Uno por Uno
Ángel Ramírez Hernández
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El pasado 8 de noviembre de 2016, durante la toma de protesta a la mesa directiva de la Asociación Nacional de Locutores de México, delegación Quintana Roo, el Gobernador Carlos Joaquín González señalaba y precisaba que durante su gobierno la libertad de prensa no sería objeto de represalias ni coacciones, sin embargo tal argumento parece no entenderlo su gabinete o por lo menos quienes encabezan desde la Unidad del Vocero del Estado o el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS).
Durante el evento, dónde por cierto a poco más de un mes de asumir el cargo, en el cual su gobierno no solo no ha definido y aterrizado sus políticas de comunicación social, sino que además anda dando tumbos y garrotazos, recibió el “Micrófono de Oro” como reconocimiento a su “apoyo” a la libertad de expresión.
Nadie puede negar que hoy por hoy el gremio de periodistas es despreciado y humillado por el gobierno a través de troles, comunicadores a modo o simpatizantes, y predispuestos ante la opinión pública, de esos de lo que tanto se quejaron y quejan los que ahora ostenta el poder y la revancha.
Hoy vemos en la Unidad Vocero que quieren correr a parte de su personal porque estuvo ligado al gobernador Borge, o que en el SQCS impiden a sus reporteros no acercarse al gobernador Joaquín, lo que es un franco y llano freno a la libertad de expresión.
El gremio periodístico hoy está herido, le acusan de todo e incluso del triunfo de Donald Trump. Ahora los convenios que ejercen medios de comunicación y periodistas con el gobierno son tan ilegales como satanizados, sin entender que tienen ambos libertad empresarial.
Se reconoce que algunos dueños de medios y periodistas pactaron su línea editorial desde la esfera del poder en detrimento de los opositores del régimen en función, lo que es de entrada descalificable.
Pero tampoco se debe de permitir que “periodistas a modo, troles o simpatizantes” denigren a un medio o sus representantes, calificándolos de “putas” o de “deshonestidad” y lo que se acumule, porque al hacerlo, el gobierno de Carlos Joaquín estaría incurriendo en lo que tanto se quejó y sin duda sufrió, y estaría quitando a su gobierno la posibilidad de corregir errores y condenando a toda crítica de ser “puta chayotera”.
