Pena Capital
Javier Chávez Ataxca
Novedades Chetumal
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El destacado empresario chetumaleño, Eusebio Azueta Villanueva, en una plática informal meses atrás comentó que en su larga experiencia como comerciante ha notado un patrón recurrente en cada crisis económica que ha golpeado esta capital; en cada una de esas etapas negras, la gente tiende a refugiarse en la venta de comida y de alcohol, muchas veces al margen de la ley.
Esa observación casi profética del conocido “Don Chebo” se cumplió al pie de la letra, ya que según datos vertidos por el municipio capitalino en los últimos dos años se ha triplicado el número de vendedores ambulantes en Chetumal.
La cifra no es descabellada, pues los vendedores ambulantes se cuentan por cientos en las calles de la capital del estado. Basta con visitar los alrededores de escuelas, parques y dependencias para darse cuenta de la magnitud de la invasión de este ejército de comerciantes callejeros.
Muchos han recurrido al comercio en las calles obligados por las circunstancias, por la pérdida de sus empleos o, en el caso de los prestadores de servicios independientes, por la caída en sus ingresos como consecuencia de la crisis económica que golpea al sur desde hace dos años.
El problema es que un alto porcentaje de estos vendedores ambulantes opera sin ningún tipo de regulación y vigilancia sanitaria, lo que pone en riesgo a aquellos ciudadanos que consumen los productos alimenticios sin la certeza de que son preparados higiénicamente.
Para colmo, uno de los sectores poblacionales que más consumen del ambulantaje son los niños y adolescentes, los cuales se encuentran expuestos a posibles enfermedades, sobre todo en este tiempo de calor.
Tanto la coordinación de Salud del Ayuntamiento capitalino, como la propia Secretaría de Salud estatal, se han mostrado incapaces de meter orden entre los ambulantes, superados en número por los comerciantes informales que se multiplican cada día.
Por la propia informalidad de su giro comercial, la mayor parte de los ambulantes tampoco pagan impuestos, afectando directamente las finanzas estatales y a todos los trabajadores cautivos que cargan con el muertito.
Prohibir el ambulantaje sería un acto suicida para cualquier gobierno porque a final de cuentas es una actividad económica de la que dependen miles de familias, pero es urgente la regulación legal de esta actividad para protección de los consumidores y de los propios vendedores itinerantes.
