A TIRO DE PIEDRA
Julian Santiesteban
El frustrado “haber de retiro” que los diputados pretendieron dar a magistrados electorales, hicieron surgir dudas con respecto al costo que tendrá la liquidación de los consejeros de los 32 institutos electorales de México, ahora que la transición es inminente, aunque el sistema democrático nacional permanezca igual de inacabado desde que se otorgó autonomía sus órganos comiciales.
El dato parece menor e intrascendente, pero cobra importancia justamente por la carencia de recursos en prácticamente todas las entidades federativas, pues son justamente ellas las que tendrán que sufragar las liquidaciones de los que hasta ahora fueron consejeros designados por los Congresos locales; y que a partir de la aprobación de la reforma política nacional serán designados por el Instituto Nacional Electoral (INE).
En el 2015 habrá procesos electorales en 17 entidades federativas; y en la reforma se plasmó como plazo límite para la renovación de los órganos electorales el 30 de septiembre. En nuestra anterior columna destacamos dos tendencias al interior del INE: una que apunta a la renovación, de una vez, de los 32 consejos electorales estatales, y otra que considera conveniente sólo renovar aquellos que por urgencia de los comicios se requiere.
En cualquiera de los casos, el siguiente paso lo define el INE, pero lo sufragan los estados; de ahi la urgente necesidad de proyectar las acciones a seguir, pues aunque ninguna entidad federativa contempla “haber de retiro” para los funcionarios, la no conclusión del encargo para el que fueron designados los hace merecedores de una liquidación económica, cuya cifra permanece indeterminada.
Los 32 institutos locales y tribunales, además prerrogativas de partidos en los estados cuestan al país 8 mil millones de pesos anuales, según diversos análisis hechos por ellos en 2013, cuando se hicieron los primeros anuncios de renovación; y aunque su liquidación la calcularon en más de 29 mil millones de pesos, lo cierto es que la cifra deberá ser mucho menos escandalosa de lo que la quisieron hacer ver, pues ya no se liquidará al personal operativo ni del INE ni de los órganos estatales, sólo habrá adecuación en los Consejos Generales.
Aun así, el definir el siguiente paso es fundamental, para que las entidades puedan calcular los recursos que requerirán, para el caso de Quintana Roo, en enero de 2015 concluyen gestión –afortunadamente, ojalá concluya también el oscurantismo- cuatro de siete consejeros locales, incluyendo su presidente; por lo que resultaría conveniente permitir dicha conclusión de encargo sin tener que liquidarlos, a menos que el INE determine lo contrario.
Y EN OTROS HABERES…
En el avance de la investigación del homicidio en Chetumal del regidor Marco Antonio May Molina hay mucho más por averiguar. Afortunadamente, la Procuraduría estatal está dando pasos en firme, y a los involucrados en las investigaciones les tiemblan cada vez más las piernas, tal es el caso del ex diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Rivero Leal.
El caso se presenta en una coyuntura muy particular, pues el partido está a punto de iniciar el proceso de renovación de varias de sus dirigencias municipales, y el ahora investigado por homicidio andaba muy activo apoyando a diversos aspirantes, a los cuales ahora parece haberles dado “el beso de Judas.”
Y aunque sus simpatizantes insisten en creer él, el procurador estatal, Gaspar Armando García Torres, ha señalado contundente que las investigaciones en contra de Mario Rivero Leal continuarán. Tal vez valga la pena recordar que hace exactamente 4 años, a Rivero Leal le dictaron formal prisión en Comitán, Chiapas, por el delito de fraude genérico, y que salió libre al pagar una fianza superior a los 3 millones de pesos. Así que antecedentes delincuenciales si hay, y se observan desde aquí, A Tiro de Piedra.
