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Fiscalía “olvida” investigación contra el Ieqroo

Chetumal, 25 septiembre
Hugo Martoccia (laopinionqr)

A pocas semanas del inicio del proceso electoral local, el Instituto Electoral del Estado (Ieqroo) se mantiene como un reducto inexpugnable del pasado.

Y parece que de ninguna parte surge la voluntad política para cambiar la composición de ese organismo.

Desde octubre pasado, la Fiscalía General de Estado (FGE) tiene en sus manos una investigación que le entregó el Instituto Nacional Electoral (INE)

Se trata de delitos del Fuero Común que habrían cometido varios consejeros y funcionarios, y que surgen de la demanda que el organismo federal investiga por violencia política de género contra la consejera del Instituto, Claudia Carrillo Gasca.

El INE, al tomar ese caso de violencia política, le dio vista a la FGE, porque ahí se incluyen delitos del Fuero Común. Pero no hay señales de avances en la investigación que debería hacer la Fiscalía.

Por supuesto que mientras el borgismo mantenía su control en la FGE no era de esperarse que la investigación avanzara. Pero con el ingreso de Miguel Ángel Pech Cen, a fines del año pasado, la situación tampoco mejoró.

La llegada de la nueva Fiscal Anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, también podría ser una buena oportunidad para que tome esa investigación e iniciar con el pie derecho luego de su polémica designación.

No habría impedimento para que abra una investigación sobre esos hechos.

 

LOS CONSEJEROS, EN LA CUERDA FLOJA

Por esa causa de violencia política, el INE ya emplazó en junio pasado a la presidenta del Ieqroo, Mayra San Román Carrillo Medina, así como a los consejeros Thalía Hernández Robledo y Juan Manuel Pérez Alpuche, quienes enfrentan un proceso ordinario sancionador, que podría concluir con su remoción.

La investigación incluye a Alfredo Figueroa Orea, titular de Comunicación Social; José Luis González Nolasco, ex director de Partidos Políticos, y Luis Alberto Alcocer Anguiano, director de Organización.

También a Armando Miguel Palomo Gómez, representante del Panal; Juan Alberto Manzanilla Lagos, del PRI, y Mauricio Morales Beiza, del PT.

La acusación es por: “La supuesta realización de acciones dirigidas a menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político electorales de Claudia Carrillo Gasca, o de las prerrogativas inherentes al cargo público que ostenta como Consejera Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo, conductas que a su juicio podrían constituir un presunto ejercicio de violencia política por razones de género, discriminación, aislamiento y acoso, así como por la probable violación a los principios de la función electoral, profesionalismo, independencia y autonomía”

CONTINÚA LA VIOLENCIA POLÍTICA

Lo que sucede es que a pesar de las denuncias e investigaciones, la situación dista mucho de estar superada.

En los últimos días se generó un nuevo enfrentamiento entre los consejeros denunciados y Claudia Carrillo.

Sucedió luego del terremoto de pasado 19 de septiembre en el Centro del País. En una sesión del Consejo, la Presidente Mayra San Román pidió ponerse de pie y hacer un minuto de silencio por las víctima.

Antes de que se cumpliera en minuto, la consejera Claudia Carrillo volvió a sentarse, porque tiene un problema en la rodilla que le impide estar mucho tiempo parada.

El Ieqroo difundió la fotografía del momento, pero con Claudia Carrillo ya sentada, e incluso la divulgó en varios medios de comunicación. El interés parece ser volver a presionar de todas las formas a la consejera que los denunció.

Pero por lo que se ve, las armas de la batalla pasaron de ser políticas a una mera derivación del chisme o la maledicencia, lo que hace pensar que pudiera llegarse a una guerra rastrera como las que el Ieqroo se ha acostumbrado en su corta historia.

Claudia Carrillo respondió a esa situación enviándole un oficio a la presidenta del Ieqroo, explicándole los motivos por los cuales se sentó en aquel momento.

Pero además, le pidió que más allá de honrar con un minuto de silencio a las víctimas, se tome la decisión de donar dinero para los damnificados, como se ha hecho en otros casos para eventos de otro instituciones, por ejemplo. Pasar a la acción, digamos.

DELITOS GRAVES

La situación de un grupo de consejeros del Ieqroo, incluida la propia Presidente, es muy complicada.

Mayra San Román, Thalía Hernández Robledo, Juan Manuel Pérez Alpuche y Jorge Armando Poot Pech están bajo investigación del Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) por manipulación indebida de los listados nominales.

Los hechos ocurrieron el 17 de agosto de 2016, cuando ese grupo de consejeros tomó datos de los listados nominales, y para lograrlo abrió las bodegas ante de que concluyera el proceso electoral de ese año. Por ese hecho, podrían merecer hasta cárcel.

Sin embargo, a pesar de esos tres frentes abiertos, parece que nadie tiene verdadero interés en cambiar las cosas en el Ieqroo.

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