Ante las puertas del infierno en el Caribe

Si el combate frontal a la corrupción del fallido antecesor cozumeleño Roberto Borge fue prioridad máxima en el primer tramo de su gobierno, Carlos Joaquín tiene que concentrarse en la desafiante violencia que hunde sus colmillos en Cancún, Playa del Carmen, Bacalar y Chetumal –nuestra capital–, con variadas manifestaciones del delito que incluye escenas dantescas: decapitados, descuartizados y víctimas alcanzadas por esas balas perdidas con puntería de francotirador.

Carlos Joaquín se apuntó un éxito político al mantener en la peor de las cárceles a Beto Borge, quien lo combatió con garrotazos de rencor pese a que el aspirante del PRI a la gubernatura era miembro del equipo del presidente priista Enrique Peña Nieto –Subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico en la Sectur– y hermano del exgobernador cozumeleño Pedro Joaquín Coldwell, entonces Secretario de Energía.

Beto Borge apostó su carta solitaria intentando sacar de la competencia al exdiputado federal del PRI, porque sabía que el juego era a matar o acabar en prisión por la acumulación de expedientes de corrupción que hundieron a un puñado de sus colaboradores, incluyendo a uno ajeno: Mauricio Góngora Escalante, quien impulsado por el exgobernador Félix González Canto fue candidato del PRI a la gubernatura en 2016, respaldado por el Verde Ecologista y Nueva Alianza.

Carlos Joaquín no ha cerrado la pinza sobre uno de los hombres clave de la corrupción de su enemigo gratuito Beto Borge: Juan Pablo Guillermo Molina, quien fue Secretario de Finanzas y Planeación en el último tramo del período de Borge. Se ha abusado del expediente Vip Saesa, dejando intocado a Juan Pablo para concentrar la atención en la humanidad de Beto Borge, enjaulado en una cárcel en extremo inhumana del estado de Morelos, tan temida por el exgobernador chetumaleño Mario Villanueva Madrid que la padeció por una temporada pesadillesca.

La parte acusadora ha cometido muchos errores en un procedimiento que no permite la omisión de una coma y que obliga a demostrar los delitos de la A a la Z, pero insisto: el principal pez del Mar Caribe sigue desplazándose muy quitado de la pena, roncando con sueños profundos: el cozumeleño Juan Pablo. Habrá que conocer el lado oculto de la luna en este tema de persecución justiciera que Carlos Joaquín tomó con mucha seriedad desde antes de recibir las llaves de la Casa de Gobierno en la avenida de Los Insurgentes.

Desde el inicio de su gobierno Carlos Joaquín contempló en su jardín el desarrollo de la anaconda juvenil, esa violencia que desde 2016 nos ha atacado con dosis más fuertes y frecuentes de veneno. Recordemos el sangriento ataque al Club Nocturno Blue Parrot de la Quinta Avenida de Playa del Carmen, en cuyo tiroteo –16 de enero de 2017– murieron seis personas: cinco en el sitio y una en el hospital. Doce sobrevivieron al ataque que metió a la Riviera Maya en la órbita del terror, amenazando la armonía de nuestra industria turística que nos mantiene a flote.

Al día siguiente la Vicefiscalía de Cancún fue atacada por sicarios en motocicleta que mataron al policía ministerial Humberto Mora Ochoa, quien los enfrentó con todo el valor; tres pistoleros fueron abatidos. Este ataque sin antecedentes envió a Carlos Joaquín un mensaje subido de tono que lo obligaría a replantear su estrategia, tomando meses después la decisión de mover posiciones en la Secretaría Estatal de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, ocupadas entonces por Rodolfo del Ángel Campos y Miguel Angel Pech Cen.

Este 26 de septiembre Capella cumplió un año en la silla incandescente. Ha fracasado con su Mando Único ya ha puesto de muy mal humor a Carlos Joaquín, quien en reciente evento público apenas se animó a saludarlo sobre la marcha. Vimos a un gobernador harto de la frivolidad de este mando “importado” cuyas malas cuentas desploman el nivel de aceptación de Carlos Joaquín, acosado por el tema de la violencia que se sigue propagando como bala expansiva.

En helicóptero y con sus cifras de “espejito, espejito”, Capella ha bateado todos los reclamos por el azote de esta violencia que nos invade, arrebatando las parcelas de armonía del chetumaleño y más. El “Rambo Tijuanense” se ha convertido ya en un tumor maligno para el gobernador, quien le dio un jalón de orejas para obligarlo a coordinarse con instancias federales y así garantizar la seguridad en nuestras carreteras federales del sur.

Carlos Joaquín hizo lo correcto al desprenderse del inepto Miguel Angel Pech Cen, entregando la Fiscalía a Óscar Montes de Oca el 12 de diciembre de 2018. Este mando experimentado aparece en escena cuando es preciso, pero se le acumulan los expedientes como serpientes de la cabellera de Medusa.

Apenas el tres de septiembre pasado pistoleros mataron en Cancún a José Antonio López Pacheco, padre del titular de la Comisión para la Juventud y el Deporte (Cojudeq), Antonio López Pinzón.

Imposible sepultar la imagen de José Antonio Archi Yama, inspector de la Policía Estatal Preventiva en Playa del Carmen privado de la libertad y decapitado en Cancún, y cuyo cadáver fue abandonado en una avenida de este polo turístico bañado en sangre incluso inocente.

Las redes sociales fueron explotadas por sus verdugos para esparcir el terror, dañando de paso la imagen de Cancún porque lo más importante era la vida del inspector Archi Yama, criminalizado de manera tan grosera por Jesús Alberto Capella.

El gobernador tiene que replantear su estrategia contra la violencia lo más pronto posible, antes de que 2020 nos convierta en el mayor de los infiernos porque hasta las carreteras del sur dejaron de ser seguras para las familias.

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