Ajuste de Cuentos
Ángel Solís
El ex gobernador Roberto Borge Angulo y el actual presidente del Poder Judicial del estado, Heyden Cebada Rivas, comparten mucho en común, como su inexperiencia, impulsividad, y sobre todo el hecho que su ascenso meteórico en la administración pública se lo deban únicamente al gobernante en turno: Félix González Canto y Mara Lezama Espinosa, respectivamente. Y pese a esto, el abogado de origen yucateco, molesto porque su sueldo fue reducido, interpuso una controversia constitucional para que le sea restituido.
Notario público de cabecera de la ex alcaldesa cancunense, quien lo invitó a ser el Síndico municipal durante su primer periodo al frente del ayuntamiento de Benito Juárez, para luego en la recta final del gobierno de Carlos Joaquín González ser designado Magistrado Numerario y unos meses después y –sin contar con experiencia alguna en la impartición de justicia– ser designado por unanimidad como presidente del Poder Judicial, pisoteando la trayectoria de varios de sus homólogos con su nombramiento.
Ahora anda visiblemente molesto por perder el 10 por ciento de su sueldo de 265 mil pesos mensuales, una cantidad insultante que obligó a Mara Lezama a recortar estos privilegios heredados por el PRI y permitidos por el gobierno del falso cambio, liderado por el expriista Carlos Joaquín.
Con fecha 2 de febrero del presente año presentó ante la Suprema Corte de Justicia de Nación una demanda de Controversia Constitucional contra el Congreso del Estado donde Morena tiene el control total con sus aliados. Combate el decreto 007 que faculta a la gobernadora Mara Lezama Espinosa para poder disminuir el presupuesto de los Órganos Autónomos y Poderes legislativo y Judicial del estado.
Con esta disposición, el presupuesto de este último quedó reducido en 693 millones de pesos, más un recurso federal pero completamente etiquetado para utilizarse en determinados programas sin que pueda integrarlo al gasto.
Esto no le pareció al abogado de origen yucateco, quien entrevistado a finales del año pasado había advertido “¿De qué serviría que me descuente el 10 por ciento de mi sueldo?, ¿se solventaría la deuda de más de 20 mil millones de pesos que tiene el estado con ese descuento?
Pese a ser una figura muy cercana a la gobernadora, con la Controversia Constitucional muestra su rebeldía y sus pocas o nulas tablas políticas, ya que la propia mandataria voluntariamente con sus funcionarios de primer nivel acordaron descontarse el 10 por ciento de su sueldo para integrarlo al gasto corriente, acuerdo al que también se unieron los titulares de los Órganos Autónomos y los integrantes del Poder Legislativo.
Dentro de la misma entrevista, el Magistrado Presidente aseguró que iba a presentar su propio programa de austeridad, pero hasta el momento solamente se ha pasado dando declaraciones en el sentido de las afectaciones que tendrá ese Poder en el estado, que incluye la eliminación de toda la seguridad privada de los edificios, entre otros recortes por la inminente anemia presupuestal de la que se queja.
Caro está pagando este gobierno de la Cuarta Transformación el poner en esa silla a un novato plenamente identificado con el Partido Verde, a quien de resultarle favorable este recurso ante la Suprema Corte sembraría un mal precedente para lo que resta de este gobierno, ya que el decreto de austeridad se tendría que venir abajo y sería un durísimo golpe conectado por un hombre al que la gobernadora tendió la mano, confiando en su defensa de la filosofía de la 4T con su austeridad franciscana.
