Parquímetros: otro “aguakanazo” para los playenses

“Primero fueron las playas, luego el agua potable, ahora las calles,
están vendiendo Playa del Carmen por partes”

Chetumal, 22 de noviembre
Ángel Solís

Un negociazo de cientos de millones de pesos al año está en zona de parto en la turística ciudad de Playa del Carmen –en la Riviera Maya–, donde los propios habitantes acusan directamente a funcionarios del “gobierno del cambio”, quienes en complicidad con autoridades de la 4T repiten lo que en su momento hicieron los “borgistas” al entregar la concesión de agua potable a la empresa Aguakán. Hoy, los autodenominados “joaquinistas puros” quieren hundir un puñal a los playenses y quintanarroenses cobrando por estacionarse en la vía pública, negocio que les representará 636 mil pesos al día, 17 millones 808 mil pesos mensualmente y alrededor de 213 millones 696 mil pesos por cada uno de los 15 años de la concesión de la vía pública municipal que les fue obsequiada.

Este multimillonario proyecto data desde el periodo de Carlos Joaquín González como presidente municipal de Solidaridad (2005-2008), pero en ese entonces no se llevó a cabo por diversos factores, entre ellos el veto del entonces gobernador priista cozumeleño Félix González Canto.

Y es que el proyecto es totalmente violatorio de los derechos humanos, ya que los playenses y ciudadanos en general harán multimillonarios a los empresarios y a los funcionarios que están detrás de ellos por el simple hecho de ir a trabajar, de paseo, a la playa, a tomar un trago o adquirir algún producto al primer cuadro de este destino turístico, ya que tendrás la obligación de pagar por usar la vía pública para estacionar, de lo contrario tu unidad será inmovilizada y remolcada por alguna empresa de grúas, “servicio” cuyos precios fluctúan entre los tres mil 500 a siete mil pesos por arrastre, más los días de estancia de corralón y multas.

Quienes han vivido en Playa del Carmen saben las dimensiones que tienen las calles y lo difícil que es transitar en ellas, además de que muchas se encuentran destruidas o en el mal estado, haciendo imposible para una persona en sillas de ruedas transitar por ellas, y ahora con estos aparatos instalados en las reducidas banquetas menos podrán, lo cual de igual forma vulnera los derechos de estos ciudadanos.

Gerardo Ortega y Samaria Angulo.

El “bisne” inicia con la licitación MSO-OM-CON-LRP-001-2018, la cual se procesó en menos de 15 días, con juntas de aclaraciones, apertura de propuesta y el fallo, supuestamente supervisado por personal técnico, dando como resultado ganadora a la empresa “Promotora de Reordenamiento Urbano SA de CV” (PlayaParq); esta licitación se realizó en el tiempo que Samaria Angulo Sala fungía como Oficial Mayor del municipio, siendo la responsable de lanzar la convocatoria y posteriormente aprobar, como presidenta municipal interina, el contrato por 15 años con el cual los socios de esa empresa se estarían metiendo a la bolsa más de tres mil millones de pesos invirtiendo nada más 300 mil pesos por concepto del pago de las bases de la licitación y la compra de cubetas de pintura con que están marcando los espacios de su lucrativo negocio.

Samaria Angulo es esposa de Gerardo Ortega Otero, actual director General de Vinculación del Despacho del Gobernador, gente muy cercana al mandatario, al grado que fue su padrino de boda.

Las dudas comienzan al tan solo buscar el nombre de la empresa ganadora Promotora de Reordenamiento Urbano SA de CV, la cual no presenta ningún antecedente de operación en algún otro punto del país, siendo integrada la sociedad por cuatro personas, Luis Martín L. A., Marisol G. L., Rodolfo V. C. y Diego Gracidas Martínez. Este último es quien da la cara ante los medios de comunicación y funcionarios, pese a que en el acta constitutiva solamente cuenta con poder limitado para única y exclusivamente concursos y contratos. La sociedad se formó con un capital económico de 500 mil pesos, sin que los funcionarios que llevaron a cabo el análisis tomaran en cuenta cuándo fue constituida la sociedad, el objeto de la misma y los antecedentes laborales y empresariales de estas personas de acuerdo al giro que les estaban adjudicando.

De igual forma existe complicidad por parte de la alcaldesa de Solidaridad Laura Beristain Navarrete –de Morena– y de todos los integrantes del  Cabildo, ya que pese a saber que tenían que presentar algún recurso legal ante la Comisión de Movilidad de la pasada legislatura para que se cancelara la concesión otorgada por la administración municipal que le antecedió, no actuó en contra, por el contrario, autorizó la ampliación del número de estos artefactos ya no solo para el primer cuadro, sino también en algunas colonias que ni siquiera cuentan con zona comercial afectando directamente a los habitantes de las colonias Aviación, Zazil-Ha, Gonzalo Guerrero y hasta la Luis Donaldo Colosio, los cuales tendrán que pagar ellos o sus familiares y amigos que los visitan en sus viviendas por estacionar sus vehículos en la vía pública.

Llama la atención que pese a ser un gobierno de la llamada 4T, que encabeza en el país Andrés Manuel López Obrador, y que todo proyecto o inversión lo impulsa mediante consultas ciudadanas, Laura Beristain no se tomó la molestia de convocar a empresarios, trabajadores y ciudadanos en general para que opinaran acerca de este proyecto y su puesta en marcha, simplemente se ocultó, como hace hasta ahora, ante los medios de comunicación para no dar ninguna declaración al respecto.

Para colmo, pese a la amarga experiencia de los contratos leoninos firmados en el pasado borgismo, los joaquinistas aprobaron dentro del título de posesión que en caso de la cancelación por parte del municipio el monto de la penalización será equivalente a los ingresos que hubiera recibido el concesionario por el tiempo de la concesión, lo cual deja muchas dudas de la legalidad con la que se firmó dicho contrato.

Siendo abogada de profesión y Notaria Pública con licencia la ex alcaldesa Cristina Torres Gómez, es imperdonable que dejara pasar un contrato con ese tipo de cláusulas leoninas favorecedoras para los empresarios, a menos que ella sea beneficiada de alguna manera, ya que este mismo tipo de contratos fue parte de lo que criticó y usó de plataforma de campaña política contra Aguakán.

De este punto, el monto de la penalización sería incalculable, ya que el contrato no especifica un número tope de estos aparatos en la vía pública y tomando en cuenta el crecimiento del 25 al 30 por ciento anual que tiene ese municipio, en 3 o 5 años pudiera haber el doble o hasta el triple de estos, con lo cual aumentaría el estimado de sus ingresos y convertiría en impagable un contrato por el cual solo invirtieron 300 mil pesos.

Otro factor a tomar en cuenta es que de la millonaria cifra que se embolsará PlayaParq, le estarían viendo la cara de tontos a todos, ya que la promesa de que un 25 por ciento de la ganancias fueran destinadas para las arcas municipales quedó al descubierto que fue mentira, pues no existe en la Ley de ingresos 2020 un solo peso por este concepto, mientras que el contrato fue modificado para realizar el pago “en especie”, es decir, supuestamente esta empresa pagará con obras en la ciudad, descontando los gastos que estos generen de sus impuestos, o pudiendo no hacer nada, ya que no existe un catálogo de obras, solamente un compromiso de realizar un kilómetro al año de una ciclovía en Playa del Carmen.

El hecho de cambiar, en el actual gobierno de Laura Beristain, hasta el sentido de las calles con el fin de instalar más de estos aparatos y marcar más cajones de estacionamiento en lo oscurito hace ver que alguien se quiere beneficiar o sacar su parte en este multimillonario negocio a costillas de los quintanarroenses.

Por todas estas irregularidades, omisiones o complicidades de funcionarios municipales, estatales y regidores, el Congreso del Estado y el propio gobernador están obligados a revisar a conciencia esta concesión de la vía pública y no permitir un atropello a los derechos humanos. No pueden ser cómplices de un robo más a los quintanarroenses por parte de sus funcionarios, sin importar  la cercanía, los lazos familiares o el compadrazgo que exista, tal como lo afirmara el propio Carlos Joaquín durante su campaña: “caiga quien caiga”.

Primera parte….

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