La Oficialía Mayor raspa una promesa de Carlos Joaquín

El trato muy amigable y en letrinas de complicidad, dado por la Oficialía Mayor a la repentina empresa yucateca Tercer Acto –en tiempos recientes de Manuel Alamilla Ceballos–, desnuda el incumplimiento de una promesa comprada ingenuamente por el chetumaleño a Carlos Joaquín González, en su campaña de 2016 por la gubernatura.

En nuestra capital están hartos de que sigan lloviendo los beneficios para empresarios foráneos que cosechan millones de pesos con carretilla, mientras los de casa son dominados por la anemia desde antes del azote de esta pandemia que provocará la quiebra de numerosos negocios en la capital del queso de bola y el Tulip.

Arrendar hasta la iluminación de las Fiestas Patrias y los adornos navideños con Santa Claus inflable es un exceso, porque se han escapado millones de pesos que tanto urgen en empresas locales. La maniobra es inmoral, de insultante saqueo y cinismo. La afrenta es mayor cuando se beneficia a un anónimo yucateco que dio en préstamo vidrios a precio de diamantes.

La empresa yucateca consentida Tercer Acto S de R. L. de C.V. es representada por su gerente Emilio Guillermo Torre Molina y fue creada apenas el 18 de febrero de 2015.

Allá por 2004, el gobernador chetumaleño Joaquín Hendricks Díaz obsequió a una empresa de Mérida la remodelación y rescate de decenas de casas de madera, patrimonio de nuestra capital. La decisión fue absurda y los trabajos fueron hechos con graves deficiencias, porque los de casa conocen todos los requisitos para la reconstrucción de estas viviendas, desde el tipo de pintura que se ocupa hasta el tipo de madera y su tratamiento.

Si Chetumal está desnutrido y agonizante, justo es canalizar los contratos a empresas del patio o dejar de arrendar foquitos con inversiones millonarias que en este caso beneficiaron a la empresa yucateca Tercer Acto, raspando una promesa de campaña de Carlos Joaquín, quien sigue en deuda con nuestra capital y se le agota el tiempo para devolverle la cortesía que lo depositó en Palacio de Gobierno.

Hay licitaciones nacionales y en un juego limpio se deben seleccionar las mejores opciones en precio y calidad. Y si en este juego gana una empresa de Yucatán o Tabasco, adelante, pero esto no aplica con el juego sucio que predominó con el chetumaleño Manuel Alamilla, quien debutó en 2017 con el escandalazo del jugosísimo contrato asignado a la Comercializadora de humo Adycon, con sus uniformes poblanos.

Esta Comercializadora surgida prácticamente por generación espontánea se llevó 104 millones 615 mil 890 pesos, por la supuesta elaboración de uniformes. La bofetada política fue enmendada al año siguiente, privilegiando a empresas de casa.

Pero en otra zona siguió el piso disparejo para beneficiar a Tercer Acto con contratos tan infladísimos como absurdos que sin duda evitará Yohanet Torres Muñoz, quien por instrucciones de Carlos Joaquín ya absorbió las funciones de la Oficialía Mayor, la del juego puerco donde el empresario ya conoce de antemano el desenlace de la licitación.

El chetumaleño idealizó a Carlos Joaquín en campaña y lo adoptó como uno de los suyos. El candidato retador era la víctima de una ofensiva despiadada lanzada en su contra por el gobernador priista Roberto Borge Angulo. Los capitalinos sacaron a patadas al PRI de Palacio de Gobierno y del Ayuntamiento capitalino, seducidos por la oferta de un hombre noble que alcanzó en campaña dimensiones de Mesías caribeño.

El gobernador está a tiempo de reconciliarse con los chetumaleños, equilibrando el juego en las licitaciones para dejar de apapachar a empresarios yucatecos. Hoy tiene el control de las funciones de la Oficialía Mayor y ya revisó todas las operaciones nauseabundas manipuladas por Manuel Alamilla. El chetumaleño aguarda este viraje de 180 grados, por momentos invadido por la decepción y el hartazgo.

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