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La invasión poblana y el cambio que no llegó a Quintana Roo

Chetumal, 24 marzo
Ángel Solís

Más de 50 mil votos fueron la diferencia que dio el triunfo a Carlos Joaquín González, derrotando al priista Mauricio Góngora Escalante en el combate de 2016 por la gubernatura. La gran mayoría de esos votos fueron de chetumaleños confiados en la promesa de acabar con las injusticias y abusos de los priistas comandados por el gobernador Roberto Borge. Con esa determinación se enfrentaron al gobierno borgista y apostaron hasta su seguridad laboral por un cambio prometido.

Hoy, a unos meses de que concluya el gobierno de Carlos Joaquín, no sólo continúan los abusos laborales, sino que ahora hombres y mujeres de otros estados, sin residencia en Quintana Roo y sin experiencia laboral, ocupan los cargos directivos de las dependencias y pisotean los derechos laborales de los chetumaleños, intimidados, pisoteados y lanzados a la calle con altanería, porque ahora ellos mandan.

Prueba de estos abusos es la denuncia que hizo pública este miércoles la chetumaleña Aracely Muñoz Sabido, quien hasta hoy funge como directora de Gestión Territorial de la Agencia de Proyectos Estratégicos del estado (Agepro). Ella fue privada de su libertad y presionada para que firmara su renuncia a cambio de una cantidad que no es ni la mitad de lo que le corresponde por ley, ya que lleva 18 años laborando en el gobierno del estado.

La afectada hizo público que tan solo en la quincena pasada se salieron con la suya al despedir a 20 empleados que laboraban en ese organismo estatal, todos ellos con niveles modestos. La eliminación ocurre en plena pandemia de Covid-19 y pese a la orden del gobernador Carlos Joaquín González de mantener las plantillas laborales por la situación económica y de salud que atraviesa Quintana Roo y el país entero.

Estos abusos laborales por los cuales los chetumaleños patearon al PRI del poder ahora son ejecutados por gente que ni siquiera es del estado y que carece de la experiencia para ocupar cargos directivos, porque en sus ciudades de origen laboraban en “chambitas”.

Prueba de ello es que la ejecutora de los despidos en la Agepro, la poblana Ana Laura Bolívar Flores, ocupa el cargo de coordinadora de reservas territoriales con nivel de directora (300) con un sueldo superior a los 60 mil pesos mensuales, pero en su estado según muestra su curriculum http://archivo.transparencia.qroo.gob.mx/curriculum/2018/7637.pdf solamente había ocupado cargos de asistente y de abogada en un área de consultoría general, llegando con el presente gobierno del “cambio” por la puerta grande no sólo a ocupar cargos directivos a Quintana Roo (violando la Constitución), sino a lanzar a la calle a la gente que hizo posible que ellos llegaran a esta tierra para escapar de la mediocridad laboral que soportaban hasta hace unos años en sus lugares de origen.

Los quintanarroenses creyeron en la promesa de “cambio” y las oportunidades que ofreció el gobernador Carlos Joaquín. En plena pandemia y con la situación económica que se puede contemplar en las calles de nuestra capital, quedarse sin empleo y con un virus tan letal como el Covid es una situación dramática inmerecida. Los chetumaleños están a tiempo de exigirle al gobernador y a su gabinete que cumplan su promesa de campaña, cuando muchos creyeron que la reingeniería de Beto Borge quedaría en el pasado, pero los poblanos llegaron como plaga invasora más agresiva, con todo el poder para colocar de patitas en la calle a los de casa.

4 comentarios

  1. Fernando Mendez es otro ejemplo: una persona sin estudios, despota y engreido que hoy ocupa la dirección del Instituto Quintanarroense de la Juventud quien se ha visto señalado por hacer del albergue juvenil un negocio y por opacar a la juventud con su sed de protagonismo y que Carlos Joaquin solapa.

  2. Ya es tarde para pedirle algo al gobernador durante 4 largos años nos a mentido,robado, abusado de nuestros derechos y libertades por su policía etc. Lo que háy que hacer es votar por alguien que sea ajeno a el y no se escape con todo lo que a robado.

  3. Es una pena que las personas de Chetumal que son las que les dan el gane a esa gente, sea las más pisoteada y sobajada, ni a las empresas privadas apoyaron en la pandemia, IMSS y SAT no perdonaron nada y si se atrasaban los multaban o les bloqueaban sus certificados, ah pero el gobernador no despidan a nadie, aguanten con su plantilla, mientras en gobierno despiden a diestra y siniestra, sin importar lo que pase la gente.
    Ese gobernador se quedará con los 820 millones que autorizó el congreso otra bola de inútiles que solo buscan su bienestar. Es de pensar que hay corrupción y más triste es que no piensan en la capital del estado, solo en el norte porque ahí tienen sus negocios.

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