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Arcila privilegia intereses personales

Chetumal, 17 Feb

Gabriel E. Manzanilla. (Por Esto Q Roo).

La Gran Comisión del Congreso del Estado no llevó a cabo el proceso de licitación para la implementación del nuevo Sistema de Asistencia Legislativa y Votación Electrónica del Congreso local, sino que fue a través de una “invitación directa” donde se privilegió a proveedores con los que tiene intereses políticos y/o personales, como el panista Carlos Ávila Lizárraga, representante legal del Consorcio Blue Petroleum, que fue una de las tres empresas beneficiadas.

Carlos Ávila Lizárraga actualmente funge como integrante de la Comisión Permanente del Consejo Estatal del PAN en Quintana Roo, y también integró la planilla de Julián Ricalde Magaña cuando éste fue candidato de la coalición UNE para aspirar a la presidencia municipal de Benito Juárez, durante el proceso electoral del 5 de junio del 2016.

El panista, que tiene buenos lazos con el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, diputado Eduardo Martínez Arcila, fue uno de los tres proveedores beneficiados para la implementación del nuevo Sistema de Asistencia Legislativa y Votación Electrónica del Congreso local, el cual tuvo un costo global de 4.2 millones de pesos.

La empresa Consorcio Blue Petroleum SA de CV, cuyo representante legal es Carlos Enrique Ávila Lizárraga, participó en el levantamiento topográfico y digitalización, así como en el suministro e instalación del equipo de sonido para el nuevo Sistema de Asistencia Legislativa y Votación Electrónica del Congreso del Estado, aunque todavía no se ha dado a conocer el costo que se adjudicó por estos trabajos.

El presidente de la Gran Comisión, diputado Eduardo Martínez Arcila, reconoció que no hicieron la licitación respectiva para estos trabajos de modernización tecnológica en el recinto legislativo, sino que fue a través de una “invitación directa” por la que contrataron a los 3 proveedores.

Y es que detrás del contrato de Carlos Enrique Ávila Lizárraga parecen haber intereses personales y políticos de trasfondo, ya que se está privilegiando a un allegado joaquinista que es muy cercano al diputado Eduardo Martínez Arcila, sin siquiera haber dado oportunidad ni las mismas condiciones para que cualquier otro proveedor pudiera alcanzar este beneficio.

Además, Carlos Ávila Lizárraga tiene un puesto al interior del PAN que a futuro podría ser utilizado para beneficiar los intereses de Eduardo Martínez Arcila, pues la Comisión Permanente del Consejo Estatal de dicho partido tiene, entre otras funciones, ratificar a los presidentes de los comités municipales, examinar las finanzas de los mismos, orientar la acción del partido en el ejercicio del gobierno y su relación con la sociedad, así como atender en primera instancia todos los asuntos municipales que sean sometidos a su consideración.

A pesar de este claro conflicto de intereses, los diputados panistas-perredistas insisten en que la XV Legislatura hará la “diferencia” en el tema de transparencia y legalidad gubernamental, sin embargo, están demostrando que tienen las mismas mañas que las pasadas administraciones que tanto critican.

Las otras dos empresas beneficiadas fueron Profeti Consultores SA de CV, cuyo representante legal es Miguel Ángel Puga Priego; y Alv Alumi SA de CV, propiedad de Luis Antonio López Ortiz.

Profeti Consultores, que aparece como una empresa de origen poblano, se encargó del costoso software de este nuevo sistema tecnológico del Congreso local, pese a que existen otras empresas que pueden hacer un trabajo más económico.

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