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Legalización del dispendio

Chetumal, 15 Mayo

(Por Esto Q Roo).

El presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila, así como el titular de la Comisión de Hacienda, Emiliano Ramos Hernández, encabezan el gobierno paralelo que se ha establecido desde el Poder Legislativo y están a punto de crear Organizaciones No Gubernamentales tanto en la zona norte como en la zona sur del estado, para que se vean beneficiados con la iniciativa de “Gestión Social” que será aprobada por la XV Legislatura en breve.

El dispendio de recursos por el orden de 23 millones de pesos no transparentados, hasta el momento ha llegado únicamente a manos de personas afines al PAN y al PRD en distintas formas.
Lo anterior se ejemplifica de manera preliminar con dos nombres: Amén Fayad Eljure y Fabián Villafáñez Motilinia, quienes encabezan una lista de personajes que trabajan directamente tanto para el PAN como para el PRD.

Por ejemplo, Amén Fayad aparece en más de 6 ocasiones en el rubro de entrega de apoyos de gestión social, como medicamentos, transporte, entre otros; lo que llama la atención es que esta misma persona es actualmente miembro del sindicato de trabajadores del Congreso del Estado, con matrícula 00959 de acuerdo con el portal de transparencia del Poder Legislativo.

De acuerdo con fuentes oficiales del Congreso del Estado, la urgencia tanto de Eduardo Martínez Arcila como de Emiliano Ramos para aprobar la iniciativa de “Gestión Social”, es para legalizar el pago de estructuras políticas de manera oficial desde el Poder Legislativo y con recursos públicos.

Ambos diputados planean tener ONG’s para que éstas sean las que reciban los recursos que, conforme a la iniciativa, no tienen la obligatoriedad de ser desglosados por transparencia.
Dentro de dos apartados de la iniciativa que se discutirá en el segundo periodo de cesiones del Congreso, se establece que se puede “entregar recursos” a ONG’s que encaminen apoyos a la “población de Quintana Roo”.

Lo que en realidad sucederá es que esos recursos irán a parar a bolsillos de políticos y por ello el Observatorio Legislativo señaló la necesidad de que no se apruebe la iniciativa de “Gestión social” del Congreso.

En este punto, el presidente del Observatorio, James Torbin, sostuvo la necesidad de que la sociedad se pronuncie, ya que se quiere legalizar el dispendio de recursos sin ser fiscalizados, a través del Congreso.

“Lo que realmente quieren hacer es oficializar esta entrega y dispendio de recursos sin que sean fiscalizados, el problema es que con esto se legalizará a un Congreso con funciones de gobierno paralelo”, indicó el entrevistado.

Poca transparencia en el Congreso

El Observatorio Legislativo, un grupo conformado por empresarios, expuso que el Congreso de Quintana Roo, si bien tiene una apertura y están siendo más transparentes, esto sólo es a medias, ya que existen vicios en los recursos ejercidos durante sus primeros meses.

El organismo exhibió que la XV Legislatura en el período de septiembre a diciembre de 2016 gastó 135 millones 470 mil pesos, de los cuales 69% se fue a gastos personales, 17% a Ayudas Sociales y el resto a materiales, servicios generales y bienes inmuebles.

Puntualizó que aunque se tiene un mayor desglose de lo que gastaron, aún falta trasparentar, rubros como el de la “Gestión Social”, presenta los montos e irregularidades, pues detectaron que algunos de los nombres a quienes apoyaron incluso pertenecen al Sindicato Unico de Trabajadores del Congreso del Estado y en otros casos pertenecen a un Partido Político.

En ese sentido, los miembros del Observatorio revelaron que uno de los nombres expuestos fue el de Eljure Amén Fayad, que se ubica en la lista de miembros del sindicato y que recibió apoyos.

De acuerdo con la información que proporcionó el Congreso del Estado, el monto presupuestal para este año y el porcentaje establecido para su determinación son excesivamente altos considerando los presupuestos que otros congresos en condiciones similares de número de diputados, municipios o población tienen en comparación con el del estado.

Este año se tiene asignados 435 millones 872 mil de pesos para el Congreso, cuando el año pasado ascendió a 345 millones de pesos, por lo que sí hay un incremento, lo cual no va acorde con el gobierno estatal que busca un gobierno de austeridad.

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