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El desdén gubernamental ante los asesinatos de periodistas

El reciente asesinato de la periodista Lourdes Maldonado López, en Tijuana, movilizó ayer a periodistas de gran parte del país. Ella es una más en la enorme lista de compañeros cuyas vidas han sido arrebatadas sin que haya una reacción contundente de los gobiernos estatales y del gobierno federal, porque la impunidad predomina combinada con el desdén de la sociedad que a menudo sataniza nuestro oficio y reacciona con altas dosis de escarnio.

Como advierte mi compañera periodista Graciela Machuca Martínez –integrante de nuestra Asociación Civil Periodistas del Caribe–, son “20 años de luto del gremio y a nuestro gobierno de México poco le importa la vida y la integridad física de quienes ejercemos el periodismo, porque sus políticas públicas y acciones de gobierno son inservibles.

Se han vuelto práctica común los ataques mortíferos contra periodistas a partir del gobierno del panista Vicente Fox Quesada, violencia que no disminuyó con Felipe Calderón Hinojosa y con el priista Enrique Peña Nieto. Con el Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha mantenido el ritmo de asesinatos sin que en los estados y a nivel presidencial impulsen una estrategia de protección contra el gremio más agredido y desangrado en el cumplimiento de su deber.

Escribe Graciela Machuca que en el último año del sexenio de Felipe Calderón el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual creó el Mecanismo para darnos protección bajo la tutela de la Secretaría de Gobernación.

Expone que “de manera errática empezó a funcionar dicho Mecanismo de Protección durante los últimos meses del gobierno calderonista, y a pesar de que desde 2012 contaba con presupuesto éste se pudo ejercer hasta fines de 2013.

En el gobierno de Enrique Peña Nieto el presupuesto fue disminuyendo porque no se tuvo el mínimo interés en reforzarlo con una normatividad que atendiese los requerimientos de las víctimas y no las directrices de la glacial burocracia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Y con la autodenominada Cuarta Transformación el gobierno federal deja de poner atención no solo a la operación de este Mecanismo de Protección, sino a la agenda de libertad de expresión, derecho a la información y derechos de periodistas, a tal grado que el fideicomiso que financia las medidas de protección fue desparecido por el Congreso de la Unión, al igual que otros fideicomisos vitales para el desarrollo social del país”, expone Graciela Machuca.

 Precisa que “las cifras de asesinatos de periodistas en el país durante los últimos 20 años han ido en aumento y cada institución u organismo civil las presenta con sus motivaciones y metodologías de documentación, pero según estimaciones conservadoras ya superamos las 300 víctimas y la impunidad rebasa el 90 por ciento, esto con base en estudios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Esto describe Graciela Machuca: “El gremio periodístico, al igual que las personas defensoras de derechos humanos y familiares de las víctimas creímos que el Presidente López Obrador tendría la voluntad política y destreza ausentes en sus antecesores del PAN y del PRI, pero quedó la esperanza marchita porque no solo se ha mantenido la violencia, sino desde la Presidencia se ha mantenido una incesante campaña de acoso y estigmatización en contra del gremio periodístico y contra las personas defensoras de Derechos Humanos que no le siguen el juego al poder, alentando entre sus fanáticos los ataques contra la prensa que no lambisconea al gobierno federal”.

 “La tarde del 23 de enero fue asesinada la periodista María de Lourdes Maldonado López al recibir un disparo en la cabeza afuera de su casa en Tijuana, Baja California. Se encontraba a bordo de su automóvil.

Según el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), la víctima estaba inscrita desde 2021 en el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos del Gobierno de Baja California y se convierte en la tercera periodista ejecutada en el país y la segunda en esa entidad en lo que va de 2022”.

“El organismo sindical detalló en un comunicado que la víctima había asistido en marzo de 2019 a la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador para pedirle su apoyo ante un juicio laboral que había iniciado contra el ahora exgobernador de la entidad, Jaime Bonilla –dueño de la empresa para la cual trabajaba– y para denunciar que su vida se encontraba en peligro.

“Vengo aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida porque se trata de un pleito que tengo seis años con él”, expresó en esa ocasión Lourdes Maldonado. La reportera y conductora de programas de radio había ganado hace una semana el litigio laboral, por lo que la Junta de Conciliación y Arbitraje ordenó un embargo comercial para garantizar el pago del adeudo salarial y de prestaciones”.

Cuestionado este lunes en su conferencia matutina sobre el asesinato de la periodista, López Obrador respondió con evasivas y no se atrevió a fijar una postura contundente, obligada en un gobierno federal que ha dejado pasar estos asesinatos que se siguen acumulando.

En Quintana Roo fue incinerada nuestra Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con el prejuicio infantil de que era una “Ley Borge”. El daño para nuestro gremio fue terrible, ya que en este gobierno de Carlos Joaquín González destruyeron nuestro refugio anticiclónico en pleno huracán de categoría máxima, ya con periodistas asesinados.

Todos los partidos se han cruzado de brazos en el Congreso local y de nada ha servido el arribo de la 4T con Morena al frente, ya que comparten el acentuado desdén hacia nuestro gremio desprotegido en todos los flancos, comenzando por el laboral.

Los integrantes de Periodistas del Caribe exigimos una reacción inteligente y de amplio alcance de los tres órdenes de gobierno para que nuestro gremio en los hechos sea protegido para desempeñar su labor, combatiendo y acabando con la impunidad que alienta estos frecuentes ataques de cobardes sueltos en las calles y al servicio de poderosos hasta ahora intocables.

Javier Chávez Ataxca
Presidente de Periodistas del Caribe A.C.

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