Ajuste de Cuentos
Ángel Solís
En 2016 más de 260 mil quintanarroenses salieron a emitir su voto por Carlos Joaquín González y su promesa del “Cambio” para expulsar del poder a una serie de funcionarios priistas que no solo se enriquecieron groseramente al amparo de los gobiernos de Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, sino que también se convirtieron en los verdugos de más de dos mil burócratas estatales al palomear y dar su aval a las listas de trabajadores que fueron lanzados a la calle por la reingeniería borgista en 2013.
Hoy, con la 4T en el poder, muchos están de vuelta, perversa y ofensivamente en los mismos puestos donde tanto daño causaron a cientos y cientos de chetumaleños.
Siniestros personajes como Lilián Villanueva Chan, Luis González Flores (tio de Félix González Canto), María Elena Ceballos Cardeña y Carmen Ramírez Sánchez, entre otros más, a quienes muchos ya habían dado por “muertos”, con la llegada de la 4T al gobierno del estado han regresado a la vida política, incluso volviendo a ocupar los cargos públicos donde la Auditoría Superior y la Fiscalía Anticorrupción al inicio del gobierno joaquinista les fincaron responsabilidades por diversas irregularidades en su desempeño, que incluso los orilló a que recurran a la justicia federal en búsqueda de amparos para evitar ser detenidos.
Hoy pintados de guinda y bajo la protección del gobierno de la Cuarta Transformación, los ex priistas sin pudor alguno están de vuelta ocupando cargos como el pasado, sin contar con el perfil o la experiencia para desempeñarlos pero con el instinto de saber estar colgados de la nómina, ya que vivir fuera de ella es vivir en el error, pese a que muchos de ellos tienen la vida solucionada gracias a su relación con los ex gobernadores Félix González Canto y Roberto “Beto” Borge Angulo.
Terrenos en la playa, departamentos en zonas turísticas, placas de taxi, incluso restaurantes en el país de Belice que administran sus hermanos, son tan solo una muestra de que estos borgistas regresan a la administración pública a vengarse de quienes los apartaron del poder y no por necesidad.
A dos semanas de iniciar el actual gobierno, estos personajes ya comienzan a hacer de las suyas, como el caso de la titular del Instituto de la Cultura y las Artes del estado (ICA), Lilián Villanueva, que a su paso por el gobierno borgista y con la reingeniería, más del 60 por ciento del personal de confianza fue lanzado a la calle sin contemplación, provocando con ello que la Cultura en el estado prácticamente desapareciera porque cerraron diversos espacios culturales por falta de personal, incluida la biblioteca pública central Javier Rojo Gómez de Chetumal.
Nueve años después y pese a esa mala experiencia que provocó el desprecio hacia los gobiernos priistas por parte de los chetumaleños, la funcionaria ha entregado a los empleados de ese Instituto una carta de renuncia para que firmen, la cual además de estar mal redactada, violenta los derechos humanos y laborales de los trabajadores.
El clavo en el ataúd lo puso este martes el ahora diputado del Partido Verde, Isaac Janix Alanis, quien preside la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, al nombrar como su asesor de cabecera en materia de Seguridad al “Tío” Luis González Flores, cuya experiencia es nula, ya que nunca fue policía ni tampoco secretario de Seguridad Pública, además que como legislador, el cozumeleño únicamente es recordado como quien mandó construir la puerta trasera del edificio del Congreso para que los funcionarios y él mismo no tuvieran contacto con la gente que los esperaba a su entrada al Palacio Legislativo.
En Quintana Roo contamos con policías de carrera y expertos en la materia que han estado al frente de diversos mandos, tanto municipales como ministeriales, como el Doctor Luis Germán Sánchez Méndez, el licenciado Didier Vázquez Méndez y el comandante Gumersindo Jiménez Cuervo, quienes saben en verdad lo que es estar cara a cara con la delincuencia y no políticos transas como el tío del ex gobernador González Canto.
Que durante su paso por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru), ahora Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpe), Luis Alberto González Flores solicitó la protección de la justicia federal ante los señalamientos que le fincó la Auditoría Superior por un desfalco de 5 mil millones de pesos y donde María Elena Ceballos Cardeña se desempeñaba como la directora administrativa de esa dependencia.
Dinero que los campesinos y productores nunca recibieron —comprobadísimo—, ya que personal de la Sedaru al mando del arquitecto cozumeleño falsificó sus firmas en recibos de apoyos por cantidades que van desde los 40 a los 250 mil pesos, y por lo cual tuvo que recurrir a un amparo directo en materia penal, solicitado el 26 de julio de 2017 para evitar su detención y traslado al Cereso capitalino por este delito.
Pese a estos negros antecedentes, este martes fue presentado por el ajedrecista convertido en político, Issac Janix Alanis, como su flamante asesor, quizás para que le enseñe cómo se falsifican documentos y se desvía el recurso público.
Está iniciando el gobierno de la Cuarta Transformación de Mara Lezama y deben aprender de los errores del pasado, porque 2024 está prácticamente a la vuelta de la esquina y ya sin López Obrador en el poder Morena podría correr el mismo destino que su “padre”, el PRI.
