La caja China

Uno por Uno

Ángel Ramírez Hernández
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Ya sean reales o producto de una medida mediática que intente recuperar los altos niveles de popularidad y respaldo ciudadano, hoy a la baja por decisiones o declaraciones desafortunadas de algunos inexpertos miembros de su gabinete, el Gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, realizó la primera denuncia legal para responsabilizar la corrupción de su antecesor, un intento público, demoledor y trascendental, algo que se percibe más para recuperar la confianza y credibilidad del electorado que lo llevó al poder, que para ejercer cualquier acción penal contra el ex mandatario.

La medida responde a la demanda ciudadana de poner al ex gobernador Roberto Borge Angulo, algunos de sus colaboradores más cercanos e incluso familiares tras las rejas, producto de la brutal, descarada y hasta ahora impune corrupción que imperó durante su administración, en el que saquearon y despojaron al estado, de sus bienes e inmuebles más preciados.

Ésta acción mediática hasta ahora, deriva de la denuncia que hiciera el Secretario de la Función Pública, Rafael del Pozo Dergal, ante la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del Estado (Borgista incondicional), sobre la venta irregular de 9.5 mil hectáreas de tierras ubicadas en zonas turísticas y de alta plusvalía del estado, a supuestos familiares e incondicionales de Roberto Borge, difundida en red nacional en los principales y “baratos” medios de comunicación de la Ciudad de México; pues el periodismo estatal hoy no solo no es digno de confianza de la nueva administración, sino que además es criminalizado y prácticamente vetado, por acompañar durante su gobierno al ahora ex mandatario incomodo, como si eso fuera una decisión fácil de excluir para empresas de comunicación o periodistas que intentan sobrevivir en el negocio y qué, tenían enfrente una figura tan esplendida para los cercanos, como autoritaria y represiva para quienes se opusieran a sus deseos.

Más pareciera esto un intento de “Caja China”, salida de la película mexicana “La Dictadura Perfecta”,  implementada por los asesores legales de nuestro mandatario; pues lejos de intentar poner en la cárcel a Borge y “aliados”, la acción está más cercana a demostrar que el gobierno, quiere pero no puede castigar al cozumeleño, pues de lo que se le acusa a Roberto es de vender tierras a precios preferenciales e irrisorios, supongo utilizando toda la estructura legal del estado, hasta dónde sé, sino que me corrija un experto sobre el tema, no es irregular vender barato, ahora si hay cláusulas legales que legitiman la ilegalidad y derivado de ello la punibilidad de las transacciones, tampoco lo dejó en claro el Secretario de la Función Pública.

Habría que preguntarse qué otra u otras autoridades intervinieron en la venta del patrimonio del estado; porque entonces la responsabilidad estaría involucrando “políticos”, “funcionarios”, notarios, etc., que incluso estarán ahorita siendo parte del nuevo gobierno.

Aquí lo que más valdría, antes que otra cosa, es recuperar esas tierras enajenadas más para el quebranto que para el beneficio del estado.

Lo importante de todo esto es que Quintana Roo recupere sus tierras, su patrimonio.

Ahora sí el argumento mediático, es responsabilizar y castigar a alguien lejos de ser el ex mandatario, tampoco es de beneficio para los habitantes del estado, solo serviría para generar ligera “certidumbre” del nuevo gobierno ante la opinión pública.

En ésta denuncia y con los datos conocidos, no se vislumbra acción penal y sí la mediática, ahora se habla de que finalmente las 9.5 mil hectáreas señaladas, no todas fueron vendidas a precios por debajo del uno por ciento de su valor, sino que

fueron solamente 850 hectáreas, menos del 10 por ciento, en fin.

Amigo y caro lector, la mejor opinión como siempre es la de usted, este es tan solo mi humilde punto de vista.