CDMX, 12 de junio
Reforma
El arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, autor del texto «La tragedia cultural del siglo XXI», referente al Tren Maya es acusado por el INAH de perjudicarlo con su escrito, de acuerdo con un acta administrativa, cuya copia consultó el Diario Reforma.
El también antropólogo, adscrito al Centro INAH Quintana Roo, definió al tren como «la obra ambiental y cultural depredadora más grande de que se tenga noticia en los tiempos modernos», y expuso el saqueo y la destrucción «masiva» de monumentos en el tramo 7, el último de la vía, que abarca de Chetumal a Escárcega.
Dedicado desde hace más de 30 años a Chakanbakán, zona prehispánica que alberga monumentos consolidados y expuestos, Cortés de Brasdefer aseguró que el tren cruza a la mitad del sitio arqueológico, fuera del área nuclear.
«Se abrió arbitrariamente un camino desde la carretera federal derribando mojoneras, árboles y violando la poligonal envolvente hasta casi alcanzar el centro cívico religioso, destruyendo al mismo tiempo monumentos arqueológicos».
Además de provocar especulación de tierras, expuso, la obra permite que ingresen «cazadores del ejido para matar, dentro de los templos o plazas, tepezcuintles, jabalíes, venados o monos hembra –para atrapar a las crías– que hasta hace poco se encontraban protegidos por la poligonal».
El texto, fechado el 30 de abril de 2023, y que reprodujeron en Facebook investigadores del Instituto y agrupaciones como No al Tren Maya, motivó el pasado 3 de mayo un acta de hechos suscrita por el director del Centro INAH Quintana Roo, Margarito Molina, quien indica que el contenido del mismo causa un perjuicio al Instituto,
«toda vez que se duda de la credibilidad, honorabilidad y transparencia con la que se están realizando los trabajos de salvamento arqueológico».
De este documento derivó un acta administrativa, fechada el 24 de mayo, que acusa a Cortés de Brasdefer de incumplir los Lineamientos para la investigación arqueológica en México, al realizar recorridos sin permisos del INAH y de poner en riesgo «elementos arqueológicos» y al personal que allí labora «ya que sus manifestaciones están ocasionando reacciones de disgusto y descontento en la población», cuyas «represalias» pudieran hacerse extensivas al personal del INAH en general.
Se le acusa también de contravenir la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y las Condiciones Generales de Trabajo del INAH por no guardar «sigilo» o «reserva» en los asuntos de su conocimiento con motivo de su trabajo y formación como arqueólogo.
Citan el artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el cual indica que estos no podrán ser cesados sino por causa justa, entre ellas –se lee– las injurias y las violaciones a las Condiciones Generales de Trabajo.
Alertan por coartar a libertad de expresión
Al recurrir a un procedimiento punitivo contra el arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, el INAH se constituyó en juez y parte, advirtió el antropólogo Bolfy Cottom, exsecretario técnico del organismo.
Consultado por Reforma sobre las implicaciones del acta administrativa promovida contra el investigador de Quintana Roo, Cottom consideró que Cortés de Brasdefer hizo uso de su derecho a la libertad de expresión.
«Me parece un hecho delicado, porque tiene que ver con un acto de autoridad derivado de un texto que escribe un investigador del Instituto. Ellos asumen que lo expresado en ese texto son injurias, acusaciones incluso.
En realidad, es un investigador que hace uso de su libertad de expresión, un derecho humano establecido en el artículo sexto de la Constitución, que incluso establece el derecho de difundir información a la que se tenga acceso.
En pocas palabras, me parece que hay una confrontación entre un derecho a la honorabilidad, a la buena reputación (el reclamado por el INAH), contra un derecho humano, el de libertad de expresión», expuso en entrevista.
