutiérrez se “autoperdonaba”.

Este documento, posiblemente un acto de fraude procesal, fue igualmente rechazado por el juez. Es aquí cuando recibe otra llamada del magistrado León Ruiz, ya con otro tono.

“Después de explicarle que los documentos no cumplían los requisitos de ley”, narra, “el magistrado se frustró me dice, ‘no quise llegar a este punto y hablarte de esta forma, pero viene de arriba: eres un secretario de acuerdos, no juez, y viene tu destitución. Siéntate a pensarlo, porque depende de tu decisión lo que suceda’; esto claramente fue una amenaza”.

EL CASO ACACIO

Pero no fue la única táctica empleada por la defensa de Diego Gutiérrez, pues de forma simultánea interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado “por lo que resulte”, aunque aclarando que se trata de un tráfico de influencias. Para presentar este recurso, se citó a todos los medios.

“El juez ha dicho de manera frontal que son instrucciones de Verónica Acacio”, dijo.

“Es totalmente falso que yo haya dicho eso”, responde el juez. “El único encuentro que tuve con él fue en la audiencia con el director de la Defensoría, Carlos Grajales, y fue éste quien dijo que sabía que era un ‘caso de la magistrada’, lo que yo jamás acepté.

También le molesta el que lo cataloguen como un “impuesto” o improvisado, pues recalca que tiene 12 años de carrera judicial, labrada por esfuerzo propio desde abajo, como agente del MP, proyectista, defensor, secretario de acuerdos, entre otros puestos.

El abogado intenta aprovecharse de una circunstancia: Acacio formó parte del despacho que litigó este expediente, desde hace siete años; sin embargo, su mandato como litigante fue revocado en julio de 2016, seis meses antes de que asumiera como magistrada. Para entonces, tenía un año de no haber tocado el caso, pues realizaba una maestría.

Esto fue corroborado por separado por Marco de la Rosa, abogado de la parte agraviada. “Acusar un tráfico de influencias en este caso es absurdo, porque antes cuatro jueces se negaron a librar una orden de aprehensión, después de años viene un Tribunal Colegiado, federal, a exigir la detención del acusado”.

“Otro tema es que el caso originalmente estaba en el cuarto juzgado, que desapareció; los expedientes se repartieron entre los otros tres y por azar llegó al juez primero, Aquí está todo transparente, pero tratan de aprovechar el momento político para lanzar acusaciones y querer presionar a las autoridades para que fallen en este sentido”, declaró el abogado.

En su entrevista previa, el juez también había llegado a la misma conclusión: Existen recursos de apelación que pueden acceder, antes de brincarse a una denuncia penal, cuyo único propósito es presionar; pero yo me tengo que apegar al derecho, de lo contrario la parte opuesta, y con todo derecho, puede acusarme”.

En cuanto a las amenazas lanzadas por su superior, confía en que se respete la autonomía de los jueces y el estado de derecho, pero si resulta lo contrario, “por lo menos me iré con la frente en alto,”.

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