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Niega Arcila que el Congreso local esté blindando a Carlos Joaquín

Chetumal, 15 febrero
Ángel Solís

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Eduardo Martínez Arcila, rechazó que los diputados integrantes de la XVI Legislatura estén llevando a cabo nombramientos, reformas y modificaciones a la ley para blindar política y administrativamente al gobernador Carlos Joaquín, quien concluye su gestión en septiembre próximo, recurso puesto en marcha a la salida de Roberto Borge Angulo en 2016, intentona conocida como “el paquete de impunidad”.

El panista aseguró que los nombramientos realizados recientemente, como el Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Jesús Antonio Villalobos Carrillo, y la postulación de Judith Rodríguez Villanueva a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, no son con el propósito de blindar al gobernante una vez que deje el cargo.

“Puede haber la percepción de que es un blindaje, pero no es así. Esta Legislatura no se va a prestar a ello. En la XIV Legislatura hicieron una serie de reformas a modo para nombrar ciertos servidores públicos a modo; algunos tuvieron que renunciar. En esta ocasión no hay reformas a modo”.

Martínez Arcila reconoció que ex colaboradores del gobernador Carlos Joaquín fueron designados en algunos cargos, como el actual presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Jesús Antonio Villalobos, y en el caso de Derechos Humanos se llevó a cabo una reforma a la ley y el nombramiento del nuevo Ombudsperson será una determinación que tomen los 25 diputados.

También el legislador panista negó que se pretenda criminalizar la labor periodística con la iniciativa que impulsa la diputada plurinominal del PRD, Iris Mora Vallejo, con la cual se pretende castigar de uno a ocho años de prisión a quienes publiquen o difundan información del ámbito personal, familiar y laboral de personas sin su consentimiento, pero anticipó que la fracción del PAN a la que pertenece no respaldará esta propuesta.

“Esta iniciativa no es del gobierno, es del Congreso y no puede ser parte de un blindaje estatal. La fracción parlamentaria del PAN no respaldará algo que tenga que ver con criminalizar, condicionar o limitar el ejercicio periodístico”, aseguró.

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