Amparo y controversia constitucional contra polémica ley de alcoholes

Chetumal, 9 febrero
José Ramos (Por Esto Q Roo)

Empresarios relacionados con el giro de venta de bebidas alcohólicas de los municipios de Othón P. Blanco, Solidaridad y Benito Juárez, confirmaron que promoverán un juicio de amparo contra la entrada en vigor de la “ley de alcoholes” aprobada por los integrantes de la XV Legislatura.

El presidente de la Unión de Restaurantes, Bares y Similares (Uprobars), Joaquín Noh Mayo, anunció que tras considerar que la polémica ley no fue consultada y violenta los derechos e intereses del sector, serán entre Othón P. Blanco y Bacalar, alrededor de 120 afiliados los que interpondrán un recurso de amparo.

Además, expuso que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) ha ignorado las solicitudes de reuniones para encontrar solucionar el efecto negativo que tendrán las reformas en la Ley sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo, principalmente entre los diversos restaurantes, bares y similares.

El amparo busca combatir los horarios de funcionamiento, la anuencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para otorgamiento de horas extraordinarias, y el punto correspondiente a la seguridad interna y técnica, que impone obligaciones extraordinarias al empresario y lo hace responsable de la seguridad interior y exterior en el establecimiento.

Dichas disposiciones deberán comenzar a aplicarse a partir del 11 de febrero, según los artículos transitorios del decreto de reforma.

Por su parte, el Ayuntamiento de Othón P. Blanco anunció que este viernes se estaría interponiendo un recurso de controversia constitucional contra el gobierno del estado, por violentar la autonomía municipal con el contenido de la polémica ley.

La síndica municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández, explicó que la ley de venta de bebidas alcohólicas les resta facultades en el cobro de extensión de horarios y como consecuencia lesiona las finanzas del ayuntamiento.

Es importante mencionar que las medidas restrictivas impuestas en las reformas a la Ley sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo, que impactarán de manera negativa a los sectores restaurantero y de bares de la entidad, fueron impulsadas por diputados del Partido Acción Nacional (PAN), por una combinación de motivos ideológicos conservadores y propósitos recaudatorios.

La iniciativa de decreto por la que se reforman los artículos 5 y 25 y se adiciona el artículo 25 bis a la Ley sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, fue presentada por el diputado del PAN Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, con el solo propósito de limitar el horario de funcionamiento de los negocios, luego de que el titular del Ejecutivo presentó una iniciativa propia con la finalidad de coadyuvar en el combate a la delincuencia.

Los empresarios han insistido en que las reformas a la ley no consideran la vocación turística del estado, y no midieron el impacto que las limitaciones pueden tener, principalmente en los establecimientos ubicados en destinos como Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Majahual y Chetumal.

De acuerdo al artículo 25 bis que se adiciona a la Ley sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo, que fue presentado por el panista Eduardo Martínez Arcilla, se establece que el horario ordinario para venta de bebidas embriagantes será de las 11:00 horas a las 23:00 horas.

El 25 bis también establece que el horario extraordinario para la venta de bebidas será de 23:00 a 03:00 horas del día siguiente, de lunes a sábado, y de las 17:00 a 23:00 horas los domingos.

Es importante mencionar que la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en la entidad ha manifestado sus inconformidades respecto a las medidas y limitaciones que dejan las reformas a la “ley de alcoholes”.
Lo anterior por que el Dictamen de Anuencia de Seguridad que propone la reforma representa una gran carga administrativa y operativa para el desarrollo comercial del sector restaurantero, destacando la poca pertinencia de la periodicidad trimestral y la poca viabilidad técnica-económica para cumplir con dicho dictamen.

Además, la ley menciona sanciones extremas (clausura, revocación de licencia) para casos de delitos dolosos cometidos dentro o, incluso, en la vía pública frente a los negocios, lo cual daña la certidumbre del empresario, ya que lo hace responsable de factores externos a la propia operación del negocio.

En ese sentido, los diputados de la XV Legislatura, principalmente la fracción parlamentaria del PAN, estaría satanizando a los bares y restaurantes por la delincuencia que prevalece en el estado, a pesar de que el problema de inseguridad viene arraigado de situaciones de la corrupción, impunidad y la falta de efectividad de las autoridades para combatirlo.

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