Notas

Sin agua, ni ley

A Tiro de Piedra | Julián Santiesteban

En marzo de 2015, comisiones de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen de lo que pretendían fuese la nueva Ley General de Aguas, iniciativa gravosa, que pretendió limitar el uso del recurso sólo a quienes habitaran en zonas urbanas y en cantidad no mayor a 50 litros diarios por persona. Aun cuando la normativa permanece estancada, la carencia del recurso ocurre no por restricción legal, sino incapacidad administrativa.

La iniciativa aprobada hace un año por las comisiones unidas de Agua Potable y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, quedó estancada ante la oleada nacional de protestas por lo violatorio que resultaba del derecho humano al agua, pues pretendía limitar el acceso al recurso; sancionar las investigaciones que se hicieran sobre el mismo, si no tenían la autorización expresa de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); e incluso la redacción de la norma establecía que gozarían del recurso únicamente las personas que residieran en asentamientos humanos urbanos. Vaya despropósito.

La carencia del recurso en México es severa, pues alrededor de “9 millones de personas no cuentan con el servicio de agua entubada y otros 13 millones, que habitan en zonas rurales y urbanas, a pesar de contar con el servicio, reciben en sus hogares el líquido sin las condiciones óptimas de saneamiento”, explicó en diciembre de 2015 el senador del PRI, Aarón Irízar, quien urgió el legislativo para destrabar la norma que permanece estancada, y que al ritmo que va no será aprobada durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

Es justamente en ese contexto en que se inscribe la protesta de los pobladores de la comunidad de San Antonio Soda, cuya inconformidad les fue favorable y por ello el Juzgado Primero de Distrito emitió a una resolución a favor ante su amparo colectivo por lo que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) está obligada a dotar del vital líquido a esa comunidad; ante ello, la respuesta de la dependencia fue que no cuenta con los 70 millones de pesos que requiere invertir, y que el punto más cercano en el que hay disponibilidad de agua se ubica a unos 17 kilómetros en línea recta.

Sin duda la inversión es significativa, si se considera que son 86 familias las que habitan la comunidad, ubicada en la zona limítrofe con el estado de Campeche –con quien Quintana Roo se disputa la propiedad de unos 5,643 kilómetros cuadrados-; pero tal vez si la CAPA mantuviera las mismas finanzas sanas de las que gozó hace años, y la rectoría en el servicio en municipios que generaban la mayor cantidad de recursos y que ahora operan organismos privados, la “imposibilidad” no sería tal. Eso se sabe bien en la paraestatal y en el Congreso del Estado, este último analiza ya la manera de atender la ordenanza judicial.

UN TIP DE CAMPAÑA

Durante las campañas políticas los candidatos suelen prometer lo que generalmente no cumplen, pero además los denominados opositores suelen echar en cara esos incumplimientos, aunque poco hagan para remediarlo fuera de procesos electorales; por ello no es extraño que las problemáticas se maximicen, al igual que las promesas de bienestar

Ante ello, no está nada mal que candidatos a todos los cargos de elección popular recorran la zona limítrofe, prometan calles, alumbrado, escuelas, becas; ¿y por qué no? Hasta agua potable; total, si se pierden las elecciones el compromiso se acaba, y si se ganan, siempre habrá un argumento para eludir el compromiso.

COLOFÓN

Con todo lo anterior, queda claro que, cuando una ley no imposibilita la actuación de una instancia pública, lo hace la incapacidad de quienes la dirigen; prueba de ello es que millones de mexicanos siguen sin contar con lo más fundamental, con agua potable. Y en Quintana Roo… bueno, aquí estamos en proceso electoral; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima. Sígame en twitter @julianisaac77

Como siempre, le dejo notas que fundamentan lo expresado.

http://www.jornada.unam.mx/2015/03/06/sociedad/042n1soc

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