Abogados poblanos contra exborgistas

Chetumal, 8 Septiembre
(Por Esto Q Roo)

Un grupo de 30 abogados externos, de los cuales 23 son de Puebla, fueron contratados por el gobierno de Quintana Roo para trabajar en la Fiscalía General del Estado (FGE), y al parecer son los encargados de integrar las carpetas de investigación en contra de exfuncionarios de la administración de Roberto Borge Angulo.

De acuerdo con datos recabados, los 23 abogados poblanos arribaron a esta capital del estado desde hace varios meses, con la encomienda de armar las carpetas de investigación en contra de exfuncionarios de la administración pasada que presuntamente cometieron algún ilícito.

Pero antes de eso, se ordenó dividir el área que ocupaba la agencia número uno del Ministerio Público, en el edificio de la Fiscalía General del Estado.

La mitad del área fue designada a los profesionistas poblanos y la otra parte la ocupó la Agencia Especializada para Adolescentes, mientras que un pequeño espacio que sobraba se les asignó a los médicos legistas.

En el área donde actualmente operan los abogados el acceso está cancelado para la ciudadanía, pues en la puerta del mismo hay un letrero que dice: “Acceso restringido, sólo personal autorizado”.

A las ventanas del área que ocupan los profesionistas poblanos se les dotó de protectores de herrería, no así a los espacios que ocupa el personal de la Agencia Especializada para Adolescentes y la de los médicos legistas.

Desde ese lugar los abogados poblanos, de acuerdo con datos recabados, han trabajado para integrar las carpetas de investigación en contra de exfuncionarios de la administración de Roberto Borge Angulo, a los que se señala de haber incurrido en delitos contra el patrimonio del estado.

Y es que en lo que va de la administración de Carlos Joaquín han sido presentados 16 expedientes para obtener órdenes de aprehensión contra varios colaboradores del gobierno pasado, de los cuales hasta la fecha han sido detenidos cuatro exfuncionarios, mismos que responden a los nombres de Mauricio Rodríguez Marrufo, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; Paulina García Achach, exsubsecretaria de la Seduvi; el exdirector de VIP Saesa, Carlos Acosta Gutiérrez; y Víctor Hugo Loyola Corona, exprocurador fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

De éstos, Paulina García Achach obtuvo el beneficio de seguir su proceso en libertad; mientras que Mauricio Rodríguez Marrufo y Carlos Acosta Gutiérrez fueron recluidos en el Cereso local de manera preventiva, en acato a las resoluciones de jueces de dudosa legalidad; y en el caso de Víctor Hugo Loyola Corona todavía no se determina su situación jurídica.

Lo cierto del caso es que al parecer los 23 abogados poblanos fueron contratados por el “gobierno del cambio” exclusivamente para la integración de carpetas de investigación en contra de exfuncionarios, lo que representa un fuerte gasto para el erario y deja en entredicho el programa de austeridad del gobierno.

Deje un comentario

catorce − cuatro =