Fiscalía Anticorrupción va por hermano de diputado del Partido Verde

Chetumal, 30 marzo
Fernando Olvera (Diario de Q Roo)

En el transcurso de las próximas horas, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción podría fincar responsabilidades al ex titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Patricio de la Peña Ruiz de Chávez, ante los despojos que habría cometido contra numerosos empresarios nacionales y extranjeros, con base en juicios laborales simulados, durante la administración del ex Gobernador Roberto “N”, hoy preso en un penal federal del Estado de Morelos.

Datos recabados por el que esto escribe confirmaron que en la integración de la carpeta de investigación correspondiente se incluyen pruebas contundentes que permitirían que el ex funcionario comparezca ante el Ministerio Público para que responda por los ilícitos que se le imputan.

Como se recordará, durante el sexenio pasado, De la Peña Ruiz de Chávez pasó de ser un bisoño servidor público a cabecilla de una bien estructurada red de corrupción que desde las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) operó un sistema masivo de fraudes y despojos de residencias, de departamentos de lujo, edificios, vehículos y terrenos propiedad de particulares, los cuales se apropió o vendió a la mitad de su valor, esto sin contar con que dicho esquema -comparado por algunos especialistas como similar al que manejan los cárteles del narcotráfico al más alto nivel- también derivó en el congelamiento y retiro de millonarias sumas de dinero de las cuentas bancarias de numerosos empresarios quienes, lamentablemente, cayeron en sus garras.

En este sentido, basta con echar un vistazo al sonado caso del exclusivo condominio Maioris Tower, ubicado en Puerto Cancún, una de las zonas con mayor plusvalía de la franja turística del Caribe mexicano, para comprobar hasta dónde fue capaz de llegar este ex funcionario en complicidad con el entonces subsecretario de la STyPS en la Zona Norte, Enrique de la Cruz Pineda, y el ex presidente de la Junta Especial Número 2 de Conciliación y Arbitraje, Alexis Zavala Avila, entre muchos otros.

Como lo dimos a conocer con oportunidad, dicho complejo residencial, compuesto por dos torres de 17 pisos que albergan un total de 92 departamentos cuyos precios fluctúan entre los cuatro y los 10 millones de pesos cada uno, dado que cuentan con elevador privado de acceso directo, embarcadero, alberca, áreas verdes, salón de usos múltiples, juegos infantiles, gimnasio, spa y acceso a un campo de golf, llegó a convertirse en una “obsesión” para De la Peña Ruiz de Chávez y sus secuaces, y es así como a espaldas de sus propietarios, fraguaron lo necesario para tratar de apoderarse del mismo.

En este sentido, fue el uno de marzo del 2017 cuando los ejecutivos de la empresa Maioris Cancún, S. de R.L. de C.V., se percataron de la existencia de un embargo de tipo definitivo inscrito el 18 de diciembre del 2015 en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, delegación Cancún, derivado de un supuesto juicio reclamatorio marcado con el número 392/2010, el cual fue ordenado por la Junta Especial Número 2 de Conciliación y Arbitraje a instancia de Edilberto Huerta Pool, Aurelio Ríos Castro, Lorenzo López Velazco, Héctor Manuel Manzanilla Hernández y Juan Fernando Pech Negrete, representados todos ellos por el abogado José Ismael Bautista Pérez.

Como es de suponerse, una vez que los inversionistas tuvieron conocimiento de estos hechos, se dieron a la tarea de interponer ante el Juzgado Tercero de Distrito una demanda de amparo indirecto radicada bajo el número 405/2016, teniendo como acto reclamado la falta de llamamiento a juicio, amén de que, con base en un profundo análisis y revisión, pudieron determinar que los antes mencionados nunca habían trabajado para ellos.

Al respecto, lo verdaderamente grave es que estos “esbirros” de De la Peña Ruiz de Chávez, no sólo se dijeron trabajadores de Maioris Cancún, S. de R.L. de C.V., sino que llegaron al grado de afirmar que se les contrató como “jefes de grupos”, un puesto que no existía dentro del organigrama de esta empresa, siendo que, como si no bastara con lo anterior, todos aseguraron haber sido despedidos el 5 de mayo del 2010.

Pero ahí no paró el asunto, ya que el abogado que supuestamente los representaba, según consta en los partes policiacos correspondientes, fue asesinado en el año 2013, y es así como las firmas de los diversos documentos suscritos por éste son notoriamente distintas, lo que hace suponer que fueron falsificadas, siendo que, además, en la audiencia de Conciliación, Demanda, Excepciones, Defensas, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, supuestamente celebrada el 5 de octubre del 2010, el susodicho no se identificó con documento alguno y simplemente se asentó que tenía su personalidad debidamente “acreditada”.

Aquí vale la pena destacar que si bien el laudo en comento se dictó en el año 2012, lo cierto es que se ejecutó materialmente hasta finales del 2015 sin que intervenga abogado alguno, ya que fueron los propios “demandantes”, bajo la complicidad del entonces titular de la STyPS y del ex presidente de la Junta Especial Número 2 de Conciliación y Arbitraje, los que se adjudicaron cuatro departamentos del desarrollo inmobiliario antes mencionado, con un valor de más de 350 mil dólares cada uno y, de inmediato, los pusieron a la venta.

Como se pudo corroborar en su momento, la voracidad manifiesta de De la Peña Ruiz de Chávez, al amparo del poder, lo llevó a pisotear la Ley como le vino en gana, y es así como en el caso específico de esta empresa, con la ayuda de sus “incondicionales”, lo mismo armó un juicio laboral a modo con personas que nunca trabajaron para la misma que falsificó firmas, suplantó identidades, ordenó dar por buenas notificaciones que nunca llegaron a las manos de los supuestos demandados e, incluso, utilizó a una persona fallecida para encubrirse y, con esa conducta concertada, obtener un beneficio indebido que, en los hechos, y ahí están las pruebas que lo confirman, le representó una ganancia estimada no en “pesos y centavos” como algunos llegaron a suponer en su momento, sino en varios millones de dólares.

Finalmente, y con base en este y otros antecedentes, no queda más que esperar que las “hazañas” de este ex funcionario, bajo ninguna circunstancia, queden impunes.

2 comentarios

  1. PARA QUE NUNCA OLVIDEMOS HASTA DONDE PUEDE LLEGAR LA CORRUPCIÓN DE UN GOBIERNO, POR ESO NUNCA MÁS EL PRI EN QUINTABA ROO. ESTA PERSONA TRABAJABA JUNTO CON ROBERTO BORGE Y ÉL SABÍA DE LAS TRANZAS Y ESTO SÓLO ES LA PUNTA DEL ICEBERG.

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